presunto desvío de fondos

El fiscal reclama el archivo de la causa contra Marín por las subvenciones en el Consell Esportiu

  • La acusación pública concluye que la alcaldesa actuó "sin ningún ánimo de ocultación" de las presuntas irregularidades del Consell Esportiu de L'Hospitalet y cumplió con sus obligaciones de controlar en buen fin de las ayudas

Núria Marín, al salir de los juzgados de l’Hospitalet, tras su declaración.

Núria Marín, al salir de los juzgados de l’Hospitalet, tras su declaración. / Ángel García

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J. G. Albalat
J. G. Albalat

Redactor

Especialista en Judiciales

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La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que investiga las supuestas irregularidades en el Consell Esportiu de L'Hospitalet de Llobregat que archive la causa abierta contra la alcaldesa, Núria Marín (PSC), al no apreciar que hiciera caso omiso de la denuncia que le hizo llegar el concejal Jaume Graells sobre el presuntos desvío de fondos de la entidad de promoción del deporte. "Actuó sin ningún ánimo de ocultación de los hechos que se pusieron en su conocimiento y, en consecuencia, sin hacer dejación de sus funciones", argumenta el fiscal Luis García Cantón.

En su escrito, expone que para que se cometa el delito de omisión del deber de perseguir delitos es preciso que la persona que recibe la denuncia de supuestas anomalías no haga movimiento alguno para investigarlas. Esto no ocurrió, incide la acusación pública, en el caso de Marín, pues "ordenó" la puesta en marcha de una auditoría en el Consell Esportiu con "el fin de esclarecer la veracidad de los hechos de los que fue informada". Incluso, apunta, esta decisión pareció "tranquilizar" al concejal, ya que éste anunció a la alcaldesa: "Ya se ha encargado la empresa para auditar; por fin".

“Parece razonable que la actitud, comportamiento y decisiones” de Marín, insiste el fiscal, “no pueden tener encaje en la idea de una dejación de funciones patente, manifiesta y total”. Explica, que la alcaldesa, tras escuchar a Graells y mantener una conversación con los posibles responsables de las irregularidades (el que era teniente de alcalde, Cristian Alcázar, y el concejal Cris Plaza), instó a que el Consell hiciera la auditoría, “cumpliendo con la obligación de controlar el buen fin de las subvenciones concedidas”.

Sin dejación de funciones

La fiscalía recalca también que "no hay ni un solo dato que permita deducir -nunca suponer o presumir- que por parte de la investigada se actuó en flagrante o evidente contradicción con el derecho, ni en la omisión de trámites en los distintos expedientes de subvención (sobre los que, por otra parte, no tenía ninguna competencia) ni en la adopción de resolución alguna, puesto que ninguna aparece en los expedientes tramitados".

En su opinión, no es de recibo atribuir a Marín una presunta prevaricación y malversación de fondos "alegando como único motivo" que como alcaldesa es la máxima responsable de las decisiones que se adoptan en el ayuntamiento. "Se nos antoja excesivo aplicar dicho razonamiento, so pena de convertir a cualquier edil en blanco, por presunción extensiva, de las denuncias o querellas que puedan interponerse contra cualquier autoridad o funcionario de ámbito local a falta de indicios que permitan deducir lo contrario", reprocha.

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En un anterior escrito, el fiscal apuntaba que la investigación que se está llevando a cabo se centraba, "no tanto en la legalidad de la vía elegida para conceder la subvención anual (ni siquiera en posibles irregularidades en la tramitación de los expedientes)", sino en la posibilidad de que cantidades destinadas a actividades deportivas "pasaran a engrosar el patrimonio privado de alguna de las personas" imputadas, "aprovechando su posición de privilegio" dentro del organigrama del Consell Esportiu.

De esta manera, la acusación solicitaba que se limite la pericial encargada a la Intervención General del Estado a una serie de cuestiones, como el cumplimiento del objeto de la subvención, si se desvió parte de la misma a fines distintos a lo previstos o si el Ayuntamiento comprobó la "adecuada justificación" de esas partidas. Descarta, a su vez, irregularidades en la gestión de otras subvenciones percibidas por el Consell por parte de la Diputación de Barcelona o la Generalitat.