Junts inaugura la era post-Puigdemont apostando por otra vuelta del 'procés'

Junts per Catalunya ha oficializado este fin de semana el comienzo de la era post-Puigdemont con la aprobación de una nueva hoja de ruta para retomar el pulso del 'procés', en una suerte de segunda vuelta que debería dar comienzo el 1 de octubre de 2022, cuando se cumplen cinco años del referéndum, con el fin de forzar otro 'momentum' y prepararse para "activar" la declaración de independencia de 2017. La posconvergencia ha consolidado, en el congreso celebrado en L'Hospitalet de Llobregat, la propuesta política que culmina su renovación orgánica y que asienta a Laura Borràs y Jordi Turull como máximos dirigentes tras el adiós del 'expresident'.

Pero, pese al cambio de liderazgos, directrices similares y poca concreción sobre cómo activar la desconexión. La principal propuesta, liquidar la mesa de diálogo, la apuesta de Esquerra y la "coartada" de Pedro Sánchez para aprobar los Presupuestos porque, a su juicio, "anestesia" al movimiento independentista y adormece las calles. Junts se aferra a la confrontación, a una movilización social organizada y a la presión de una mayoría parlamentaria que volverá a disgregarse a cuenta, precisamente, de la presidenta de Junts, que se atrinchera en el cargo de jefa del Parlament pese a estar a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados por presuntamente haber fraccionado contratos para beneficiar a un amigo suyo desde la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

"No tenemos que esperarnos a ser más para hacerlo, sino empezar a hacer para ser más", deslizó Turull en su discurso de clausura, en una crítica velada a la estrategia de ERC y bajo la atenta mirada de la portavoz republicana, Marta Vilalta, invitada al cierre de la sesión. El secretario general llegó incluso a pedir que "si a alguien le da pereza o miedo, que es muy normal, que deje hacer", y que no "camufle" la desmovilización con discursos centrados en el "posibilismo", aunque, a la vez, clamó por "recoser" la unidad independentista. Del mismo modo, buscó derribar el relato de la 'desjudicialización' por la vía del diálogo: "Si unos son unos trileros, los otros son una mezcla de Torquemada y Torrente, el brazo tonto de la ley", dijo, refiriéndose al PSOE y al PP tras reformar las euroórdenes para evitar repetir casos como el de Puigdemont.

"La independencia no nos la regalará nadie, no caerá del cielo y tampoco saldrá de una mesa de diálogo en la que no estamos porque es la mejor forma de defender una negociación real el día que la pueda haber", añadió Borràs, defendiendo que la apuesta de su formación es una "enmienda a la totalidad" a los que dicen "que la independencia vendrá de Madrid". 

El tándem Borràs-Turull

Borràs y Turull se esforzaron en subrayar que el resultado de la aprobación de las cuatro ponencias -política, organizativa, sectorial y municipal- con más del 90% de los votos es "la prueba irrefutable de la compactación, la unidad y la determinación" del partido. Sin embargo, el tándem chocó por el reparto del poder municipal y provocó escenas de tensión durante el debate. Ambos acordaron en mayo, antes de ser elegidos, sus cuotas de influencia para evitar un cónclave tortuoso, pero registraron un monto de enmiendas cruzadas.

Negociaron para aparcarlas todas, salvo una: la que debía dilucidar quién asumía la competencia de acción municipal, especialmente relevante teniendo en cuenta que una de las principales batallas del partido se librará en las municipales de 2023. Si bien Borràs pretendía que el secretario de organización de David Torrents, afín a ella, se quedara con la carpeta municipalista, el secretario general adjunto David Saldoni, cercano a Turull, ganó la votación. En señal de protesta, el círculo más estrecho de Borràs votó en contra de la ponencia organizativa y fue la única que no alcanzó el 99%, aunque mantuvo igualmente un amplio apoyo (90%).

Un texto que, por otro lado, ampara precisamente a la líder del partido que, después de haber forzado una modificación en los estatutos de la formación, podrá continuar como militante y presidenta aunque se le abra juicio oral e incluso aunque pudiera acabar siendo condenada por corrupción, ya que enmarcan su caso en un supuesto 'lawfare' (guerra jurídica) del Estado en su contra mientras el resto de partidos, incluso ERC y CUP, le exigen que se aparte y devuelva la batuta del Parlament, como prevé el reglamento de la Cámara.

La política de pactos

Uno de los asuntos que despertaba más incógnitas era la resolución de la política de pactos. Tras varias transacciones, acordaron un redactado que, si bien prioriza las alianzas con fuerzas soberanistas, no cierra la puerta a gobernar con el PSC en los municipios o en entidades supramunicipales, como lo es la Diputació de Barcelona.

En cuanto a la coalición en la Generalitat, Junts no tomará ninguna decisión hasta que complete su auditoría sobre el grado de cumplimiento del acuerdo con ERC y será entonces cuando decida si dan voz a la militancia o no.

Así que, por ahora, pese a la retórica 'laurista', el 'turullismo' impone orden y pone a salvo los acuerdos vigentes.

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