El Consell de Garanties avala el decreto que rechaza los porcentajes de castellano y catalán en las aulas

El Parlament podrá ratificar con una amplia mayoría de 106 diputados (el 78% del hemiciclo) el decreto del Consell Executiu que acompaña a la nueva ley sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la educación no universitaria después de que el Consell de Garanties Estatutàries haya dictaminado por unanimidad que "la omisión de la declaración del castellano como lengua vehicular" no vulnera la Constitución ni el Estatut.

La maniobra de Vox, Cs y PPC no ha frenado la convalidación, a tiempo, del acuerdo que cerraron PSC, ERC, Junts y 'comuns', ya que el decreto que rechaza los porcentajes de castellano y de catalán en las escuelas de Catalunya entró en vigor el 30 de mayo, como requería el TSJC. Pese a esto, se prevé que las derechas continúen su batalla en el Tribunal Constitucional cuando el decreto sea convalidado en el hemiciclo, previsiblemente, la próxima semana.

El decreto ley deja claro el rechazo a los porcentajes de catalán y castellano en las aulas y establece que el Departament d'Educació validará los proyectos lingüísticos de todos los centros educativos de Catalunya -en un máximo de 30 días-, eximiendo así a las direcciones de las escuelas e institutos de posibles responsabilidades legales.

El objeto del decreto es "fijar los criterios aplicables a la elaboración, la aprobación, la validación y la revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos públicos y de los centros educativos privados sostenidos con fondos públicos, a efectos de establecer los aspectos relativos en la organización de la enseñanza y el uso de las lenguas oficiales en cada centro".

El artículo 2 establece que el fin es que los alumnos logren "el dominio oral y escrito del catalán y el castellano al final de la enseñanza obligatoria" con evaluaciones periódicas cada dos años como máximo, que los proyectos lingüísticos deben acomodarse "al análisis del entorno sociolingüístico de los centros, del entorno general y de los objetivos de normalización lingüística" y queda por escrito "la inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas".

El dictamen

Los juristas argumentan que "la igualdad de lenguas en la enseñanza no ha sido nunca exigida ni por la Constitución, ni por el Estatuto, ni explícitamente ni en la interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional a lo largo de casi tres décadas". "Al contrario, se ha admitido con toda naturalidad que el tratamiento de las lenguas sea diferente en los diversos sistemas educativos que existen en las comunidades autónomas y que el modelo lingüístico de conjunción lingüística adoptado en Catalunya sitúe el catalán como centro de gravedad del sistema educativo y que esto implique, por definición, un tratamiento diferenciado de las dos lenguas al suyo si, sin excluir el castellano", remachan.

El dictamen asegura que corresponde a la Generalitat, "en el desarrollo de sus competencias", determinar "la vía o el sistema" para garantizar el conocimiento de las dos lenguas e insiste en que con la nueva ley sobre el catalán -la que acompaña al decreto- amplía el uso del castellano. En este sentido, el CGE considera que "la regla del mínimo del 25% de uso vehicular para cada una de las lenguas oficiales no se convierte en parámetro de constitucionalidad ni de estatutariedad que vincule el legislador y que, por lo tanto, lo obligue a respetarla".