Caso Erial

La jueza procesa a Zaplana y a la familia Cotino y dicta el auto previo al juicio oral

La magistrada procesa a veinte personas y sobresee la causa para la mujer y una de las hijas del exministro porque "no se ha podido acreditar que tuvieran conocimiento del origen ilícito del dinero"

Zaplana el dia que fue detenido por los agentes de la UCO de la Guardia Civil. / EDUARDO RIPOLL

Zaplana el dia que fue detenido por los agentes de la UCO de la Guardia Civil. / EDUARDO RIPOLL

Laura Ballester

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Cuatro años después de las primeras detenciones y casi siete desde que comenzaron las primeras pesquisas, la titular del Juzgado de Instrucción 8 ha dado por finalizado el caso Erial en el que están investigados 

Eduardo Zaplana

 y su círculo más cercano de confianza, dos miembros de la familia

Cotino

y otro expresidente de la Generalitat, José Luis Olivas, junto a un nutrido grupo de colaboradores. La magistrada acaba de notificar a las partes el auto de procedimiento abreviado que finiquita la instrucción y permite a las defensas y acusaciones solicitar la apertura de juicio oral, el sobreseimiento de la causa (ya rechazado a lo largo de los numerosos recursos presentados estos años) o, excepcionalmente, solicitar la práctica de diligencias complementarias.

La magistrada procesa a los expresidentes Eduardo Zaplana, José Luis Olivas, a Vicente y José Cotino Escrivá, y los dos presuntos testaferros de Zaplana, Joaquín Barceló y Francisco Grau, hasta un total de veinte personas.

Finalmente, la jueza también ha decidido sobreseer la causa contra la mujer y una de las hijas de Zaplana. Sobre ellas alega en el auto que "no se ha podido acreditar que Rosa Barceló tuviera conocimiento del origen ilícito del dinero utilizado para la compra de un vehículo ni tampoco de los otros fondos empleados por Eduardo Zaplana que se han descrito, lo mismo hay que decir de la hija María Zaplana Barceló. No apareciendo ninguna de las dos, como sucede con las mujeres de otros de los investigados ostentando cargos en sociedades del entramado". 

El caso estalló el 22 de mayo de 2018 cuando el expresidente de la Generalitat y exministro, Eduardo Zaplana fue detenido por agentes del grupo de delitos contra la administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en su vivienda de la calle Pascual y Genís de València.

La operación fue bautizada por la Guardia Civil como "Erial", en referencia a la Administración esquilmada tras años de presuntos cobros de mordidas por parte de Zaplana y su círculo cercano de colaboradores a cambio de adjudicaciones como las del Plan Eólico o las inspecciones técnicas de vehículos (ITV), entre otros asuntos investigados en esta macrocausa de corrupción, una de las mayores y más sofisticadas investigadas en la Comunitat Valenciana. El Juzgado de Instrucción 8 de València y la Fiscalía Anticorrupción son los que han impulsado, junto a la UCO, esta voluminosa instrucción con ramificaciones internacionales que se desarrolló en secreto durante dos años y medio, ya que se inició en noviembre de 2015.

Los investigadores de Erial acumulan indicios que les permite acusarlos del catálogo completo de delitos habituales en las causas de corrupción: blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental, asociación ilícita para delinquir y grupo criminal.

Durante todos estos años, la investigación ha permitido recuperar casi once millones de euros de los casi 20 millones contabilizados en mordidas por parte de los Cotino o de Zaplana. Gran parte de la cantidad recuperada, casi seis millones, permanece ingresada desde 2019 en la cuenta del Juzgado de Instrucción 8 después de la confesión del presunto testaferro uruguayo de Zaplana, Fernando Belhot, que ingresó voluntariamente esta cantidad que, supuestamente, le había entregado Zaplana, para realizar inversiones.