Gobierno
PSOE y Podemos actuarán en bloque en la ley de los planes de pensiones y encarrilan el trámite
El respaldo político a la ley será posible gracias al apoyo de Unidas Podemos (que está asegurado, dicen sus fuentes), PNV y PDeCAT, y a la abstención (lograda a última hora) de EH Bildu | Pero la inquietud durará hasta el último momento por un error del PSOE en la votación del dictamen, ya que ha favorecido la inclusión de unas enmiendas que contradicen posiciones del Gobierno
La Comisión de Trabajo e Inclusión del Congreso de los Diputados tiene previsto aprobar este jueves el dictamen de la futura ley de los planes públicos de pensiones. El pleno de la Cámara, en consecuencia, dará el 'ok' definitivo dentro de una semana, si no surge una sorpresa de última hora. Las fuentes parlamentarias consultadas indican que la mayoría que aprobará esta nueva norma se encuentra prácticamente cerrada, pero las hay también que prefieren esperar unos días. El resultado se intuye muy ajustado.
El primer escollo que podía impedir que la balanza se inclinara hacia el rechazo de la ley era agarrar al aliado principal. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sondeó al PP porque el contenido de la regulación se acercaba más a sus posiciones. El Gobierno incluso aceptó una enmienda de los populares para reformar la legislación sobre el impuesto de sociedades y aplicar una deducción del 10% de las contribuciones empresariales en los planes de ahorro de los trabajadores con rentas brutas anuales de 27.000 euros. Pero las negociaciones no acabaron aquí, los interlocutores del grupo de Cuca Gamarra pidieron más y el equipo de Escrivá estudió las propuestas.
Falta poco para que la Comisión dé el visto bueno al dictamen y las fuentes consultadas descartan al PP como uno de los partidos que apoyen. Sí sitúan a Unidas Podemos. La confirmación se produjo esta misma semana. Ello facilita la tramitación en gran medida, pero retrata la frontera ideológica que la ley de los planes públicos de pensiones ha dibujado en el Congreso. ERC, según recalcan fuentes del grupo, está en el "no", mientras que EH Bildu finalmente se abstendrá tras negociar hasta última hora con el PSOE. La misma posición atribuyen a Más País, Compromìs y BNG.
Clausurada la vía de la izquierda, el Gobierno ha explorado la de la derecha moderada. Cs, PNV y PDeCAT se han erigido en aliados principales y sus votos se encaminan hacia el sí. Entre los nacionalistas vascos las fuentes piden prudencia porque en el informe de la ponencia, ya redactado, no figura ninguna de sus enmiendas, y eso deja la posición final en el aire. Reconocen, no obstante, que la predisposición es máxima. La formación catalana, por su parte, tras ser consultadas sus fuentes por el estado de las negociaciones, admite también acercamientos y sintonía.
Desde marzo reside este proyecto en el Congreso. Durante las últimas tres semanas ha adquirido velocidad de crucero porque el Gobierno se propuso la aprobación antes del periodo de sesiones, antes del 30 de junio. Además, es una norma de la que la UE está muy pendiente.
El Gobierno, de hecho, intentó un trámite exprés. Formar la ponencia, aprobar el informe, llevarlo a Comisión y sacarlo adelante en la misma Comisión se convirtió en un procedimiento condensado en una semana. Inclusión, no obstante, comprobó que no tenía los apoyos asegurados, por lo que demoró los plazos. Será este jueves cuando el texto salga de la citada Comisión y vaya rumbo al pleno.
¿Puerta a la privatización?
Las fuentes consultadas puntualizan que el trámite no ha sido sencillo, a pesar la ralentización de los tiempos. Hasta el final el grupo socialista se ha afanado en garantizar el éxito del trámite. De hecho, en la Comisión, apunta una fuente, es más que probable que intervenga el PDeCAT en representación del Grupo Plural en vez de Compromís. No es un cambio formal sin más. Los catalanes se acercan al voto a favor y Joan Baldoví, único parlamentario de la formación valenciana, no se ha movido del "no". Ahora bien, este detalle augura un debate en el pleno de la semana que viene más que intenso.
La ley de los planes de pensiones de empleo tiene, entre sus objetivo, el siguiente, recogido en la exposición de motivos: el "aumento del ahorro colectivo" para "contar, en el conjunto de la economía nacional, con un mayor volumen de recursos disponibles e invertir y aumentar la capacidad productiva y, con ello, poder elevar los ingresos y el nivel de vida de la sociedad española". Los empresarios jugarán un papel decisivo. Para la izquierda, esta norma es una semáforo en verde a la privatización de la capacidad de ahorro de los trabajadores.
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