Govern de Pere Aragonès: La enfermedad incurable de la sanidad pública catalana

La sanidad pública catalana todavía no se ha recuperado de los recortes de 2010. Para entender su estado actual hay que remontarse a aquella época. La situación mejoró ligeramente en los últimos años, pero el presupuesto de la Generalitat destinado a Salut es prácticamente el mismo que en 2008. Hagan sus cálculos: 14 años después, la 'conselleria' que lideró la gestión de la pandemia de covid-19, que aún no ha acabado, sigue teniendo el mismo trozo del pastel. Esto se refleja en: precarios contratos laborales, falta de médicos y enfermeras y jornadas laborales imposibles. El primer año de Josep Maria Argimon como 'conseller' de Salut no ha revertido esta situación, ni tampoco ha fortalecido la atención primaria, la puerta de entrada del sistema.

La cifra la aporta el sindicato Metges de Catalunya. El presupuesto destinado a Salut este 2022 es de 11.200 millones de euros, pero a este número hay que restarle unos 1.500 que irán destinados a pagar la 'factura covid'. "Nos quedamos en 9.700 millones. En 2019, fueron 9.500 millones. En 2008, 9.096 millones", dice el secretario general, Xavier Lleonart.

Lleonart cree que Argimon tiene una "oportunidad histórica" para reconciliarse con el personal sanitario, pero opina que, a la vez, "va camino de desaprovecharla". "Pedimos que se equiparen nuestras condiciones laborales a los de los países del entorno. Se aprobó por mayoría en el Parlament. Si el Govern, no lo hace el crédito será cero", dice.

Los médicos de familia, que dentro de la sanidad han sido quienes más han soportado el peso de la pandemia, critican que Salut, lejos de haber incrementado la plantilla de los centros de atención primaria (CAP), ha contratado a "psicólogos y nutricionistas", en vez de a "médicos y enfermeras". "Los psicólogos ni siquiera son clínicos, así que estamos muy escépticos", dice Antoni Sisó, presidente de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (Camfic).

La Camfic denuncia la precariedad de los CAP, que no ha sido revertida, y pide una ley de atención primaria que garantice la universalidad y un financiamiento.

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