Ofensiva judicial

El abogado de Puigdemont denunciará en Europa al juez del CNI por su espionaje

El abogado de Puigdemont denunciará en Europa al juez del CNI por su espionaje

EFE

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Ángeles Vázquez
Ángeles Vázquez

Periodista

Especialista en Tribunales y Justicia

Escribe desde Madrid

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El abogado Gonzalo Boye es una de las 18 personas vigiladas por el CNI con la preceptiva autorización del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Lucas, quien como miembro de su Sala de lo Contencioso-Administrativo también ha intervenido en resoluciones que afectan a algunos de sus defendidos, entre los que figuran los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Quim Torra y los 'exconsellers' huidos Clara Ponsatí, Toni Comín y Lluís Puig.

El letrado, que ya ha interpuesto una querella por los 19 ataques sufridos con Pegasus que ha detectado, articulará su ofensiva judicial contra el magistrado del CNI por no haberse abstenido en estos asuntos, pese a que considera que conocía su estrategia de defensa gracias a la autorización judicial de la vigilancia de que fue objeto y que fue prorrogándose cada tres meses conforme planteaban los servicios de inteligencia.

En causas abiertas

Fuentes del entorno de Puigdemont señalan a EL PERIÓDICO que el primer paso será plantear lo ocurrido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el Tribunal General de la UE en los procedimientos ya abiertos, en los que ya constan resoluciones firmadas, entre otros magistrados, por Lucas en relación con los derechos de representación de Torra, Ponsatí, Comín y Puigdemont. El argumento es que al ser el magistrado que autorizaba las escuchas a su abogado defensor vulneró el derecho de defensa, al conocer la estrategia que se iba a desarrollar.

En manos europeas también se encuentran las dudas que elevó el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena sobre las euroórdenes ante la negativa belga a entregar a Puig por no considerar al alto tribunal español competente para reclamarle.

Aunque el magistrado del CNI autoriza las escuchas solicitadas por estos servicios y no es informado del avance de las pesquisas, las fuentes consultadas aseguran que sus autos estaban ampliamente motivados e incluyen datos que dan a entender que podía conocer los pasos que seguiría el letrado en ciertos procedimientos judiciales, motivo por el que los abogados gozan de una especial protección.

Antecedente de Garzón

La intervención de las comunicaciones de los detenidos por el caso Gürtel y sus abogados fue el motivo por el que el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón fue condenado y apartado de la carrera judicial, vía que el entorno del 'expresident' no descarta plantear, tras solicitar la nulidad de las actuaciones de las causas en curso, según adelantó este viernes El Confidencial y ha confirmado este diario.

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La ofensiva contra el que ha sido magistrado del CNI desde 2009 se suma a las distintas querellas presentadas por algunos de los más de 60 espiados con Pegasus, según destapó un informe del Citizen Lab, dependiente de la Universidad de Toronto. El propio Boye interpuso una querella contra la empresa israelí responsable del software espía que correspondió al Juzgado número 29 de Madrid, cuya titular, si lo considera necesario para dejar constancia en el procedimiento, podría solicitar la desclasificación de los autos en los que desde 2019 se acordaban las escuchas y que fueron mostrados por la directora del CNI en la comisión de secretos oficiales.

En el Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona se han ido acumulando otras, ya que desde hace más de un año investigaba las denuncias del expresidente del Parlament Roger Torrent y del exdiputado de ERC Ernest Maragall.