Política lingüística
El Govern se adelanta al TSJC y aprobará este lunes el decreto que blinda el catalán en las aulas
El Ejecutivo catalán explicitará su rechazo a los porcentajes obligatorios de uso del catalán y castellano en los colegios e institutos
El Periódico
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El Govern de la Generalitat prevé aprobar hoy el decreto que pretende blindar el catalán en las aulas. El Ejecutivo opta así por la vía del decreto y no esperar a la parlamentaria, tal como inicialmente se había planteado. Para ello el 'president' Pere Aragonès reunirá de urgencia a sus 'consellers' para sacar adelante una norma de escaso redactado y que se ciñe a explicitar el rechazo a los porcentajes de una y otra lengua en las aulas. Esta entrará en vigor antes del 31 de mayo para así sortear la fecha límite impuesta por el Tribunal Superior de Justícia De Catalunya (TSJC).
La reunión tendrá lugar a las doce y media de la mañana y la norma sería publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) al día siguiente. El contenido de la misma es fruto del consenso entre ERC, Junts, PSC y 'comuns' y pretende blindar el catalán como lengua vehicular, otorgando al castellano la condición de "curricular" y esquivando fijar porcentajes mínimos para el uso de ninguna de las dos.
El Govern no esperará a su Consell Executiu de todos los martes y se anticipan un día para sacar así una norma que debe estar aprobada y en vigor antes del 31 de mayo. Que es la fecha límite impuesta por el TSJC para dar cumplimiento a su sentencia que fija el 25% de castellano en las aulas. Los de Aragonès pretenden salvar así con este decreto el escollo de los altos magistrados catalanes, pues la ley sobre los usos lingüísticos que pretendían tramitar primero en el Parlament está pendiente del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, después de que Vox, C's y PP la recurrieran con el fin de retrasar su aprobación. Dicha resolución puede no llegar hasta el jueves de la semana entrante y el Govern ha decidido no jugársela y aprobar primero el decreto de rechazo de los porcentajes y luego ya tramitar la ley de usos. Su intención inicial era aprobar primero la ley de usos y luego el decreto contra los porcentajes.
La voluntad del decreto que aprobará el Govern es explicitar un rechazo a la imposición de porcentajes de lenguas en la enseñanza. Según el mismo, el catalán será la lengua "normalmente empleada", pero el castellano "tiene que tener garantizada una presencia adecuada en los planes de estudio", recoge el acuerdo cerrado entre las cuatro formaciones. Siempre garantizando que "todo el alumnado alcance el dominio oral y escrito de los dos idiomas oficiales".
Otra novedad que introducirá el decreto es en relación al rol de la Conselleria de Educació. Esta quedará erigida como la autoridad que dará el visto bueno a los proyectos lingüísticos de las escuelas, una forma de eximir a los directores de los centros y, por tanto, protegerlos de cualquier acción que pueda emprender a futuro la justicia. Y dichos proyectos serán en una u otra lengua dependiendo "exclusivamente" de los "criterios pedagógicos y de forma singularizada para cada uno de los centros educativos".
Nuevo decreto y nueva ley
Y a dicho decreto de rechazo de los porcentajes le seguirá esa ley que está ahora a expensas del Consell de Garanties. La misma pretende una nueva norma "sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la educación no universitaria", así que no se reformará la ley de política lingüística y habrá algunos cambios respecto al acuerdo alcanzado el 24 de marzo. Dicho contenido agrupa a "casi el 80% del Parlament", según han enfatizado desde ERC durante las negociaciones.
La negociación para la ley del catalán en las aulas no ha estado exenta de sobresaltos y momentos de tensión entre los partidos durante los últimos meses. Los posconvergentes de Junts se situaron por momentos fuera del acuerdo, haciendo peligrar la viabilidad del mismo y lanzando un ultimátum la semana pasada que finalmente no tuvo consecuencias. No obstante, las cuatro formaciones han acabado blindando un consenso que tendrá una primera plasmación en el Consell Executiu extraordinario de este lunes.
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