El catalán en las escuelas

Las claves del ultimátum del TSJC sobre la inmersión y el enredo del pacto lingüístico

  • PSC, ERC, Junts y 'comuns' logran salvar el consenso con el impulso de nueva ley sobre el uso y el aprendizaje de la lengua catalana en las aulas de Catalunya

Las claves del ultimátum del TSJC sobre la inmersión y el enredo del pacto lingüístico
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Júlia Regué
Júlia Regué

Periodista

Especialista en información del Parlament de Catalunya, siguiendo la actualidad política catalana

Escribe desde Barcelona

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El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ordenó a la Conselleria d'Educació que ejecutara antes del 31 de mayo la sentencia que obliga a impartir al menos un 25% de horas lectivas en castellano en todos los centros educativos de Catalunya. Esta última interlocutoria provocó que Junts se volviera a sentar a negociar, pese a haberse descolgado del pacto a cuatro bandas -junto al PSC, ERC y 'comuns'- que suscribió el 24 de marzo para retocar la ley de política lingüística. Tras varias intensas jornadas de negociación, los partidos han logrado un acuerdo que pasa por el impulso de una nueva ley sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la educación no universitaria que no fija porcentajes, que mantiene el catalán como lengua vehicular y que reconoce el castellano como lengua curricular. Estas son las claves del periplo por flexibilizar la inmersión y encajar la sentencia judicial:

¿Qué exige el TSJC?

El periplo legal comenzó en 2015, cuando la Abogacía del Estado, en representación del Ministerio de Educación que pilotaba José Ignacio Wert, denunció la “inacción” de la Generalitat para cumplir con ‘ley Wert’, que mencionaba el castellano como lengua vehicular. La llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa propulsó una nueva norma, la ‘ley Celáa’, también referida a la ministra Isabel Celáa, con un texto muy ambiguo sobre el uso de las dos lenguas en la enseñanza y que fue apoyada por Esquerra al entender que blindaba la inmersión lingüística. Sin embargo, el criterio de los jueces sigue siendo el mismo porque interpretan que se tiene que “hacer efectivo el uso vehicular de las lenguas oficiales” y que, por lo tanto, la Generalitat debe aplicar el 25% de castellano en los planes educativos. El tribunal concreta en su última resolución que, además de la asignatura de lengua castellana, los colegios deberán impartir otra asignatura en castellano y esta deberá ser troncal.

¿Cómo reaccionará el Govern?

El Govern lleva meses maniobrando ante la Justicia para ganar tiempo y consolidar en un decreto una respuesta que permita sortear la aplicación de este fallo. Los recursos han sido constantes, pero sin éxito, porque los magistrados se han mantenido en lo dicho hasta llegar a admitir la ejecución forzosa que pedían entidades en favor del bilingüismo. El Executiu ha vuelto a recurrir, pero las opciones son cada vez más escasas para sortear el acatamiento ya que el órgano judicial que los resuelve es el mismo que dicta la resolución.

Así, se opta por una respuesta doble: de un lado, el pacto parlamentario para alumbrar una nueva ley sobre el catalán, y, por otro lado, un decreto ley del Govern que explicita el veto o la eliminación de cualquier porcentaje de catalán y castellano en las aulas y que apunta que los proyectos lingüísticos son acreditados por Educació, que asume la responsabilidad legal sobre ellos, eximiendo a los equipos docentes de cualquier posibilidad de ser perseguidos.

El ‘conseller’ Josep Gonzàlez-Cambray pidió calma a la comunidad educativa y sostuvo que los centros no deberán aplicar ningún cambio. Si finalmente el tribunal considera que no acata, puede exponerse a querellas por desobediencia que conllevan penas de inhabilitación para cargo público.

¿Por qué el pacto en el Parlament ha tardado tres meses?

Mientras el Govern avanzaba en su respuesta a la orden, los partidos seguían negociando una reforma de ley de política lingüística o bien una nueva normativa. PSC, ERC, Junts y 'comuns' registraron una proposición de ley el 24 de marzo que mantenía el catalán como "lengua vehicular" y que, a su vez, garantizaba el uso del castellano, dando margen a los centros educativos para definir sus proyectos lingüísticos. La posconvergencia congeló el pacto ocho horas después por la polémica que generó en algunos sectores del independentismo. Junts pidió en hasta tres ocasiones más tiempo para seguir negociando y evitar que el texto fuera al pleno. Pero la enésima resolución del tribunal puso a ERC, PSC y ‘comuns’ en tiempo de descuento, y Junts optó por descolgarse definitivamente del acuerdo porque, a su juicio, no reunía el consenso necesario con las entidades. Tras un ultimátum de los otros tres grupos que no tuvo consecuencias, siguieron negociando a cuatro hasta que cerraron un documento que pasa por una nueva ley sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la educación no universitaria que esquiva los porcentajes, que mantiene el catalán como lengua vehicular y que garantiza el castellano como lengua curricular.

¿Qué dice el pacto lingüístico?

La nueva legislación pactada a cuatro bandas fija que el catalán es la lengua "normalmente empleada" como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo "y la de uso normal en la acogida de los nuevos alumnos" mientras que el castellano "es empleado en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro".

Esto se traduce en un cambio relevante porque de cara al futuro "la determinación de la presencia de las lenguas oficiales en la enseñanza tiene que tener en cuenta la situación sociolingüística general, la de los centros y su entorno, los objetivos de la normalización lingüística y la evolución del proceso de aprendizaje lingüístico, oral y escrito, de acuerdo con los instrumentos de control, evaluación y mejora de las competencias lingüísticas".

Esto quiere decir que la presencia de uno u otra lengua debe ser determinada "exclusivamente" por "criterios pedagógicos y de forma singularizada para cada uno de los centros educativos". También se deja sobre papel que los proyectos lingüísticos serán validados por el Departament d'Educació, eximiendo así de posibles represalias sobre los directores o los docentes.