BLOQUEO INSTITUCIONAL

El Poder Judicial se revuelve ante la maniobra de Sánchez con el Constitucional

Nueve vocales del CGPJ piden que el Pleno reclame al Congreso la realización de un informe y que se les devuelvan todas sus competencias sobre nombramientos; mientas que el Supremo vuelve a alertar de una "situación insostenible"

El Poder Judicial se revuelve ante la maniobra de Sánchez con el Constitucional

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Cristina Gallardo, Ángeles Vázquez

La proposición de ley registrada por el PSOE para volver a modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y acelerar la renovación del Constitucional -lo que permitirá revertir la actual mayoría conservadora del tribunal- ha encendido las alarmas tanto en el órgano de gobierno de los jueces como en el Supremo y en amplios ámbitos de la carrera judicial, que acusan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de intentar someter a este poder de Estado a los intereses del Ejecutivo.

La reforma se conoció de forma sorpresiva el pasado jueves -según Unidas Podemos, ni se les avisó siquiera-, y permitirá al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) eludir la limitación que se le impuso hace más de un año para realizar nombramientos y poder designar así a los dos magistrados del Constitucional que les corresponde por cuota.

Una mayoría del Consejo critica la maniobra y solicita que se le restituya de manera plena su capacidad para hacer nombramientos en la cúpula judicial, al tiempo que lamenta que, tras permanecer más de tres años y medio en funciones, se les utilice ahora para que el Gobierno consiga su objetivo de renovar el TC y conseguir con ello una mayoría progresista en dicho órgano.

El sector conservador del CGPJ de este órgano ha obligado a llevar el tema al Pleno del órgano que se reunirá este jueves. Son nueve los vocales que firman el escrito, al que ha tenido acceso este diario, y solicitan, concretamente, que el Congreso pida un informe al CGPJ sobre la nueva reforma antes de discutirla y que ésta incluya devolverle también "y con plenitud las atribuciones para los nombramientos judiciales y gubernativo-judiciales de carácter discrecional".

Igualmente, reclaman que el órgano de Gobierno de los jueces acuda a la Comisión Europea para informar sobre la referida proposición de Ley. De lo que resulte del debate en el Pleno podría depender incluso la efectividad de la reforma, ya que si el órgano de gobierno de los jueces no cumple con sus dos nombramientos, la renovación en el Constitucional no será posible.

Según las fuentes consultadas por El Periódico de España, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica, que este periódico, la propuesta irá en la línea de lo expresado desde el PP, que asegura que sigue dispuesto a renovar y espera “un gesto para recuperar la confianza” tras la reforma registrada la semana pasada por el PSOE. Este gesto pasaría por dos opciones: retirarla o bien derogarla por completo para que el CGPJ pueda hacer cualquier nombramiento aunque esté en funciones.

Contradictorio en incoherente

El texto que se discutirá el jueves afirma que, según puede leerse en la exposición de motivos de la reforma, su finalidad es la de evitar las dificultades que el texto vigente entraña para la renovación de los órganos constitucionales.

"Tal justificación resulta contradictora e incoherente: tan Órgano Constitucional es el Tribunal de Garantías, como lo son los Juzgados y Tribunales, servidos por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, cuyo superior, en todos los órdenes, es el Tribunal Supremo, de acuerdo con la Constitución", afirman.

La clave de este asunto se encuentra en el consenso que se precisa para que el órgano de gobierno de los jueces elija a sus dos magistrados del TC, que por tradición no escrita deben ser uno de sensibilidad progresista y otra conservadora. Algunos de los vocales consultados no descartan que, como respuesta a los manejos del Gobierno, se haga difícil alcanzar los 12 votos que se precisan para designar a los magistrados del TC.

Supremo y asociaciones

Por su parte, el Supremo lamenta haber quedado ajeno a la reforma y, este mismo lunes, su Sala de Gobierno ha pedido que se transmita al Congreso de los Diputados y el Senado su "honda preocupación" porque la falta de renovación del Consejo están creando una situación que, de continuar, "será insostenible". 

"El paulatino aumento de vacantes que no pueden ser cubiertas merma la capacidad del Tribunal Supremo de cumplir la función que la Constitución y las leyes le encomiendan y en no mucho tiempo supondrá dificultades extraordinarias para su funcionamiento", señala el alto tribunal.

El problema es especialmente acuciante en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, donde próximamente se jubilará otro magistrado, Octavio Herrero, que ha renunciado a cumplir la prórroga de dos años que había acordado inicialmente. Si el problema continúa sin resolverse, la próxima en salir de la sala será Inés Huerta, a principios del 2023, dejándola ya sin el quórum mínimo para formar todas sus secciones.

Plataforma

Además, la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, que reúne a magistrados, profesores universitarios y letrados, considera que la nueva reforma legislativa "constituye un ataque a la separación de poderes, al pretender el control gubernamental del máximo intérprete de la Constitución así como del nombramiento de altos cargos judiciales". 

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Según un comunicado de este colectivo, la proposición de ley "forma parte de una campaña más amplia de sometimiento de la Justicia a la política con absoluto desprecio a los principios básicos del Estado de Derecho y a la normativa de las instituciones transnacionales europeas", por lo que ha pedido a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo "la urgente adopción de cuantas medidas considere adecuadas, entre ellas, acudir a Comisión Europea, a otras comisiones del parlamento europeo, al GRECO (Grupo de Estados Contra la Corrupción del Consejo de Europa) a la Comisión de Venecia o a las cámaras legislativas españolas".

En cuanto a los jueces asociados, tanto la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), como la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) han criticado duramente la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista. Únicamente se desmarca Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) que la califica de "bienvenida" y subraya que es la consecuencia del bloqueo a la renovación que el PP lleva manteniendo desde hace tres años y medio.