El Gobierno habilita al CNI a compartir con el juez información secreta sobre el espionaje a Sánchez

El Gobierno dio este martes un paso importante para que la Justicia pueda investigar el espionaje con Pegasus a Pedro Sánchez. El Consejo de Ministros habilitó a los funcionarios del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y su actual directora, Esperanza Casteleiro, y a la anterior, la destituida Paz Esteban, a "compartir la información que conozcan con la Justicia" para que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, encargado de las diligencias relativas a los ataques a los móviles del presidente del Gobierno, así como de los ministros Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska y el intento de agresión a Luis Planas, pueda seguir con la instrucción de la causa. 

Dado el carácter secreto de ciertos documentos y el asunto del que trata, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional se vio obligado a solicitar al Consejo de Ministros su desclasificación, en caso de haberlos, para poder tener acceso a ellos, así como para proceder a tomar ciertas declaraciones con las que avanzar en sus pesquisas sobre el origen del ataque sufrido por los miembros del Ejecutivo. El Ejecutivo solo pudo habilitar a los miembros del CNI, donde se integra el Centro Criptológico Nacional (CCN) que detectó dichos ataques, para que aclaren todos los extremos que conozcan de este asunto ante el juez sin ningún tipo de restricción. Ese trámite requiere del acuerdo del Consejo de Ministros.

Fuentes de la Moncloa confirmaron que el Consejo de Ministros abordó este punto (y así se precisa en la referencia de este martes), la posible desclasificación de la información que pudieran tener relacionada con el espionaje a Sánchez y a los tres ministros, dado que el Gobierno debe responder al suplicatorio enviado por el juez. Las mismas fuentes subrayaron que esos documentos, "en caso de que hubieran existido", "nada tienen que ver" con el espionaje al independentismo ordenado por el CNI y avalado por el Supremo. Es decir, que no se trata de un gesto para calmar la inquietud del Govern y en concreto de ERC, socio clave de legislatura, sino simplemente de responder a una petición de la Justicia. En cualquier caso, "no hay más documentos" que desclasificar porque "obviamente" el CNI no ordenó espiar al presidente y a los responsables de Defensa, Interior y Agricultura, reiteraron. 

Fueron atacados los móviles del presidente y de los ministros de Interior y Defensa. El terminal del titular de Agricultura sufrió un intento de agresión

El magistrado José Luis Calama abrió el pasado 3 de mayo diligencias por delito de descubrimiento y revelación de secretos, tras la denuncia presentada por la Abogacía del Estado por las intromisiones ilegales sufridas en los teléfonos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, con Pegasus. Según los Servicios Jurídicos del Estado, el de él fue atacado el 19 y el 31 mayo de 2021, días de gran tensión con Marruecos, mientras que el de ella lo fue en junio de ese mismo año.

Posteriormente los Servicios Jurídicos del Estado, que actúan en representación de los miembros del Gobierno afectados, ampliaron su denuncia con el ataque sufrido por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el intento registrado en el móvil del de Agricultura, Luis Planas. A propuesta de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el magistrado decretó también el secreto de las actuaciones.

"Colaboración permanente"

Se trata de un "mero formalismo", defiende la portavoz: "Se ha autorizado a los técnicos [del CNI], para que si son llamados por el juez, puedan dar cuantas respuestas sean oportunas"

Tras la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, explicó el paso dado este martes por el Gabinete de coalición: "Lo que se ha dado es una autorización para que los técnicos [del CNI], si son llamados por el juez, puedan dar cuantas respuestas sean oportunas". Se trata, pues, de un "mero formalismo" en una causa secreta. "No se ha desclasificado nada, no hay ningún documento clasificado", remarcó.

Preguntada si el Gobierno está dispuesto a levantar el secreto de documentos relativos al espionaje a los dirigentes independentistas, Rodríguez insistió en que el Ejecutivo siempre ha manifestado su "colaboración permanente con la Administración de Justicia", de modo que si reclama papeles los facilitará porque no tiene "nada que ocultar". El jueves comparece en el Congreso el presidente Sánchez, y ahí se comprobará si dirigirá algún anuncio a sus socios de ERC. El Govern persigue la desclasificación de oficio de las autorizaciones judiciales que respaldaron el seguimiento del CNI, pero por el momento el Ejecutivo solo está de acuerdo en levantar el secreto si lo demanda un juez.