Las secuelas del 'Catalangate'

El espionaje, un laberinto político del que no se vislumbra una salida

A un año de las municipales, ERC carece de incentivos para dar carpetazo al 'caso Pegasus' sin ver satisfechas sus exigencias de información y asunción de responsabilidades

Pere Aragonès y Pedro Sánchez, en un encuentro en febrero del 2020.

Pere Aragonès y Pedro Sánchez, en un encuentro en febrero del 2020. / DAVID CASTRO

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Xabi Barrena
Xabi Barrena

Periodista

Especialista en información sobre el Govern de Catalunya, de ERC y en el seguimiento de la actualidad del Parlament.

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No hay prisa. Tampoco cesión a la vista. Pere Aragonès señaló, el día que estalló el ‘Catalangate’, que congelaba las relaciones con el Gobierno del Estado. Tampoco se supo ejemplificar en aquel momento lo que ello significaba, pero, transcurridos 40 días puede concluirse que ese estado de ‘stand by’ trae consigo llenar de cristales el suelo por el que pisa el Ejecutivo de Pedro Sánchez en el Congreso y esperar, sentado, a que el propio presidente del Gobierno ceda en sus primeras intenciones.

La situación se resume en que Aragonès, que lidera la protesta catalana, exige tres cosas, que son consecutivas. Información, asunción de responsabilidades y garantías de que lo sucedido no se repita. La intervención de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el Congreso, viniendo a decir que el independentismo, por haber puesto en jaque la unidad patria, era susceptible de ser espiado, introdujo una distorsión en el debate. Todo se encaminó, Aragonès fue el primero en mentar a la titular de Defensa, a saber si Robles caía o no.

Pero la clave es la información. Y nada hará cambiar de opinión al ‘president’, por varios motivos. El primero es que los republicanos, y el independentismo en general, tienen muy asumido que se trata de un escándalo democrático, imposible de esconder bajo la alfombra. El segundo es que los republicanos no tienen ningún aliciente para dar su brazo a torcer. 

La 'congelación' actual con la Moncloa supone echar agua a las encendidas acusaciones de ‘pagafantismo’ que les dirigen sus socios de Junts. Y ahora es el momento, a un año de las elecciones municipales, de empezar a marcar distancias con el PSOE.

Pero no solo ello. El candidato de ERC  a la alcaldía de Barcelona, Ernest Maragall, fue espiado durante las conversaciones que mantuvo para llegar a un pacto, finalmente no nato, con Ada Colau. Maragall, por tanto, alejado de cualquier sospecha de ser el líder de una sublevación (se espió a Aragonès porque se creía que era el coordinador de los CDR), es el ejemplo de que el espionaje es, también político. Espiar los movimientos de un rival político. Más Watergate que nunca. Así las cosas, Esquerra considera absurdo que alguien se plantee que, con su líder en BCN espiado, se reconduzcan las relaciones con el PSOE sin, al menos, unas explicaciones.

¿Puede esta situación enquistarse ‘ad eternum’? En el Govern lo tienen muy claro, no. Y no por ellos, sino porque consideran que Sánchez no puede aguantar la presión de ir sacando toda su acción de gobierno por los pelos y negociando cada medida. “¿Con quién pretenden aprobar los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE)?, ¿Con Vox?”, se pregunta una voz republicana. Y sigue: “¿Cuántas veces le salvará su archienemigo, el PP, la papeleta, como con la ley de seguridad nacional y la del audiovisual? En esta última, el apoyo del PP obedece a lo mismo que el del PSOE, la presión del lobi duopolístico televisivo español. ¿Cuántas veces más ocurrirá?”, pregunta retóricamente.

Así las cosas, en el Palau de la Generalitat ven dos opciones. O bien Sánchez desclasifica documentos, para empezar, o a la larga deberá convocar elecciones. Y ese escenario "es el último que desea Sánchez, ahora que Alberto Núñez Feijóo sube como la espuma en las encuestas, como acostumbra a pasar con los nuevos liderazgos. El PSOE necesita que se aposente el ‘efecto Feijóo’ y, sobre todo, mostrar estabilidad y gobernabilidad. Y mejora económica”.

La otra solución, la desclasificación de los documentos, por ahora no se vislumbra. Especialmente aquellos que relatan cuándo y por qué se espió al propio Aragonès. La sospecha que recorre los pasillos del Palau es que puede haber alguna fecha que coincida con la negociación de la investidura, del 2019. “Si esto sucediera”, señala otra voz de la Generalitat con todas las reservas que impone especular sobre escenarios de este tipo, “Sánchez tendría que explicar si dispuso de información privilegiada de lo que pensaba y debatía su contraparte en esa negociación. Luego ya veríamos si el Govern se lo cree o no”.

ERC también se sacude algunos complejos. Ante la esperada campaña, por parte del PSOE, de que el pulso entre la Generalitat y Sánchez da alas al PP y a Vox, otra voz sonríe y sentencia: “El PSOE no está haciendo absolutamente nada para reconducir y eso tampoco es poner muro a la extrema derecha”.

Así las cosas, y a pesar de que los equipos de ambos presidentes mantienen el contacto, la reunión entre ambos presidentes no se atisba en el horizonte. No se dan las condiciones.

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Como tampoco se dan para que se reúna la mesa de diálogo, un foro que es el germen de la desconfianza de la Generalitat hacia Pedro Sánchez porque, dicen en Palau, “nunca se la han tomado en serio”. Otra falta de aliciente más para ERC: ¿Por que salvar una relación que, en cuanto a la resolución del conflicto entre Estado y Generalitat, no le va a proporcionar ningún rédito y sí muchas críticas desde la propia trinchera independentista? ¿Por qué reflotar una mesa, de la que ahora se puede levantar sin levantarse (‘no se puede negociar con quien te espía’) y que, pase lo que pase, habrá que enterrar, sí o sí, en unos meses, porque hay un ciclo electoral completo en el 2023?

Oriol Junqueras ya anunció el cambio de fase. Vendrán otras mesas de negociación. Ahora los republicanos quieren certezas de que no habrá más espionaje.