Más Madrid y PSOE piden a Almeida que no recurra el fallo sobre las cocinas fantasma junto a un colegio

Los grupos de Más Madrid y PSOE en el Ayuntamiento de la capital defenderán en el pleno ordinario de junio sendas proposiciones para que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida no recurra la sentencia sobre las cocinas fantasma que colindan con el colegio Miguel de Unamuno, en el distrito de Arganzuela, y piden también que se revisen las licencias otorgadas hasta ahora.

Más Madrid, asimismo, pide al Gobierno de PP y Ciudadanos que “aplique” el efecto de la sentencia, que supone un “varapalo” para la coalición y es “muy contundente”, al resto de cocinas fantasma de la ciudad, y que se limite más esta actividad, ha explicado a los medios la portavoz del grupo municipal, Rita Maestre.

La sentencia a la que se refiere este jueves la portavoz de Más Madrid se conoció la víspera y procede del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid, cuyo titular ha anulado la licencia concedida por el Ayuntamiento a una cocina fantasma que opera junto al CEIP Miguel de Unamuno, cuya AMPA llevó al Consistorio a los tribunales por este asunto.

El juez considera en la sentencia, fechada el 24 de mayo y recurrible al TSJM, que la concesión de la licencia no se ajusta a derecho, pues el Ayuntamiento no aplicó todos los instrumentos de control requeridos (por ejemplo, no se valoró “el ruido provocado” por los vehículos de reparto, ni hay un informe sobre “la afección a la movilidad urbana”), y que el Consistorio incumplió la normativa zonal de usos.

Maestre, que ha dado la enhorabuena a las familias del AMPA que “llevan más de un año peleando por una cuestión que debería ser de sentido común”, ha terciado que esto supone un “enorme varapalo judicial, otro, para” el alcalde.

Según Maestre, Almeida “regularizó la situación de estas doce cocinas industriales” de Arganzuela “justo antes de conceder la moratoria” de licencias de cocinas industriales que comenzó cuando el Gobierno empezó a trabajar en el recientemente aprobado avance de la modificación de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Para Maestre, el Gobierno municipal dio en este caso “carta de legitimidad y de legalidad a una actividad que ya estaba provocando enormes molestias a los vecinos de la zona y a los padres y madres de los niños” del centro Miguel de Unamuno, jugando así, “una vez más”, a favor “de los intereses de unos pocos” y contra “los intereses de la mayoría”.

La portavoz ha pedido de forma “directa y clara” al regidor que no recurra la sentencia y que “deje de gastarse el dinero de los madrileños” puesto que el fallo impone las costas al Ayuntamiento hasta un límite de 1.500 euros.

Maestre, que también ha censurado que el Gobierno municipal “nos ha llamado exagerados” a quienes han protestado por las molestias originadas por una actividad que ha experimentado un crecimiento “desmedido” en la ciudad, ha argumentado que no se debería recurrir porque “es muy contundente” sobre la “ilegalidad de la licencia, la falta de los informes medioambientales preceptivos que el Ayuntamiento tendría que haber realizado”.

Por tanto, el Ejecutivo de PP y Ciudadanos tiene que “acatar” el contenido “íntegro” de la sentencia y “aplicar” su efecto al resto de las cocinas industriales de Madrid, ha remachado Maestre, acompañada por el edil Paco Pérez.

Ha sido él quien ha detallado que Más Madrid llevará al pleno municipal una proposición para pedir no solo que el Ayuntamiento no recurra, sino que plantearán también que lleve a cabo “modificaciones” en el citado avance de modificación del PGOU que fue aprobado a principios de mes.

Según lo aprobado preliminarmente, se prima la implantación de cocinas fantasma en polígonos industriales y se limita su actividad en zonas residenciales, concretamente, a locales de uso industrial con un máximo de 350 metros cuadrados, con la obligación de que tengan en el interior del establecimiento las zonas de espera, carga y descarga y estancia de los transportistas.

El máximo de cocinas permitidas será de ocho.

Más Madrid aboga por limitar aún más el número de cocinas en los locales y que no haya más de cuatro, y sugiere también que en los 350 metros cuadrados que tienen de delimitación de superficie “se incluya también toda la zona de carga y descarga”, ha explicado Pérez.

Asimismo, ha añadido que también pedirán que sean revisadas de oficio “todas las licencias y declaraciones responsables que se han dado hasta este momento”.

El PSOE también pide que no se recurra y que se revisen las licencias

En un audio remitido a la prensa, el concejal socialista Pedro Barrero explica que el PSOE también va a llevar una propuesta al pleno de junio para solicitar al Ayuntamiento que “asuma” el contenido de la sentencia y no recurra, y que revise “aquellas licencias que hayan sido otorgadas y se vean afectadas” por el fallo.

“Incumplen sus propias normas urbanísticas concediendo la apertura de este tipo de cocinas en zonas residenciales, y no se puede seguir implantando una actividad económica que genera molestias, olores, impacto en la movilidad, en residuos, y en contaminación acústica y atmosférica", subraya Barrero en la misma línea que los ediles de Más Madrid.

Por tanto, y “sin que exista tampoco la debida acción inspectora”, en el PSOE creen que el Gobierno “no debería recurrir esta sentencia” y que debería “aplicar las propias normas urbanísticas en la ciudad para que este tipo de actividad económica no se implemente en zonas residenciales”.

Grupo Mixto pide "poner coto, regular y restringir"

También ha sido duro respecto a la sentencia José Manuel Calvo (Grupo Mixto), para quien el Ayuntamiento “no ha tomado medidas para regular la implantación de cocinas fantasma”, y de una vez “debe tomarse muy en serio” el “problema” de una actividad que “difícilmente convive con el uso residencial dominante en estos barrios”.

Quien fuera delegado de Desarrollo Sostenible en el Gobierno de Manuela Carmena ha subrayado que es “imprescindible” establecer una “categoría propia a estas cocinas” y que no sea “la genérica de uso industrial”, y ha pedido al Ejecutivo de Almeida que “haga lo mismo” que hizo la anterior corporación al “enfrentarse al problema de la vivienda de uso turístico”: “poner coto, regular y restringir la implantación”, en esta caso de las cocinas industriales.