Congreso de los Dìputados

La metódica negociación que rescató la ley de memoria y acorraló a ERC

Como con el primer decreto anticrisis y la ley de los planes de pensiones, esta norma saldrá adelante gracias, sobre todo, a PNV, EH Bildu y PDeCAT, erigidos en grupos clave en el Congreso ahora mismo

La metódica negociación que rescató la ley de memoria y acorraló a ERC

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Ángel Alonso Giménez

Un mes antes de que la ley de memoria democrática estuviera a salvo, el PSOE y Unidas Podemos supieron que lo estaría. Lo que han hecho el Ministerio de Presidencia y el PSOE, con “los morados” en la retaguardia, ha sido un ejemplo de negociación discreta y exitosa, y completamente inesperada.

En mayo, tras iniciales sondeos semanas antes, dos personas tomaron las riendas de la resurrección de una norma que estaba completamente varada en el Congreso. El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, una de las personas que más saben de la materia en este país, y el diputado socialista Valentín García intensificaron los contactos con los grupos por separado, menos con uno: ERC. Aunque las conversaciones con los independentistas catalanes han existido y se producirán al menos hasta el 14 de julio, no fue una formación prioritaria. 

Según han informado fuentes de la negociación parlamentaria a El Periódico de España, diario que pertenece al mismo grupo que este medio, Martínez y García sondearon al PNV, a EH Bildu, al PDeCAT y a Más País para averiguar si había terreno y tiempo para hacer un viaje incierto. Comprobaron que sí y que los números, además, podían cuadrar. Sortear el apoyo de ERC obliga a negociaciones poliédricas porque alcanzar la mayoría absoluta de 176 que despeje cualquier incertidumbre no es tarea sencilla. Como dice una de las fuentes, “¿qué va a hacer Esquerra a partir de ahora tras comprobar que pueden ser irrelevantes?”.

Poner de acuerdo a formaciones tan dispares requiere un procedimiento metódico y muy bien organizado, y también saber al dedillo cuál es el margen de cesión y transacción. El Gobierno y el PSOE transmitieron a sus interlocutores, incluso antes de mayo, que intentarían sacar adelante la ley antes de que acabara junio, y si no, durante el mes de julio. No han cumplido el primer plazo, pero sí el segundo.

Se emplazaron a hablar más adelante con propuestas concretas sobre la mesa. EH Bildu recopiló las enmiendas que consideraron fundamentales, como la declaración del Fuerte de San Cristóbal como lugar de memoria, la cesión del Palacio de la Cumbre de Donostia al Ayuntamiento, la concreción de una vía de reparación económica a las víctimas, la ampliación del periodo de investigación a los años de la Transición y la declaración de ilegalidad de todas las resoluciones judiciales del franquismo.

El PDeCAT, por su parte, puso el acento en el reconocimiento de las instituciones de autogobierno como víctimas y en la persecución de las lenguas cooficiales. Más País, entre otras medidas, abogó por dar la nacionalidad a los hijos y nietos de los exiliados por orientación sexual. 

Unas propuestas se cerraron rápido; otras costaron más. Por ejemplo, según recalca una fuente, la ampliación de la investigación de posibles vulneraciones de derechos humanos hasta 1983 partió de una idea del Gobierno, y esto arrastró el acuerdo de la izquierda abertzale casi inmediatamente, al igual que el de la formación de Íñigo Errejón. Con el PDeCAT el pacto quedó sellado enseguida. En mayo estaba hecho, apuntan las fuentes. La predisposición del PNV fue manifiesta desde el primer minuto y las conversaciones rodaron con fluidez.

En todo momento, Martínez y García se encargaron de las gestiones. El portavoz del grupo del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, apenas tuvo que intervenir; tampoco el ministro Félix Bolaños. La evolución de las conversaciones, aunque con algún sobresalto, discurrieron demasiado bien. Aguardó Bildu hasta el final, no obstante. Cuando el grupo independentista vasco transmitió que el “ok” estaca casi hecho, el Gobierno y el PSOE comunicaron al presidente de la Comisión Constitucional, el socialista Patxi López, que buscara fechas para convocar la ponencia, a ser posible dos o tres fechas. El trabajo estaba prácticamente hecho.

Una ley que "estaba muerta"

Fue hace diez días cuando aquella ley que “estaba muerta”, en palabras de una fuente de la negociación, comenzó a dar señales públicas de vida. Lo que en privado, secretamente, estuvieron gestando los negociadores parecía a punto de salir a la luz. Durante la semana del 20 de junio se celebró una primera reunión de la ponencia, en la que se constató el grado de entendimiento alcanzado por una mayoría relativamente inesperada. Una mayoría que, no obstante, cada vez resulta más lógica. 

Que PSOE y Unidas Podemos salven leyes de calado gracias a PNV, EH Bildu y PDeCAT ya no es del todo nuevo. El primer decreto contra las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania continuó en vigor por el pacto entre estas formaciones. La ley de los planes de pensiones recaló en el Senado debido a la misma relación política. 

La ponencia, sin embargo, necesitó una sesión más, la del pasado martes, para finiquitar el informe. La Mesa de la Comisión Constitucional se reunió horas después para solicitar a la Mesa principal, la que encabeza Meritxell Batet, la convocatoria de una reunión extraordinaria a principios de julio. Previsiblemente será el 4. A partir de ahí, a esperar al pleno del día 14, en el que los grupos debatirán y seguramente aprobarán el dictamen. Y de ahí rumbo al Senado.

A lo largo de la semana se han ido sucediendo los pronunciamientos de los grupos que al final darán el visto bueno a la ley. EH Bildu se apresuró a destacar su respaldo no sin antes enumerar y desmenuzar los acuerdos alcanzados. El goteo de los demás vino después.

Revisar los pactos puntuales alcanzados necesariamente desviaba las miradas a un grupo: ERC. ¿Qué pasa con ERC? En ausencia de Gabriel Rufián por asuntos personales, la número dos en el Congreso, Carolina Telechea, se ha encargado de fijar la posición. A los medios aseguró que la negociación proseguiría hasta el último minuto y que, si bien la posición sobre el informe de la ponencia fue la abstención, no convenía anticipar conclusiones. La diputada reiteró que en el texto no había rastro de algunas demandas recurrentes de la formación, en especial la reparación íntegra a las víctimas previa auditoría, pero reconoció que peticiones primordiales como la declaración de ilegalidad de las resoluciones judiciales del franquismo o la apertura a que una investigación técnica e independiente ponga la lupa al tiempo transcurrido entre 1975 y 1983 sí se habían añadido. 

Pero Rufián y Telechea no han sido los únicos negociadores de Esquerra. El histórico Joan Tardá ha jugado y juega un papel protagonista. Las fuentes han remarcado que muchas conversaciones con las siglas independentistas se han desatascado o definitivamente frustrado tras el parecer del exdiputado. Ya fue el muñidor de la posición de la formación catalana acerca de la ley de memoria de José Luis Rodríguez Zapatero, en 2007, y se las sabe todas.

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Las fuentes creen que ERC no se moverá ya de la abstención, lo que tendría mérito si es así, porque presentó una enmienda a la totalidad y un escrito alternativo a la norma. De hecho, en septiembre de 2021 se convirtió en un gran escollo de la relación con la dirección parlamentaria socialista. Cuando PSOE y Unidas Podemos anunciaron el acuerdo sobre las enmiendas a presentar, lo que hicieron conjuntamente, Rufián compareció airado ante los medios para denunciar que las propuestas se quedaban cortas, particularmente por la no derogación total o parcial de la Ley de Amnistía de 1977, y que por ello no contarían con su voto.

Ese voto está más cerca. Al menos la abstención. Y todo por una negociación sigilosa y metódica, plagada de contactos de uno a uno, que terminó acorralando al que hasta hace poco fue aliado prioritario del Gobierno.