Laura Borràs pide que su juicio por fraude sea con un jurado popular

La presidenta del Parlament de Cataluña, Laura Borràs, cree que debe ser un jurado popular el que analice si incurrió en corrupción respecto de 18 contratos menores cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), unos hechos por los que ha sido procesada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Por esta razón, su defensa ha recurrido el auto de procesamiento, cuestionando que el delito de prevaricación excluya dicha posibilidad.

En su recurso, el abogado Gonzalo Boye pide al TSJ que plantee una cuestión ante el Tribunal Constitucional "en lo que respecta a la expresa exclusión del delito de prevaricación del ámbito competencial del Tribunal del Jurado" y que, una vez se conozca esta decisión, se actúe conforme a los criterios establecidos.

Subsidiariamente, reclama revocar el auto de procesamiento "dictando uno por el cual se acuerde continuar por el cauce del procedimiento abreviado respecto del delito de prevaricación y reconducir el resto de los delitos a las normas establecidas en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado".

El pasado miércoles el TSJ cerró la instrucción de la causa y procesó a Borràs y a tres sospechosos más por los presuntos delitos de prevaricación, fraude, falsedad documental y malversación continuada. Ve indicios de que Borràs y su amigo Isaías Herrero se pusieron de acuerdo para que él cobrara a través de contratos menores "un contrato anual encubierto" en la ILC.

A juicio de Boye, la excepción sobre el delito de prevaricación en la Ley del jurado "afecta a la calidad democrática y, sobre todo, constitucional de la norma por privar a los ciudadanos (...) de enjuiciar las conductas, justamente, de aquellos que ostentan poder decisorio sobre sus propios asuntos: funcionarios, autoridades y jueces".

Además de Borràs e Isaías H., están encausados Andreu P., que supuestamente participó en preparar los presupuestos y facturas a presentar a la ILC, y el técnico de la institución Roger E. por presuntamente facilitar los trámites.

En la causa constan varios mensajes y llamadas que exponen cómo Borràs y Herrero habrían supuestamente acordado repartir en contratos pequeños encargos más grandes y otros en que ella le insta a hacer varios presupuestos a distintos nombres para presentarse a los procedimientos de contratación.

El 'trapi'

En uno de los correos que intercambiaron, él le dijo a Borràs: "Se me hace extraño y complicado tener que hacer este 'trapi'... ya sé que es lo que hay, pero ponte en mi lugar, tener que liar a varias para que me hagan facturas de tres kilos!", y ella le contestó que en el presupuesto debía figurar como si fueran profesionales independientes con facturas no superiores a 18.000 euros más IVA.

"Si ven que lo que se ha hecho es fraccionar un encargo completo en diferentes es cuando entonces piensan que hay una infracción. La cuestión es fraccionar, pues, cada uno de los conceptos para que quede claro que son como partes que hay que ir ensamblando conjuntamente", alegó Borràs, y añadió que también deberían repartir las facturas en distintos años.

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El TSJ recuerda que Borràs, como directora, tenía entre sus funciones administrar los fondos de la institución, aprobar gastos, ordenar pagos y suscribir contratos, y constata que intervino en estos 18 contratos menores, proponiéndolos, adjudicándolos, aprobando el gasto y autorizando el pago.

En esta causa se indaga sobre un total de 330.442,65 euros en contrataciones de ILC, que se adjudicaron en 18 contratos menores, seis de ellos directamente a Isaías H. por un total de 112.503,50 euros, una al también investigado Andreu P. y el resto a distintas empresas --Isaías H. era socio de dos--.