El Gobierno rechaza la propuesta de Puig y solo sacará de Madrid las sedes de los nuevos organismos

Las sedes ya asentadas de las instituciones del Estado no se moverán de su actual ubicación. Solo se sacarán de Madrid aquellos organismos "de nueva creación". El Gobierno de Pedro Sánchez ha venido defendiendo esta tesis en los últimos meses y, de hecho, así lo ha regulado. No prevé cambios en su hoja de ruta, por mucho que el 'president' valenciano, Ximo Puig, abrace (y empuje hacia) una descentralización mucho más profunda y simbólica.

Este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz y responsable de Política Territorial, Isabel Rodríguez, contestó a la propuesta del barón socialista. Las declaraciones de Puig se enmarcan en un "contexto académico", lógico en tanto que la organización territorial del Estado "ha dado y da para mucho análisis académico". "Nosotros lo que lo valoramos es en un contexto de desconcentración de la administración en aquellos organismos de nueva creación y que no afectan a la estructura esencial del Estado", alegó. Rodríguez, por tanto, era clara en su planteamiento. Nada de cambiar de ubicación el Senado o el Tribunal Constitucional. "El Estado de las autonomías, que reivindica este Gobierno, ha dado progreso a España, ha dado desarrollo, ha propiciado una mayor cohesión social, y ahora estamos en una parte de perfeccionamiento, por la que este Gobierno también aboga, con fórmulas de cogobernanza que se han intensificado como nunca", sostuvo.

La descentralización no afectaría, por tanto, a instituciones que tocan "la estructura esencial del Estado", según explica la ministra

La portavoz defendió que la desconcentración sí es "un compromiso de este Gobierno", que ha ido desplegando desde su nacimiento, "en un esfuerzo por cohesionar más España", "aproximar la Administración al territorio", y hacerlo con organismos que estén a su vez en contacto con el sector privado, para atraer inversiones en zonas distintas a la capital. En suma, la apuesta del Ejecutivo es vertebrar el territorio diseminando nuevas instituciones y entidades, pero no desplazando las que ya están asentadas.

La 'España polifónica'

Puig lleva mucho tiempo agitando el debate de la descentralización de España y removió de nuevo el agua este lunes, en la clausura del seminario 'España polifónica y desconcentrada: un país con forma de malla', organizado por la cátedra Prospect Comunitat Valenciana. El 'president' plantea, por ejemplo, que RTVE realice los debates electorales en su comunidad o que el 12 de Octubre salga de Madrid, mientras que el documento académico [aquí en PDF] sugiere trasladar Puertos del Estado a València, parte del Senado a Barcelona, el Tribunal Constitucional a Cádiz o crear sedes del Museo del Prado y del Reina Sofía en Murcia, Andalucía o Cantabria. En Castilla y León se relocalizaría el Supremo y en Castilla-La Mancha, el Consejo de Estado, solo por citar algunos cambios.

El Gobierno no quiere fomentar traslados de entidades consolidadas porque tiene un mal precente: el Supremo anuló la mudanza de la CMT a Barcelona

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 22 de marzo el real decreto 209/2022 que establece el procedimiento por el que se dilucidará qué municipio se hace con la sede física de las nuevas entidades del sector público institucional estatal, y también los nuevos departamentos o subsedes dependientes de entidades ya existentes. Así, se crea una comisión consultiva para elegir sede (a modo de concurso) que preside la propia ministra de Política Territorial y de la que forman parte varios ministerios. Esa comisión elaborará un informe de los requisitos que habrán de tenerse en cuenta para la designación de la sede y realizará un dictamen que analizará las candidatas que pueden albergar el nuevo organismo y elaborará un informe anual al Consejo de Ministros. El Gobierno, de manera colegiada, adoptará el acuerdo, que se publicará en el BOE, en el plazo máximo de seis meses desde el inicio del procedimiento.

Pero hay otra razón por la que el Ejecutivo no quiere mover instituciones ya consolidadas, como reconocen en el equipo de Rodríguez: quiere ahorrarse conflictos con los funcionarios. El pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo anuló en noviembre de 2006 el traslado de la sede de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) de Madrid a Barcelona, mudanza que había impulsado el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El Supremo estimó los recursos de la Comunidad de Madrid y de un grupo de trabajadores, al considerar insuficientes los informes emitidos en el procedimiento de elaboración del real decreto que había ordenado el cambio de sede.

El Consejo de Ministros podrá acordar de manera "excepcional" el traslado de sedes ya existentes, pero es una simple "salvaguarda"

No obstante, el artículo 8 del real decreto de marzo ya subraya que el "eventual traslado de empleados públicos derivado de la fijación de sedes físicas de entidades pertenecientes al sector público institucional estatal no supondrá un perjuicio en su carrera profesional y se ajustará a lo dispuesto en la normativa aplicable sobre la materia para cada entidad".

La norma señala asimismo que, "excepcionalmente", "y por razones fundadas en la mejora del funcionamiento de los servicios públicos", el Consejo de Ministros podrá "acordar la modificación de la sede de las entidades ya existentes del sector público institucional estatal". Pero, como indican en Política Territorial, se trata de una simple "salvaguarda", pensada para el futuro, pero no de aplicación inmediata.