Análisis

Los claroscuros judiciales que persiguen a Juan Carlos en su regreso a España

El cierre de las diligencias fiscales por ser inviolable o por conductas prescritas evitó una causa en el Supremo, pero no disipó todas las dudas sobre el origen de su patrimonio

Los claroscuros judiciales que persiguen a Juan Carlos en su regreso a España
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Cristina Gallardo

El regreso de Juan Carlos I a España este jueves, tras casi dos años de estancia en Emiratos Árabes, ha vuelto a reabrir el debate sobre lo que los socios del Ejecutivo de Pedro Sánchez y buena parte del espectro social consideran una 'operación de blanqueo' que no servirá para ocultar un grave problema reputacional en torno a la figura del padre del rey, y ello con independencia del cerrojazo a las investigaciones sobre el origen de su patrimonio por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo. 

Tras la figura del rey emérito sigue habiendo 'claroscuros' judiciales que le perseguirán durante su estancia en Sansenxo (Pontevedra), dado que las pesquisas se cerraron por causas formales, como fueron la inviolabilidad del exmonarca hasta su abdicación en junio de 2014 -prevista en el artículo 56 de la Constitución-, la prescripción de otras conductas y la imposibilidad de perseguirle por fraude fiscal tras las dos regularizaciones con Hacienda por 678.393,72 a finales de 2020 y otros 4.395.901,96 euros en febrero de 2021, respectivamente.

El archivo de las tres diligencias fiscales abiertas en su día -por el cobro de una supuesta comisión de casi 65 millones de euros por la construcción del AVE a La Meca, por el uso de tarjetas de crédito opacas y por un fondo en el paraíso fiscal de Jersey- evitó la apertura de una causa judicial en el Tribunal Supremo, competente para investigar al ex monarca dada su condición de aforado, pero no ha podido disipar todas las dudas sobre el origen de su fortuna.

Dudas sobre fondos en Zagatka y Jersey

Estas dudas se apuntan en los propios decretos de archivo firmados por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que señaló expresamente en estos documentos que no se había podido "determinar con precisión la procedencia y la cuantía de los fondos" consignados en las cuentas de la Fundación Zagatka, vinculada a su primo Álvaro de Orleans. Desde esta entidad se abonaron entre 2014 y 2018 - es decir, tras la abdicación del monarca- cuantiosos gastos "por el uso de aviones privados y servicios de alojamiento originados por Juan Carlos de Borbón, sus familiares y allegados".

Las mismas dudas apuntó la Fiscalía respecto a la cuenta en Jersey, que hasta donde llegaron las investigaciones guardaba fondos que podrían proceder de donaciones realizadas entre los años 50 y 70 del pasado siglo por diferentes personas para apoyar el sostenimiento del entonces príncipe. 

Con relación a este fondo y la existencia de una presunta fortuna escondida del rey Juan Carlos planeaban sospechas desde finales de los años 90 a raíz de una investigación de Anticorrupción tras la suspensión de pagos de la filial española de la Kuwait Investment Office (KIO), a cuyo frente se encontraba el empresario Javier de la Rosa, muy cercano al monarca. 

Parte de dicho puzzle se conoció en el decreto de archivo, que reveló que Juan Carlos I fue beneficiario, hasta 2004, de dos 'trust' residenciados en dicho paraíso fiscal llamados Tartessos y Hereu (heredero en catalán), que habían sido constituidos por su amigo Manuel de Prado y Colón de Carvajal. El diplomático fue condenado en el caso KIO por apropiación indebida de fondos procedentes de la sociedad kuwaití, un dinero que jamás apareció.

Las comisiones del AVE quedarán impunes

Igualmente se puso fin a la investigación por el cobro de una supuesta comisión por la construcción del AVE a La Meca, puesto que no se pudo establecer por la Fiscalía española que los (100 millones de dólares) 64,8 millones de euros que el rey de Arabia entregó a Juan Carlos I -a través de la fundación Lucum en Suiza- tuvieran vinculación alguna con la adjudicación del proyecto. Se concluyó entonces que dicha cantidad sería "un regalo" que recibió como jefe del Estado, lo que podría ser constitutivo de un delito de cohecho, pero que "estaría claramente prescrito".

Se trataba una conclusión esperada, y más tras la decisión adoptada unas unos meses antes por la Fiscalía Suiza al archivar por su parte, por falta de pruebas, una investigación paralela que abrió tras conocer que Juan Carlos I había recibido el dinero y lo había donado en 2012 a su entonces amante Corinna Larsen, a quien investigaba por presunto blanqueo.  

El fiscal belga Yves Bertossa apuntó, no obstante, que tanto el rey como Corinna Larsen tuvieron "un deseo de ocultar" los fondos utilizando la Fundación Lucum, creada en Panamá, y empresas radicadas en paraísos fiscales (Bahamas). El tema ha quedado definitivamente cerrado tras la decisión de Anticorrupción de archivar también la parte que había quedado viva con respecto a los empresarios que firmaron los contratos para la construcción de la infraestructura.  

Flecos en Hacienda

Con todas estas vías cerradas, la Agencia Tributaria habría podido tomar ahora el relevo, al existir ahora margen para actuar por la vía administrativa sobre "algunos flecos" correspondientes a los años en los que la responsabilidad tributaria aún no ha prescrito, pero que no permitieron imputar ningún delito al emérito dado que el total de lo defraudado no superó los 120.000 euros, según advirtieron tras el archivo desde Asociación de Inspectores de Hacienda.

Entre estos 'flecos' pendientes estarían algunos de los gastos realizados por las fundaciones empleadas por el entorno del monarca, como Zagatka. Entre ellos, el de la compra de tres armas de fuego en junio de 2018 por un valor total de 102.000 euros que el aristócrata donó al exmonarca.

Juan Carlos aún tiene, sin embargo, una causa pendiente fuera de nuestro país, desde que el pasado 24 de marzo el Tribunal Superior de Londres dictaminara que el exmonarca español carece de inmunidad legal en Inglaterra tras su abdicación y, por tanto, es procedente la demanda por acoso interpuesta en su contra por su examante Larsen. En su resolución, apuntaba que la Constitución española no regula el régimen jurídico de un rey abdicado, pero que el Real Decreto de abdicación estableció que Juan Carlos I continuaría usando el título de rey de por vida, pero como título "honorario".

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La ex amiga íntima del monarca reclama ser indemnizada por los costes de su tratamiento médico de salud mental, por la "instalación de medidas de seguridad personal y servicios diarios de protección" y por la contratación a "exdiplomáticos y exfuncionarios del Gobierno" para que interviniesen con el fin de "poner fin al acoso" que dice haber recibido por parte de Juan Carlos y de miembros de los servicios de inteligencia (CNI) españoles.

Finalmente, también está pendiente conocer si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TSDH) admite el recurso presentado el pasado mes de abril por IU y el PCE por la inacción de la justicia española en el caso del rey emérito.