Las repercusiones del 'Catalangate'

Sánchez da la cara por el 'caso Pegasus' con el reto de zanjar la crisis con ERC

El presidente comparece este jueves en el Congreso y podría anunciar medidas de actuación y transparencia dentro del CNI y una aceleración de la reforma de la ley de secretos oficiales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su discurso en el Foro Económico de Davos, este 24 de mayo de 2022.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su discurso en el Foro Económico de Davos, este 24 de mayo de 2022. / BLOOMBERG / HOLLIE ADAMS

Juanma Romero

Juanma Romero

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Pedro Sánchez se vuelve a enfrentar a una carpeta que querría tener "cerrada cuanto antes". Pegasus. El espionaje a dirigentes y activistas independentistas. Más de 60, según el grupo de expertos Citizen Lab. 18 con aval judicial, según acreditó en el Congreso Paz Esteban, la ya exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). La herramienta informática, también, que infectó el teléfono del presidente y de los ministros de Defensa e Interior y que se intentó colar en el móvil del responsable de Agricultura. El jefe del Ejecutivo comparece este jueves en el Congreso para dar cuenta, por tanto, de la vigilancia con este invasivo programa de fabricación israelí, con el objetivo de zanjar la crisis con ERC, socio clave de legislatura. La duda es si para ello se ayudará de un relato de los hechos —es decir, una reiteración de lo ya expresado por el Gobierno, sin mayores novedades— o bien anunciará nuevas medidas que busquen calmar a los republicanos. En el equipo del líder socialista resumían las sensaciones previas de forma elocuente: "Estamos en el momento de pasar un trago amargo". Porque no es fácil para Sánchez este pleno, y menos a las puertas de las elecciones andaluzas, con las relaciones con sus socios erosionadas y un nuevo PP ungido por las encuestas.

La Moncloa rehusaba este miércoles anticipar nada. La "decisión política" era no avanzar pinceladas del discurso del presidente en la tribuna. Sobre la mesa están dos salidas. Por un lado, acelerar la tramitación de la ley de secretos oficiales. Por otro, introducir nuevas medidas de control en el CNI. Este último camino abre distintas alternativas: desde un cambio en la ley, que podría toparse con falta de apoyos parlamentarios, hasta iniciativas directamente impulsadas por el Ejecutivo, que para su despliegue solo dependan de él. La contraindicación de un discurso con novedades es que el caso pueda reverdecer, justo ahora que el Gobierno y el PSOE consideran que el tema está "prácticamente amortizado" y en un segundo plano del debate político y mediático.

El peligro de una reforma de la normativa que regula el CNI estriba, indica una ministra, en la posible falta de apoyos, ya que no la respaldarían ni la derecha ni los socios

El PNV fue el primero que planteó modificar la normativa que regula el CNI, de 2002, para cambiar su modo de funcionamiento y reforzar el control judicial. El propio Sánchez, en respuesta al portavoz 'jeltzale' en la sesión de control en el Congreso del pasado 18 de mayo, se mostró "dispuesto escuchar cuantas propuestas sean necesarias para el refuerzo de garantías judiciales del CNI en aras de mejorar la confianza que, desde luego, el Gobierno no pone en cuestión". Justo ese mismo día el Defensor del Pueblo, institución liderada por el exministro socialista Ángel Gabilondo, dio a conocer sus conclusiones tras examinar la actuación de los servicios de inteligencia: respaldó la legalidad del espionaje a 18 líderes independentistas y además pidió abrir una "reflexión" sobre la suficiencia o insuficiencia del control judicial del CNI previsto en la ley.

El Ejecutivo, por tanto, ha ido preparando el terreno. Sánchez podría anunciar, por tanto, el impulso de la reforma de las leyes de 2002 que definen el funcionamiento de los servicios secretos. Pero, como advertía este mismo miércoles una ministra, el peligro estriba en que esa iniciativa podría no contar con los apoyos suficientes, porque no la respaldaría la derecha, pero tampoco los socios (más allá del PNV), así que el Gobierno se expondría a un fracaso. Es la opinión que comparte la dirección del PSOE en la Cámara baja. De ahí que una salida intermedia, apuntada por fuentes socialistas a este diario, sea el anuncio de medidas de transparencia y actuación dentro del CNI cuya puesta en marcha dependa solo del Ejecutivo.

"ERC está ahora como está"

La reforma de la ley de secretos oficiales —norma preconstitucional, de 1968, aunque modificada tibiamente en 1978— es una vieja aspiración del PNV. El Gobierno se comprometió a redactar una nueva ley y ya estaba recogida, de hecho, en su Plan Anual Normativo (PAN) de 2022. El presidente sí podría anticipar la aceleración de los trabajos, a fin de que llegue lo antes posible a las Cámaras para su tramitación. Pero, de nuevo, es una norma sensible, de Estado, para la que también querría contar con el aval del PP. Otro camino, la desclasificación de oficio de las autorizaciones judiciales que avalaron los seguimientos a la veintena de dirigentes soberanistas, parece abandonado: solo se hará si hay petición de la Justicia.

El Gobierno y el PSOE consideran este caso "prácticamente amortizado" y en un segundo plano del debate político y mediático

A pocas horas de que arrancase el pleno en el Congreso, el hermetismo imperaba en la Moncloa. Pero la impresión que cundía, con todas las cautelas, es que el presidente se tentaría mucho la ropa antes de anunciar nuevas medidas, tal y como resumía una ministra: "No creo que vaya a adelantar mucho porque este tema está ya muy bajo y anunciar cambios en la ley del CNI sería arriesgado porque no tenemos mayoría y ERC está ahora como está".

Otros indicios apuntan en la misma línea, como el hecho de que no se haya logrado fijar la reunión con Pere Aragonès, que desde luego ya no será inmediata —el PSOE andaluz recibió la garantía del Ejecutivo de que habrá mesa de diálogo hasta que no pasen las elecciones del 19 de junio—, y la evidencia de que el Ejecutivo intenta llevar el foco a la economía. Pero en Sánchez siempre cabe el 'efecto sorpresa'. Y la crisis con ERC dista de estar cerrada, por mucho que en el Ejecutivo y en Ferraz se considere que la polémica ya esté "amortizada". El 'president' sigue pidiendo aclaraciones, depuración de responsabilidades y garantías de que no se volverá a reproducir el espionaje al independentismo. Por si fuera poco, el Supremo se rectificó y ahora revisará los indultos del 'procés'. La Moncloa defiende la "legalidad" y "utilidad" de la medida de gracia, y en el Gabinete esperan que esto sirva de advertencia a ERC, para que "se dé cuenta" de que enfrente, si deja abandonado al PSOE, tiene "a PP y Vox".

El último momento de tensión con ERC se vivió este miércoles en el Congreso, cuando la diputada republicana Carolina Telechea cargó contra el PSOE por cómo ha actuado ante la primera visita a España de Juan Carlos I casi dos años después de su expatriación. Queda probado, dijo, que "el problema no son las cloacas del Estado, el Estado es la cloaca". Palabras que dirigía al titular de la Presidencia, Félix Bolaños, y que merecieron la reprobación de la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, que instó a la parlamentaria a hablar "con el debido respeto parlamentario". Ella misma habló del exjefe del Estado de "rey abusivo, corrupto y mentiroso". El ministro respondió con los argumentos esgrimidos por el Gobierno en estas últimas semanas: que una cosa son los comportamientos personales (del emérito) y otra las instituciones (la Corona).

Sánchez sí podría aprovechar su comparecencia, como apuntaban del Ejecutivo, para arremeter contra el PP, precisamente ahora, cuando afloran comprometedores audios del comisario José Manuel Villarejo con dirigentes populares. El presidente podría desarrollar su acusación a los conservadores de "mangantes". Contrastar el cambio de época. Porque esos "mangantes", lanzó hace una semana a Cuca Gamarra, "ya no están en el Gobierno".