Las causas judiciales del 'procés' que amenazan con acabar en condenas a prisión

Los diputados de ERC en el Parlament Josep Maria Jové y Lluis Salvadó están pendientes de ser juzgados en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya por su papel en los preparativos del referéndum unilateral del 1-O. De entrada, se les atribuyen los delitos de malversación (que comporta una pena de prisión), desobediencia y revelación de secretos. Sin embargo, todavía falta que la fiscalía presente su escrito de acusación, en el que puede incluir o no todos estos delitos. Estas pesquisas derivan de la causa abierta contra exaltos cargos de la Generalitat por estos hechos en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. Su titular concluyó que los dos imputados tuvieron una “participación activa” en la organización de la consulta y la planificación de las denominadas estructuras de Estado. Esta causa se retrasó al incluir en la misma a la ‘consellera’ de Cultura, Natàlia Garriga, aunque a ella solo se le imputa una presunta desobediencia por "desatender los mandatos del Tribunal Constitucional".

La Audiencia de Barcelona confirmó en abril de 2021 el procesamiento cargos del Govern y empresarios por la organización del referéndum unilateral del 1-O y a los que se les atribuye los delitos de malversación, desobediencia, falsedad y prevaricaciones. La malversación y la falsedad pueden comportar penas de prisión. Entre los 28 investigados se encuentra la que era presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audivisuals (CCMA); los exdirectores de TV-3 y Catalunya Radio, Vicenç Sanchis y Saül Gordillo, respectivamente; el que fuera delegado del Govern ante la UE, Amadeu Altafaj, y el exsecretario del Diplocat, Albert Royo. La fiscalía está ultimando su escrito de acusación.

La jueza Carmen García, titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona, está instruyendo un proceso penal por presunta malversación por la internacionalización del ‘procés’. En este asunto, aparecen implicados el 'exconseller' de Exteriors, Raül Romeva, el exsecretario de Govern, Víctor Cullell, y el exsecretario del Diplocat, Albert Royo, además de otros siete cargos de la Generalitat. La investigación se inició a través de una denuncia que la fiscalía presentó a raíz de un informe del Tribunal de Cuentas de 2019, por los delitos de prevaricación, malversación y falsedad, y se centra en varios contratos y subvenciones otorgadas entre el 2012 y el 2017 por un valor de 972.228 euros. Algunas abogados han pedido que esta causa se incluya en la del Juzgado de Instrucción 13. La Audiencia de Barcelona debe decidir.

Los que sí se enfrentarán a penas de prisión, si llegan a estar a disposición de la justicia española, son el expresidente catalán Carles Puigdemont y los 'exconsellers' que le acompañaron en la huida Clara Ponsatí, Toni Comín y Lluís Puig, procesados en su día por sedición, malversación de caudales o desobediencia.

La acusación más grave, la de sedición en concurso con malversación, corresponde a Puigdemont, que sería juzgado y previsiblemente condenado con la misma contundencia que lo fue quien era vicepresidente de su gobierno, Oriol Junqueras, al que se impuso la pena más grave, 13 años de prisión. También se atribuye sedición a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, instalada en Suiza.

Mientras que la exdiputada de la CUP Anna Gabriel siempre estuvo acusada de desobediencia, penada con inhabilitación, los delitos definitivos por los que se juzgará a los 'exconsellers' huidos pueden variar. Es lo que ocurrió con su compañera de Govern Meritxell Serret, que cuando se entregó a la justicia española vio cómo la acusación de malversación de caudales públicos desaparecía y su caso quedaba reducido a un delito de desobediencia, como había fijado la sentencia del 'procés' con los 'consellers' que compartieron responsabilidad con ella. Será juzgada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, como ocurrió con los miembros de la Mesa del Parlament cuando la presidía Carme Forcadell.

El próximo 28 de septiembre será juzgada por este delito Eulàlia Reguant, por negarse a contestar a la acusación popular que ejercía Vox en el juicio del 'procés'. Y el TSJC hará lo propio en octubre con el actual 'conseller' de Empresa y expresidente del Parlament, Roger Torrent, por permitir la tramitación en la Cámara catalana de dos resoluciones a favor del derecho de autodeterminación y en contra de la monarquía, eludiendo los mandatos del Constitucional. Con él serán juzgados sus excompañeros en la Mesa de la Cámara Josep Costa (JxCat), Eusebi Campdepadrós (JxCat) y Adriana Delgado (ERC).