Laura Borràs se niega a dimitir y desafía a ERC y CUP a echarla del Parlament

Si Laura Borràs deja de ser presidenta del Parlament, no será de motu proprio. La líder de Junts se aferra al cargo institucional pese a estar cercada por todos los grupos parlamentarios, salvo el suyo, tras haber quedado a un paso de ser juzgada por delitos vinculados a la corrupción. El cierre de la instrucción de la causa judicial abierta por presuntamente haber fraccionado 18 contratos para beneficiar a un amigo durante su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes pone a Borràs en la picota porque, de acuerdo con el reglamento de la Cámara catalana, debería ser suspendida de forma inmediata cuando se le abra juicio oral, eso es, cuando tenga fecha para sentarse en el banquillo de los acusados. Pero no tiene “ninguna intención” de dimitir “precisamente pensando en la dignidad del Parlament” porque asegura que es “inocente”.

En una comparecencia extraordinaria, celebrada este martes con una hora y 40 minutos de retraso debido a “tensiones” en la reunión semanal de la Mesa, Borràs dejó claro que su mejor defensa es atrincherarse en la presidencia y que no está dispuesta a apartarse de la vida política. Entre líneas, retó a Esquerra y a la CUP a poner en marcha su suspensión, tratando de erosionarles alegando que, de hacerlo, obedecen a la "autoritaria actividad de la justicia española" para acabar con un rival político. "No tengo ninguna intención de dar un paso al lado como me exigen los que con poca capacidad para disimular me quieren apartar de la vida política", espetó. 

De hecho, llegó a cuestionar el reglamento que, tras una negociación entre Junts pel Sí y la CUP, prevé la suspensión de funciones cuando un parlamentario está investigado por delitos vinculados a la corrupción porque dijo que tiene "lagunas" y deslizó que puede vulnerar la presunción de inocencia.

El relato que intenta marcar Borràs es que está siendo investigada por ser independentista, no por presuntamente haber maniobrado para adjudicar contratos a un amigo. “Hay quien dice que hay que priorizar el prestigio de la institución, aunque eso implique renunciar a la presunción de inocencia. Es obvio el contexto de la represión”, alegó, pese a estar investigada por los delitos de prevaricación, fraude, falsedad documental y malversación de fondos públicos.

En busca de un acuerdo político

En el momento en que tenga fecha para su juicio –algo que intenta retrasar con la petición de ser juzgada por un jurado popular—la Mesa deberá discutir si le suspende del cargo. En caso de duda, y como es previsible dado el alto voltaje de las tensiones internas, el asunto se remitirá a la comisión del estatuto de los diputados –en manos de Junts- para que emita un dictamen que deberá ser votado en el pleno. Los votos de ERC serán determinantes, aunque los republicanos apuestan por un acuerdo político que la suspenda temporalmente y se designe a otro posconvergente como presidente del Parlament con la posibilidad de que Borràs retome el cargo en caso de ser absuelta. El partido lleva días apretando a la presidenta para que se marche, mientras los anticapitalistas evitan mojarse escudándose en que no votaron a favor de la elección de Borràs.

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