La empresa que ayudó a la campaña de Trump se ofreció a dirigentes del 'procés'

El directivo de la empresa SCL Group Alexander Nix remitió en septiembre de 2016 una carta a Xavier Vinyals, excónsul honorario de Letonia en Barcelona y presidente de la Plataforma Proseleccions Catalanes, en la que, tras mostrar su satisfacción por haberlo conocido, le informaba sobre “las capacidades de la empresa” como “proveedora de servicios de campañas electorales a nivel mundial”, con “un historial de más de 300 campañas”.

“Tenemos los conocimientos y la experiencia necesaria para ayudarle a alcanzar sus objetivos en Catalunya”, indica la misiva, en la que Nin se ofrecía a mantener una reunión. La compañía presentaba como credenciales haber participado en la campaña de primarias de Trump y en la del Brexit. La carta fue compartida por Vinyals al cabo de unos meses. En concreto, se la envió a través del correo electrónico a Vendrell, al empresario y exdirigente de CDC David Madí y al también exlíder de ERC Joan Puigcercós.

El informe de la Guardia Civil recoge que la empresa SCL Group era una empresa británica de investigación especializada en proporcionar datos, análisis y estrategia a gobiernos y organizaciones. En este sentido, los agentes precisan que “al parecer” su objetivo era “cambiar el sentimiento de las masas y aplicarlo en procesos electorales”. El instituto armado recuerda que su filial americana es Cambridge Analytica, que habría recopilado datos de más de 87 millones de usuarios de Facebook para, supuestamente, ayudar en la campaña de Trump para la presidencia de los Estados Unidos. Añade que, según el propietario de Facebook, Mark Zuckerberg, “era posible que esos datos de usuarios hubiesen sido utilizados en una campaña de desinformación orquestada desde Rusia”. En el Reino Unido, siempre según este informe, la empresa prestaba “servicios políticos opacos que, al parecer, incluían sobornos, engaños” e “investigaciones para desprestigiar a opositores”, y la “diseminación anónima de información en campañas políticas”.

La desobediencia por el 155

Otros de los correos de Xavier Vendrell que destaca la Guardia Civil son una cadena de emails de la dirigente de ERC, Marta Rovira, de noviembre del 2017, en la que se explicaban una serie de propuestas de desobediencia en diversos sectores ante la aplicación del artículo 155 de la Constitución por la DUI. En el correo dirigido a Vendrell figuraba otra dirección: la de Oriol Amorós March, que ha sido diputado de ERC y ha ocupado varios cargos en la Generalitat. Actualmente es secretario general de la Conselleria de Interior.

Entre las propuestas figuraba “el colapso” ciudadano de los servicios de la administración periférica del Estado, acciones contra los sectores económicos vinculados al Ibex y el “boicot a las fuerzas de seguridad del Estado” y a los “medios de comunicación contrarios a las tesis independentistas”. Los agentes subrayan que “para ello Oriol Amorós consideraba muy importante tener un equipo separado del resto que solo se dedicase a las movilizaciones y a la recogida de fondos”.

Depuración en los Mossos

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En el informe de la Guardia Civil también hace un análisis del material encontrado en los registros efectuados a Vendrell y expone un mensaje de Hotmail de febrero de 2004 -por tanto, de la etapa del primer tripartito, muy anterior al 'procés'-, del que "no es posible determinar el remitente”, en el que se advierte de que los Mossos d’Esquadra “están controlados por determinadas fuerzas políticas con connivencia de altos mandos del cuerpo policial y los altos cargos” de Interior, “lo que no estaba permitiendo garantizar la seguridad ni del Govern, ni de las instituciones”. El remitente concluye que “no se difunda su identidad ni siquiera a los mossos afines”.

Otro de los documentos incluidos por los investigadores es una breve historia del cuerpo catalán de 13 folios, de la que se desconoce su autoría, en el que se expone que los Mossos fueron creados por la extinta CiU como “servicio de información para controlar a las demás fuerzas políticas sin interés en que trabajasen directamente con jueces y fiscales”. En este sentido, se propone una “depuración” del cuerpo policial, con ceses de altos cargos.