El Gobierno pagó las mascarillas a mitad de precio que Almeida

El 14 de marzo de 2020 se decretaba en España el estado de alarma y, con él, se daba el pistoletazo de salida a la carrera de las administraciones para obtener material sanitario dentro de un mercado colapsado y con un 'stock' escaso que propició una contratación exprés. Más de dos años después, los órganos fiscalizadores han analizado los contratos a dedo y ofrecen una radiografía de la disparidad de precios que pagaron unas y otras instituciones. Una diferencia que agrava todavía más el polémico 'pelotazo' en el Ayuntamiento de Madrid, ya en manos de la justicia, por el que dos empresarios cobraron presuntamente comisiones de hasta seis millones de euros a través de algunos contratos a dedo. 

El último informe del Tribunal de Cuentas refleja que el Ministerio de Sanidad, a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, pagó 2,62 euros de media por cada mascarilla FFP2 mientras que el consistorio madrileño gastó el doble por ellas en el primer mes de la alarma. Y es que según un informe previo del mismo órgano, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el 25 de marzo, depositó 6,24 euros por unidad, mientras que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, las adquiría 24 horas después a 2,50 euros. El Ejecutivo central consiguió rebajar el precio hasta los 1,40 euros en abril, en el momento en que Barcelona las pagaba a 3,50 euros. Un único proveedor se hizo con el encargo de 56,2 millones de mascarillas FFP2 por un precio medio de 2,67 euros la unidad, lo que supone el 95,14% del total del gasto realizado en este tipo de suministro. 

Colau compró mascarillas a mitad de precio que Almeida al inicio del covid

En cuanto a las mascarillas quirúrgicas, el precio medio unitario fue de 0,75 euros por parte del Gobierno, mucho más alto que Madrid (0,50 euros) y Barcelona (0,40 euros). El 26 de marzo, Sanidad firmó la compra de 100 millones de tapabocas de este tipo por un importe de 37,7 millones (0,37 euros la unidad).

Incidencias

Por otro lado, el informe revela diversas "incidencias de ejecución" en 11 contratos de emergencia para el suministro de material sanitario al comienzo de la pandemia, dentro de un paquete de 73 contratos del ejercicio 2020 que ascienden a un total de 551 millones de euros. En concreto, un 22,4% de los contratos fiscalizados (11) presentaron incidencias de ejecución que "podrían ser indicativas de una insuficiente verificación por parte del INGESA sobre la capacidad de producción y de suministro y, en definitiva, de la solvencia técnica de algunas de las empresas adjudicatarias". En cuatro casos fue por incumplimiento del contratista, en dos hubo modificaciones no previstas (por retoques en los tipos de mascarillas o test covid) y, en cinco, retrasos en la entrega.

Pero, pese a esto, el organismo fiscalizador argumenta que las adquisiciones "fueron realizadas en una situación de emergencia excepcional y en el contexto de desabastecimiento global".

Cabe recordar que, en abril, compareció como investigado en un juzgado de instrucción de Madrid el director del INGESA, Alfonso María Jiménez, y otros dos altos cargos, a raíz una querella presentada por Vox por presuntas irregularidades en los contratos de emergencia covid.

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