La Justicia ordena a Madrid reponer honores a Indalecio Prieto y Largo Caballero

Los dirigentes socialistas históricos Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero volverán al callejero de la ciudad de Madrid, y no porque haya cambiado de opinión el mismo gobierno municipal que ordenó retirar sus nombres, sino porque lo manda el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 30 de Madrid.

En un auto que lleva la fecha del 18 de julio, la magistrada Carmen Casado ha resuelto a favor de la UGT el pleito que el sindicato mantenía contra el dirigente de Vox y concejal madrileño Javier Ortega Smith, su formación de extrema derecha, la asociación ultraconservadora de Memoria Histórica Raíces y el propio consistorio madrileño, y lo ha hecho negando o poniendo en contexto las acusaciones que la derecha y la extrema derecha hicieron valer contra ambas figuras de la izquierda en la II República.

El fallo de la jueza Casado anula el acuerdo que tomó el pleno del Ayuntamiento de Madrid el 29 de septiembre de 2020, con votos de Vox, PP y Ciudadanos, mandando retirar la placa conmemorativa de Largo Caballero de la sede de la Junta Municipal del distrito de Chamberí, y también cambiando las denominaciones de un bulevar y una avenida. En aquel pleno, el gobierno municipal del PP, apoyado por Vox, argumentó la retirada de honores aludiendo a sucesos violentos de la Guerra Civil y la revolución de Asturias.

Por primera vez en democracia, y a iniciativa de Vox, el consistorio hizo constar en un acta de pleno que a Indalecio Prieto se le retiraba la avenida por "haber suministrado 14.000 fusiles máuser a las milicias revolucionarias que en 1934 se revolvieron contra el gobierno legítimo de la República", y que a Largo Caballero se le borraba como "responsable de una serie de crímenes, torturas y asesinatos; atrocidades todas ellas cometidas en la zona republicana durante su mandato". Con estas palabras resume el texto de la sentencia aquella decisión municipal .

La magistrada recuerda en el razonamiento de su fallo que "las arengas exaltadas de Largo Caballero (...) datan de un periodo anterior a la Guerra Civil, antes de entrar en el Gobierno de la Segunda República, del que fue presidente una vez comenzada la contienda. En todo caso, la violencia que destilaban sus palabras en el tiempo en que se produjeron no eran infrecuentes en la época en que se profirieron ni diferían de las proclamas de otros líderes políticos ni en el fondo ni en la forma".

Acusaciones sin fundamento

La sentencia constituye una enmienda a la totalidad del argumentario ultraderechista sobre la contienda civil y la república, que Vox y el PP madrileño difunden como parte de una "guerra cultural". La juez lo corrige aludiendo siempre al contexto y a la falta de base científica sobre "una época en que tanto España como Europa conformaban un espacio geopolítico de confrontación ideológica muy polarizada (...) en donde los políticos se valían de proclamas incendiarias para promover sus ideologías y arengar a sus militantes".

Ese es el contexto; los hechos atribuidos también son enmendados. Sobre la relación de Prieto y Largo Caballero con crímenes cometidos en la zona republicana durante la contienda -incluido el asesinato del líder conservador José Calvo Sotelo, que también les imputa el ayuntamiento-, la jueza cree que "las responsabilidad de ambos personajes en tales crímenes no encuentra soporte en hechos contrastados mediante documentos de la época".

En aquel pleno municipal, Vox hizo valer con éxito incluso el tópico del oro de Moscú, sobre el que la sentencia dice: "No pueden acogerse las imputaciones relativas a los actos de pillaje y expolio de las reservas del Banco de España y otros actos de latrocinio que se atribuyen a ambos personajes, al no constar acreditado que las reservas y riquezas confiscadas se hubieran utilizado para fines lucrativos ajenos a motivaciones políticas o de defensa".

A martillazos

Dos operarios municipales retiraron a martillazos, en octubre de 2020, la placa de Largo Caballero cumpliendo órdenes de la alcaldía de José Luis Martínez-Almeida. Ahora, el consistorio madrileño debe "restituir la mencionada placa (...) previa su reconstrucción" .

En 2020 el Ayuntamiento de Madrid se basó en el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, que está próxima a ser superada por la nueva Ley de Memoria Democrática. Ese artículo otorga a gobiernos y administraciones públicas el poder de retirar escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. En este caso, se trataba a Largo y Prieto como promotores de la contienda.

El grupo municipal de Vox ha anunciado, según informa EFE, que recurrirá la sentencia “en defensa de una verdadera y ecuánime memoria histórica”, y de un acuerdo “totalmente legítimo” de la corporación municipal.

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid, tras la UGT impulsor del recurso ante los tribunales, ha celebrado el fallo judicial. Las dos figuras históricas a las que la derecha del pleno madrileño trató de criminales estuvieron en vida enfrentados por representar dos almas rivales en el socialismo español. Contra el marxismo y revolucionario de Largo Caballero se opuso el reformismo liberal de Prieto, que había ocupado carteras ministeriales como las de Hacienda u Obras Públicas en gobiernos republicanos anteriores a la guerra. Largo fue tan líder obrero como hombre de despacho su adversario, pero, en algunos aspectos, no más moderado el segundo que el primero.

Francisco Largo Caballero lideró el gobierno republicano entre septiembre de 1936 y mayo de 1937. Capturado en el exilio francés, fue prisionero en el campo de concentración nazi de Sachenhausen y murió en 1946, al poco de ser liberado. Indalecio Prieto fue ministro de Defensa en plena guerra, bajo presidencia de Juan Negrín. Murió en el exilio mexicano en 1962 tras haber presidido el PSOE de la posguerra en el exterior.