Sin opciones legislativas

"Da más vergüenza que otra cosa": las manos atadas del Congreso ante el regreso del emérito

Los grupos de izquierdas, conscientes de que el PSOE no apoyará ninguna reforma legislativa o intento de investigación sobre el emérito, desisten por ahora de presentar nuevas iniciativas

"Da más vergüenza que otra cosa": las manos atadas del Congreso ante el regreso del emérito
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Ángel Alonso Giménez
Ángel Alonso Giménez

Periodista

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Hace una semana, el líder de Más País, Íñigo Errejón, decía que era "un magnífico momento" para acometer las reformas que terminaran con la inviolabilidad del rey. Siete días después, no figura ninguna medida en el Congreso destinada a tal fin. Sobreviven, no obstante, las palabras y la dialéctica. En este terreno se mueven los diputados. Sólo en éste.

Cinco fuentes de otras tantas direcciones de grupos parlamentarios indican que no les consta ninguna novedad en el registro de la Cámara, es decir, ninguna proposición legislativa sobre esta figura constitucional. Que al jefe de un Estado monárquico-parlamentario como el español no se le puede juzgar es algo consagrado en el artículo 56.3 de la Carta Magna. Suprimir esto requiere una mayoría de tres quintos del Congreso, es decir, 210 diputados. Sólo hay una manera de acercarse a la cifra con garantía de éxito: la suma de los 120 diputados del PSOE y de los 88 del PP. Faltarían únicamente los dos representantes navarros enrolados en UPN hasta hace poco para que la reforma llegara a puerto. Pero es una vía ahora mismo inviable porque ninguno de estos partidos quiere.

Cuando Errejón hizo las afirmaciones citadas, toda la Cámara sabía que el emérito llegaría a España pocos días más tarde. Sanxenxo ha sido testigo de cómo Juan Carlos I se ha movido por varios enclaves del municipio, antes de desplazarse a Madrid para reunirse con su hijo, Felipe VI. La exhibición pública de su periplo, así como la ironía con la que ha llegado a expresarse, han creado malestar en el Gobierno, cuya portavoz, Isabel Rodríguez, se ha quejado de que no haya pedido disculpas y de que no haya estado a la altura de una respuesta democrática. A su vez, la oposición de izquierdas en el Congreso ha recurrido con profusión a las redes sociales para rechazar la actitud del emérito.

Ahora bien, ¿pueden los grupos hacer algo más?

La inviolabilidad como escudo

Volviendo a Errejón, el líder de Más País recordó en la misma rueda de prensa en la que se expresó a favor de acometer una reforma de la Constitución que su partido había registrado dos proposiciones de ley que apuntaban al encaje institucional y a las funciones del jefe del Estado. En noviembre de 2020 presentó una sobre el patrimonio de la Familia Real, pero la Mesa del Congreso la rechazó y no pudo ni siquiera tramitarse. Un mes después, interpuso otra sobre la inviolabilidad. La respuesta del órgano de gobierno de la Cámara fue la misma en ambos casos: inadmisión.

Fuentes de la Mesa, al ser consultadas por los argumentos que motivaron sendos rechazos, recalcan dos matices: por un lado, que el Congreso no es una institución entre cuyos fines se encuentre la fiscalización de las actividades y actuaciones de los integrantes de Casa Real; por otro, que la inviolabilidad invalida cualquier investigación sobre el jefe del Estado.

Resulta harto complicado mover en el Congreso una iniciativa con alcance legislativo que afecte a la más alta jerarquía del Estado. Las dos proposiciones de ley de Más País lo ilustran con precisión. También resulta arduo intentarlo con las comisiones de investigación, que sucesivamente se han ido descartando. Si no es en la misma Mesa, previo informe de los servicios jurídicos, es en la Junta de Portavoces.

El primer dique de contención es más técnico que político. Casi siempre que los grupos de izquierdas, entre ellos Unidas Podemos, han registrado peticiones de investigaciones parlamentarias sobre el patrimonio del Juan Carlos han fracasado. Aquí también fueron usados los argumentos mencionados antes: el Congreso no fiscaliza a Casa Real y el monarca es inviolable en virtud del 56.3 de la Constitución. Las solicitudes, por tanto, fenecían a las primeras de cambio. Hasta 15 han corrido esta suerte.

Una excepción rompió la norma. La Mesa sí aceptó una petición de investigación parlamentaria, suscrita por Unidas Podemos y otras ocho formaciones, sobre el presunto uso por parte del emérito de las llamadas "tarjetas black". Ocurrió en enero de 2021. Sin embargo, chocó el intento contra el segundo dique de contención, éste más político: el de la Junta de Portavoces. En dicho órgano parlamentario los grupos fijan las agendas de las sesiones plenarias, entre otros cometidos. Para perfilarlo, intervienen las mayorías. Con que el PSOE y el PP se nieguen a incluir un punto en el orden del día es suficiente. La alianza del grupo socialista con las derechas deshizo esta comisión de investigación.

La ofensiva es verbal

PSOE y Unidas Podemos, socios de gobierno, chocan periódicamente sobre Casa Real. La dirección socialista ha optado por sistema por no abrir una puerta que, en términos políticos, le puede llevar a un terreno peligroso. El portavoz del grupo "morado" en el Congreso, Pablo Echenique, ha explicado en más de una ocasión, en público, que la de la monarquía es una de las discrepancias que ambas formaciones tienen pactadas. Ello, no obstante, no ha rebajado la tensión. Este mismo lunes, el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha acusado al Partido Socialista de ser "el principal impedimento para una reforma constitucional y para un avance progresista en sentido republicano".

Una fuente del grupo parlamentario en el Congreso, anónimamente, lamenta que el margen del Congreso para abordar el debate sobre el papel actual y futuro de Casa Real sea tan angosto. "Se limita todo a una discusión sobre la transparencia cuando la única transparencia que cabe plantearse es si se inicia un proceso hacia la República o no", afirma. Admite que en la definición de dicho plan de transparencia, que el Gobierno avaló recientemente a través de un real decreto, el PSOE no ha conversado con Unidas Podemos en ningún momento, y "nunca lo hará", añade con resignación la mencionada fuente.

Cerrada la vía legislativa y bloqueada la puerta de la investigación, queda la contienda dialéctica, el debate político. Poco más. "El regreso de Juan Carlos I da más vergüenza que otra cosa", resume otra fuente del grupo de Unidas Podemos. Ahora bien, un vistazo al orden del día del pleno que comienza este martes no enseña un entusiasmo desbordante por revivir la polémica acerca del emérito, de su vuelta, de su estancia en España, de cómo está siendo.

Aunque es cierto que a la sesión de control del miércoles no irá el presidente, no se cuentan muchas preguntas sobre Juan Carlos I ni sobre Felipe VI ni sobre, en general, la salud de la Casa Real. Únicamente, la número dos de ERC en el Congreso, Carolina Telechea, ha registrado una pregunta, relacionada en concreto con los "privilegios de la Familia Real" y con supuestos planes del Gobierno para acabar con ellos.

Ahora bien, según la fuente de Unidas Podemos, en la sesión del jueves al presidente no le quedará más remedio que hacer alguna alusión. La comparecencia de Pedro Sánchez versará sobre el uso dado a Pegasus, el software que entró en su móvil y en el de decenas de personalidades del independentismo catalán, pero no alberga dudas de que tendrá que referirse a una polémica que ha copado la actualidad mediática de las últimas horas.

Libertad de expresión

Fuentes de Esquerra, uno de los grupos que con más ahínco exterioriza su carácter republicano, indican que por el momento no está habiendo conversaciones entre las formaciones del Congreso para plantear iniciativas legislativas. Lo que por ahora se ha hecho obedece a la decisión propia y autónoma. ERC, en el Senado junto a EH Bildu, va a defender el miércoles una proposición de ley a favor de reformar el Código Penal con el fin de dejar sin castigo las ofensas, injurias y calumnias a los representantes de la Corona.

En Unidas Podemos están sopesando seguir una senda muy parecida. Desde septiembre de 2021 tienen registrada en el Congreso una proposición de ley para cambiar el Código Penal en los mismos términos que ERC usa en su propuesta. La supresión del artículo 490.3 de la ley es el objetivo también, pues en él se dice: "El que calumniare o injuriare al Rey, a la Reina o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, a la Reina consorte o al consorte de la Reina, al Regente o a algún miembro de la Regencia, o al Príncipe o a la Princesa de Asturias, en el ejercicio de sus funciones o con motivo u ocasión de éstas, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años si la calumnia o injuria fueran graves, y con la de multa de seis a doce meses si no lo son".

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Una reunión inminente de la dirección del grupo estudiará la opción de presionar al PSOE para desbloquear esta iniciativa que lleva congelada casi un año. Hace un par de semanas, Echenique postuló esta norma como un gesto fundamental del nuevo ciclo democratizador en el que, a su juicio, debe inmiscuirse el Gobierno. Reforzar la libertad de expresión y derogar la ley mordaza serían los pilares de la apuesta.

Aprobar una ley que despenalice las injurias a la Corona no es un planteamiento que hable de investigaciones al emérito o de la inviolabilidad del rey, pero su carga simbólica-política resulta incuestionable. La pelota estará, una vez más, en el tejado del PSOE. Si no apoya la pretensión, quedará encerrada en una batalla dialéctica. Como ahora.