De Fuzhou a Sant Sadurní para traer seis millones de mascarillas y otros contratos covid

Solo la ciudad de Fuzhou tiene la misma población que toda Catalunya. Es una urbe costera, de clima húmedo y sus habitantes tienen su propia lengua, que hablan además del mandarín. Una especie de -salvando las distancias- gran Barcelona de donde apenas dos semanas después de decretarse el estado de alarma llegó para la Generalitat de Catalunya un primer millón de mascarillas anticovid. El material salió de Fuzhou, partió a Guangzhou, de allí voló hasta el aeropuerto de El Prat y se almacenó en Sant Sadurní d'Anoia, un municipio de poco más de 12.000 habitantes de la comarca del Alt Penedès donde la Generalitat tiene uno de sus principales centros logísticos (Logaritme). Esta fue una de las muchas operaciones 'exprés' operadas por las administraciones públicas para importar material contra el virus y que requirió de intermediarios y supuso un gasto millonario.

El conseguidor del puente Fuzhou-Sant Sadurní fue la compañía I-Tech Holding Group Limited, una sociedad con vinculaciones con Hong Kong y sin historial previo de transacciones con la Generalitat. De ese primer envío, I-Tech únicamente le cobró al erario público catalán 200.000 euros en concepto de transporte. Pues según el contrato del Institut Català de Salut (ICS), consultado por este diario, ese millón de mascarillas llegó en concepto de "donación". A esa "donación" transportada por I-Tech le siguieron cuatro contratos más en menos de 10 días, entre el 31 de marzo y el 9 de abril, por un valor total de 50,9 millones de euros. Estos proveyeron a la sanidad catalana de seis millones de tapabocas, dos millones de batas blancas y medio millón de trajes de protección biológica. "Todo el material contratado llegó a su destino en las condiciones pactadas", afirman desde el ICS.

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El ICS pagó las quirúrgicas a 0,65 (compró 4 millones) y las FFP2 a 2,2 euros (se hizo con 2 millones) el 2 de abril. Los 2 millones de batas los pagó a 16 euros la unidad y a 23 euros cada uno de los 500.000 vestidos de alta protección. El requerimiento de material sanitario en un mercado tensionado y con escaso ‘stock’ durante los primeros de 2020 elevó los precios. ¿Cómo la Generalitat conoció a I-Tech Holding? Aquí el nexo lo estableció Puente China, una consultora de origen chino y bien conectada en Barcelona con las patronales Foment del Treball y Pimec.

Otra firma que comercializó mascarillas fue Barna Import Medica, una empresa familiar catalana que ha multiplicado por 40 sus facturaciones con la Generalitat y en el último año acumula 94 millones de euros en contratos. Esta compañía cobró las FFP3 a 6,4 euros, las FFP2 a 4,3 euros la unidad y las quirúrgicas a 0,7 euros la unidad en los contratos registrados entre mayo y junio de 2020. Sin embargo, en una compra masiva del 6 de julio, la Generalitat pagó 2,9 millones de euros por 11 millones de quirúrgicas (0,265) y 2,5 millones de FFP2 (1,95) sin IVA (4,8 millones en total). En una comanda del 28 de julio, el precio cayó a los 0,12 euros por quirúrgica (la Generalitat compró 12,6 millones de unidades) y la FFP2 a 1,35 euros (solicitó 1,9 millones). 

De la misma manera que una firma de capital de riesgo consideró que uno de los negocios más lucrativos al estallar la pandemia era invertir en material sanitario, la compañía de material informático Saytel vio en el auge del teletrabajo su oportunidad. Esta empresa, administrada por Santiago Benito Martínez y propiedad del grupo Seidor, ha firmado 120 contratos con la Generalitat de Catalunya desde 2020. La gran mayoría de importes menores, a excepción de uno negociado sin publicidad y adjudicado por el Departament d'Educació. Su importe asciende a 29 millones de euros. El resto de los 119 contratos no suman entre todos un millón de euros.

Ese gran contrato que firmó Saytel el 28 de agosto del 2020 consistió en la venta de 79.824 dispositivos portátiles y "servicios asociados" para escuelas de la provincia de Barcelona. No al mismo nivel, pero durante el primer año de pandemia, esta empresa recibió contratos públicos similares pero de menor importe con otras administraciones catalanas. Como es el caso del Ayuntamiento de Barcelona, del que cobró 863.192 euros.

Saytel no fue la única empresa 'one hit', es decir, de un gran éxito y el resto piezas menores. Philips, por ejemplo, obtuvo una licitación para los servicios de mantenimiento de equipo tecnológico para el Institut de Diagnòstic per la Imatge por valor de 7,8 millones de euros, siendo el importe más frecuente entre sus 570 contratos de 1.383 euros. O Fraikin Assets, empresa francesa de alquiler de vehículos, a la que la Generalitat le arrendó sin opción de compra un total de 382 vehículos DGP por valor de 23,7 millones de euros. El importe más frecuente entre los 48 contratos restantes que firmó con la administración catalana entre 2020 y 2022 fue de 4.320 euros.

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