Contratos covid: Una denuncia por estafa y una deuda pendiente

Una pandemia que combatir y un mercado colapsado donde todas las administraciones competían por conseguir materiales hasta entonces poco demandados. Ante esta ecuación, las autoridades decidieron rebajar la burocracia y normalizar la contratación por la vía rápida. La Generalitat de Catalunya, como el resto de administraciones, adjudicó contratos a dedo que, transcurridos ya más de dos años, han pasado bajo la lupa de los órganos fiscalizadores y han dejado al descubierto pagos indebidos y desvíos de la normativa en algunos contratos.

El 19 de marzo de 2020, tan sólo cuatro días después del inicio del estado de alarma, la administración catalana firmó un contrato de 60,5 millones de euros con la compañía Basic Devices, que se presentó como importadora de productos chinos. El encargo incluía dos millones mascarillas tipo FFP2 (a 3,5 euros la unidad), dos millones de tapabocas para cirugía de alto riesgo (a 1,21 euros la unidad) y otros dos millones de vestidos de riesgo biológico (a 24, 2 euros la unidad). Se incluía en la misma compra 50 respiradores de 20.570 euros y otros 50 equipos de ventilación mecánica no invasiva con un coste de 31.853,25 euros.

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Al día siguiente, la Conselleria d'Economía efectuó un abono anticipado por 35 millones de euros. No obstante, pocas horas después, tras una alerta de las entidades financieras, responsables del Departament acudieron a los Mossos d'Esquadra para presentar una denuncia por tentativa de estafa. Pues la administración catalana consideró que Basic Devices, cuyo administrador único es Jose María Parellada Ripoll, podía no cumplir con el contrato ya que nunca antes había manejado tanto dinero. El caso volvió a dar un giro de guion tres días después, cuando la Generalitat retiró la denuncia porque el contratista había aportado documentación "suficiente". De todas formas, el 5 de mayo el Institut Català de Salut (ICS) modificó el contrato a la baja y lo acotó a 35 millones de euros para que cuadrara con el importe anticipado.

La entrega se hizo según lo previsto y todo el material llegó a Catalunya el 3 de diciembre del 2020, pero la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) abrió una investigación y constató que "no había referencias previas objetivas" de esta empresa antes de esta adjudicación, que cuando recibió el encargo la empresa posiblemente tenía prohibido ser contratada porque no constaba en el registro de inscritos a la Seguridad Social, que no había cobertura legal para el pago anticipado y que presumiblemente se aplicó un IVA que no correspondía por una modificación de la ley tributaria. Por todo esto, valoró la contratación "temeraria".

Preguntado por esta cuestión, el ICS subraya que este expediente fue analizado por la Sindicatura de Comptes sin encontrar ninguna irregularidad y justifican la adjudicación porque "era necesario asumir estos riesgos ante la situación de extrema gravedad y la falta de material de protección". "El mayor riesgo era no arriesgarse. No es necesaria ninguna medida de correción ya que la situación de excepcionalidad ha finalizado", remacha el organismo.

7,91 millones a devolver

La Sindicatura de Comptes sí apreció pagos indebidos por valor de 7,91 millones de euros por parte del ICS a una empresa extranjera a la que le encargó respiradores. La compañía en cuestión es Innjoo Technology con Chen Shouting como administrador único según el registro mercantil y, según la Sindicatura, "su objeto social no incluye la actividad objeto del contrato".

La adjudicación fue firmada el 27 de marzo y se encargaban 500 respiradores portátiles pediátricos y para adultos con un precio de 30.000 euros sin IVA, lo que en total ascendía a 15 millones de euros. El ICS, cuando firmó la compra, no contaba con la licencia de importación de productos sanitarios otorgada por la Agencia Española del Medicamento -la recibió el 6 de abril- y prosiguió la compra.

Fue entonces cuando generó una deuda porque, según comunicó a la Tesorería de la Generalitat, "falló el sistema informático de compensación de facturas contabilizadas con el importe de los anticipos recibidos y se pagó al proveedor, incorrectamente, 7,91 millones, en vez de compensarle con el anticipo concedido".

El ICS, en sus alegaciones, hurga en la situación "absolutamente excepcional" en la que se hizo el encargo. La Generalitat reclamó por correo al proveedor el importe de esa deuda pendiente y, por ahora, todavía no la ha recibido, según fuentes de la Conselleria de Economia.

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