Investigación

El gurú económico de Feijóo cobró como consejero andaluz de Hacienda un plus oculto de 60.000 euros

El vicesecretario en Génova y hombre clave en el Gobierno de Moreno tenía un complemento para igualar su sueldo como alto funcionario que no se declaró en las retribuciones de altos cargos de la Junta de Andalucía

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo.

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo. / EFE

Isabel Morillo

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El consejero de Hacienda del Gobierno andaluz y vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, cobraba un complemento de 60.000 euros anuales que estaba declarado como ingresos en su declaración de IRPF pero no figuraba en el listado de retribuciones de los altos cargos colgado en el Portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía. Ese complemento oculto, desvelado por eldiario.es, ha sido confirmado por el Gobierno andaluz.

Fuentes próximas a Bravo confirman que cobra ese extra para equiparar su salario al cargo de delegado especial de la Agencia Tributaria en Ceuta y conforme a una ley, aprobada en 1997 por la Junta de Andalucía, entonces gobernada por el PSOE, que permite a los altos funcionarios equiparar su salario para permitir fichar talento y altos perfiles profesionales para la administración andaluza. Así se explicó en su momento. La cláusula choca con otra disposición, aprobada en los Presupuestos andaluces de 2010, que impide que ningún alto cargo o directivo de empresa pública cobre por encima del salario del presidente de la Junta de Andalucía, uno de los más bajos entre los presidentes autonómicos y fijado en 69.243,84 euros, según el dato oficial. El Gobierno andaluz no explica cómo esas dos disposiciones contradictorias pueden convivir para las cuentas públicas autonómicas aunque insisten en que su salario es de 68.150.30, es decir por debajo de la nómina del presidente y explican que el resto es “un complemento especial”.

Una vez desvelada la información, desde el Gobierno andaluz defendió que “no se oculta nada” y que esa remuneración figura en su IRPF, que es “público”. “El listado de retribuciones de los altos cargos de la Junta, colgado en la web de Presidencia, nunca ha reflejado los complementos”, añaden desde la Junta. Lo que sí había hecho público Bravo es que había renunciado a cobrar una ayuda al alquiler para los altos cargos de fuera de Sevilla, que en su caso ascendía a los 1.450 euros mensuales. “Renunció a ella y no la cobra nunca”, añaden desde su Consejería. Bravo, que ha sido un defensor férreo de la austeridad en las cuentas públicas, siempre ha ensalzado su vocación de servicio público y ha proclamado que estar en la política le cuesta dinero.

Ese complemento al alquiler fue uno de los primeros asuntos controvertidos para el Gobierno andaluz de PP y Cs, que tras llegar a San Telmo, sede del Ejecutivo, prometiendo “regeneración” y acabar con ese tipo ayudas públicas, como la subvención para el alquiler, los mantuvo para su organigrama.

Fichado desde el Congreso

Bravo es inspector de Hacienda y estuvo destinado como delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en Ceuta. Sin embargo su fichaje para el Gobierno no se produce desde ese puesto sino que ya era diputado en el Congreso por esta ciudad autónoma, cargo que ocupó desde 2015, con un salario menor al que ahora tiene. Como diputado sus declaraciones de IPRF, públicas en la web de la Cámara Baja, ascendieron en 2017 y 2018 a 58.200 euros brutos anuales. Su entrada en el Gobierno se produjo en febrero de 2019, un mes más tarde que el resto de sus compañeros, tras la dimisión del primer consejero de Hacienda, Alberto García Valero, que alegó motivos de salud y que venía del mundo de la consultoría privada.

Bravo pidió ese complemento conforme a la ley 7/1997, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1998. En su disposición adicional séptima, esta norma autonómica establece que el funcionario público designado para ocupar un cargo en la Junta "que mantuviera en el momento del nombramiento una relación de servicio permanente con alguna Administración Pública, no podrá percibir retribuciones inferiores a las que pudieran corresponderle en el puesto de trabajo que desempeñaba en la Administración de origen". Para compensarlo, recibirá "un complemento personal obtenido por la diferencia retributiva, teniendo en cuenta para su cálculo todos los conceptos retributivos del puesto de origen, con exclusión de las gratificaciones por servicios extraordinarios y del cargo en que han sido designados, en cómputo anual".

El Gobierno andaluz aprobó un decreto en 2010, que se extendió a lo largo de los distintos planes de reequilibrio financiero de los Presupuestos autonómicos y que rige aún, según las últimas cuentas aprobadas en Andalucía, que regulaba topes salariales, en plena crisis económica de 2008, para los altos cargos y directivos de las empresas públicas. Esa norma fija que nadie puede cobrar un salario por encima del presidente de la Junta de Andalucía, aunque se abren excepciones como los trienios por antigüedad.

Desde la Junta de Andalucía no explican si ambas cláusulas, la que permite a Bravo ese complemento y la que impone límites a los salarios públicos son compatibles. Tampoco desvela cuántos altos cargos del actual Gobierno cobran por encima del presidente de la Junta de Andalucía y si hay más miembros del Consejo de Gobierno que tengan un complemento no declarado en las retribuciones publicadas para los altos cargos.