Junts sella su retirada de la mesa de diálogo y carga contra ERC por 'socorrer' a Sánchez

Junts per Catalunya cierra su apuesta por dinamitar la mesa de diálogo y por forzar una segunda vuelta del 'procés' a partir del 1 de octubre de este 2022. La militancia posconvergente se reúne este fin de semana en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) para marcar un nuevo rumbo para las siglas después de que Laura Borràs y Jordi Turull recogieran el testigo de Carles Puigdemont y Jordi Sànchez como presidenta y secretario general. Un cónclave que quedó inaugurado con la reafirmación de que no volverán a la senda del diálogo entre gobiernos después del encuentro entre el 'president' Pere Aragonès y el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez; y en el que han acordado que esperarán hasta completar su auditoría sobre el pacto con ERC para decidir sobre su continuidad en el Govern y sobre si someten la decisión a consulta a la militancia. Ahora bien, el acuerdo con el PSC en la Diputació de Barcelona está a salvo, aunque sujeto a revisión, pero de cara a las municipales de 2023 se proponen pactar "de forma muy prioritaria" con fuerzas independentistas "mientras haya exiliados y represaliados".

La ponencia organizativa fue la que generó más tensión entre 'lauristas' y 'turullistas' porque, pese a que había un pacto para salvaguardar los equilibrios, las competencias en política municipal quedaron en manos del secretario general adjunto, David Saldoni, y no del secretario de organización, David Torrents, propuesto por Borràs, alterando así el reparto pactado en mayo y quedándose la presidenta sin el suculento control territorial.

Ofensiva contra el diálogo

En la apertura del congreso, Turull cargó, de forma velada, contra ERC por 'socorrer' a Sánchez del "naufragio político y electoral del PSOE", a su juicio debilitado tras las elecciones en Andalucía y cercado por un PP al alza. "Para salvar Moncloa, es capaz de ahogar Catalunya", advirtió a los republicanos. Bajo su mando, dijo, Junts no se dejará "arrastrar por cantos de sirena interesados o envenenados ni intimidar por las malas artes del Estado", eso es, que no volverán a figurar en la alineación de la delegación catalana de la mesa de diálogo a finales de julio en Madrid. "Más que una mesa, les iría bien que constituyesen un grupo de Whatsapp, que es lo que hace la mayoría de mortales cuando tienen que quedar", recomendó, con sorna, a Aragonès y Sánchez.

El futuro político de Borràs

Por su parte, la presidenta, que se enfrenta a seis años de prisión y 21 de inhabilitación por presuntamente haber fraccionado contratos durante su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), agradeció la "empatía" de las bases con su causa judicial y se sacudió la presión de Esquerra, CUP y 'comuns' para que dimita: "La represión es una estructura del Estado español", lanzó, arropada por la modificación de los estatutos internos que evitarán que sea suspendida como militante de forma automática cuando se le abra juicio oral.

Y es que la nueva ponencia organitzativa reza que no serán apartados los investigados e incluso condenados por corrupción si la comisión de garantías considera que se trata de un caso de 'lawfare' (guerra jurídica), como viene defendiendo el partido sobre la causa que atañe a Borràs, aunque empezó a ser investigada porque la policía catalana indagaba en una investigación sobre tráfico de drogas de un colaborador suyo y descubrió indicios de un posible fraccionamiento de contratos bajo su directriz en la ILC.

Entre los nuevos posicionamientos del partido destaca también su apuesta por eliminar el impuesto de sucesiones y por estudiar suprimir el de patrimonio, además de un compromiso explícito con la OTAN. Las ponencias serán convalidadas este domingo.

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