Ustec y la AEB coinciden en que la nueva ley del catalán no convencerá a la justicia

Primeras reacciones de la comunidad educativa al acuerdo de ERC, PSC, JxCat y 'comuns' para proteger el catalán en las aulas. Desde Ustec, sindicato mayoritario en las escuelas públicas, su portavoz, Iolanda Segura, ha calificado de "tomadura de pelo" la nueva ley y augura que esta normativa y el decreto ley que preparará el Govern "no frenarán la ofensiva judicial". A juicio de Segura, la nueva ley "no blinda el catalán ni la inmersión lingüística", sino todo lo contrario: "Pone punto final a la inmersión". Considera que está en línea con la modificación de la ley de política lingüística que pactaron ERC, PSC y 'comuns' pero "más maquillada" y "más ambigua".

"Una ley ha de mejorar y esta no mejora la situación del catalán", ha señalado la dirigente de Ustec. Teme este sindicato de docentes que el hecho de que los centros tengan libertad de diseñar sus proyectos lingüísticos en función del entorno sociolingüístico abra la puerta a la segregación por razón de lengua. Apunta que puede haber centros que superen el 25% de castellano en las aulas. "Va a crearse una situación desigual y segregadora en función de la lengua. Es inadmisible". "Lamentamos que la línea de la clase política y del Govern no sea la inmersión, que es lo que da cohesión, igualdad y garantiza el aprendizaje de las dos lenguas", ha remachado.

También descontentos, pero por motivos opuestos, la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Catalunya (AEB), entidad que ha reclamado al TSJC el cumplimiento forzoso de la sentencia que obliga a impartir un 25% de castellano en las aulas. Su presidenta, Ana Losada, ha reiterado su confianza en los tribunales y ha señalado que "el juez no va a admitir este acuerdo para saltarse la sentencia". "La sentencia es muy clara. El castellano es vehicular en todos los centros. No es curricular, ni de aprendizaje y su posición en el centro no es arbitraria en función de lo que decida el 'conseller' o las direcciones" ha apuntado Losada. AEB tiene intención de recurrir a la justicia cualquier intento de burlar la sentencia.

Marta Daviu, portavoz del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), ha señalado que el pacto supone una "claudicación de la defensa del catalán en la escuela". "Sitúa el castellano como lengua curricular, que en la práctica será vehicular, y da más instrumentos para reducir el peso del catalán", ha apuntado. Desde esta organización estudiantil, opinan que el acuerdo es "un paso atrás que hará que la sentencia del TSJC se aplique sin problemas". Tanto el SEPC como Ustec han denunciado que los partidos no han contado con la comunidad educativa.

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Desde CCOO, no se ve todo tan negro. Rosa Villaró, representante del sindicato en la plataforma Som Escola, ha valorado el consenso para impulsar una iniciativa legislativa, si bien ha señalado que "es un paso" y que "habrá que estar atentos a la letra pequeña para ver si realmente garantiza la inmersión y la escuela en catalán". Le parece, en cambio, más evidente que la nueva ley protegerá a las direcciones de los centros y dejará claro que es el Departament d'Educació el responsable último de los proyectos lingüísticos.

Por su parte, Òmnium Cultural ha valorado el "amplio acuerdo del 78%" del Parlament para "defender el catalán como lengua vehicular y de acogida, que rechaza porcentajes y apuesta por criterios pedagógicos". La entidad ha apuntado, sin embargo, que a partir de aquí es necesario que el acuerdo "se haga efectivo, se garantice la protección jurídica de los centros y se destierren los tribunales de las escuelas".