'Caso Consell Esportiu': La Policía reprocha al PSC que no expedientara a los cargos imputados en L'Hospitalet

La Policía Nacional afea que el PSC no haya adoptado ninguna medida disciplinaria contra los principales imputados en la causa judicial abierta por las presuntas irregularidades en el Consell Esportiu de L'Hospitalet, el exteniente de alcalde Cristian Alcázar (que dimitió el mes pasado) y el exconcejal Cristian Plaza (que cesó en diciembre de 2020), a pesar de que dos de sus máximos dirigentes, Salvador Illa y Miquel Iceta, estaban al corriente de la investigación, según un informe al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Los investigadores han hallado en el teléfono móvil de la alcaldesa Núria Marín mensajes en los que les informaba de noticias o acontecimientos sobre este asunto.

Este reproche lo extienden los agentes a la misma Marín: "La alcaldesa pudo adoptar las medidas que sus atribuciones como autoridad le permiten, entre otras, la apertura de expedientes disciplinarios o de investigación sobre los hechos, incluso con posterioridad a la actuación policial y judicial" y "no hizo nada al respecto". Recrimina también la Policía que no exigiera dimisiones. El análisis del móvil de la regidora no aporta datos novedosos sobre las presuntas anomalías en el Consell Esportiu, ni conversaciones claramente incriminatorias contra ella. Los agentes insisten, sin embargo, en que supuestamente existió una "abstención objetiva y deliberada" por parte de la alcaldesa al no dar "el debido tratamiento" a la "noticia criminis" (revelación de la comisión de un hecho presuntamente delictivo), al no denunciar.

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Auditoría incompleta

Marín tuvo conocimiento de las presuntas irregularidades en febrero de 2020, cuando el también concejal Jaume Graells se lo explicó. Este regidor le envió un mensaje el día 3 de ese mes: "Núria, necesito hablar contigo. He recibido información de anomalías de gestión del Consell Esportiu. Debería ser esta semana. Mínimo una hora porque tiene tela. Ya me dirás". Al día siguiente, Graells se reunió con la alcaldesa. Posteriormente, hizo lo mismo con Alcázar y Plaza y estos le negaron las irregularidades. Al final, el Consell Esportiu encargó una auditoría que no concluyó por la operación policial. El ayuntamiento no podía acordarla porque se trataba de una entidad privada sin ánimo de lucro, aunque en su directiva hay representantes del consistorio. Los agentes sostienen que Marín no era ajena a la gestión de la auditoría.

"Está pasando mucho tiempo sin que hagamos nada", escribió Graells a Marín al cabo de unos días. "Consta como leído", apuntan los agentes sobre dicho mensaje. El informe incide en que la dirigente socialista tuvo conocimiento "claro, expreso y concreto" a través de este concejal de las irregularidades en el Consell, como dietas supuestamente injustificadas, un presunto despido amañado o un "desfase económico". Según la Policía, Marín debería haber actuado. "Dicha inacción ha permitido que los responsables pudieran articular mecanismos para desacreditar al denunciante", concluye el informe. Que la alcaldesa contestara con un simple "ok" a mensajes enviados por Graells supone para los agentes que Marín no mostraba un especial interés por lo que este le explicaba y por "ahondar" en los hechos bajo sospecha. "No se observa así con el denunciante, ni un tan siquiera como te encuentras, haciéndole caer prácticamente en el ostracismo", argumentan.

"Actitud empática"

El informe deduce, en cambio, que en el "iter comunicativo" desplegado por la alcaldesa con "los responsables" de las supuestas irregularidades (los investigados Alcázar y Plaza) y con "el entorno más cercano", se aprecia una "actitud empática y consensuada". Y agrega que las conversaciones "ponen de manifiesto" que Marín presta "su atención y apoyo" a sus dos compañeros de partido imputados. La Policía va más allá y argumenta que constatan "un interés entre los investigados y la alcaldesa por minimizar los riesgos respecto a sus actuaciones e influenciar, de algún modo, en miembros de la comisión directiva [del Consell] hacia sus intereses". El atestado no solo analiza los mensajes encontrados en el teléfono móvil de Marín, sino en los de los otros imputados y lo cruza con sus declaraciones.

El informe desvela que se creó un grupo de WhatsApp denominado "Crisis" en el que participaban miembros del consistorio, entre ellos la alcaldesa, y en el que sus miembros compartían comentarios e informaciones publicadas en la prensa sobre las irregularidades. Sobre su contenido, la Policía concluye que, "a pesar de estar compuesto" por personas "relevantes" y "con capacidad de decisión" del propio ayuntamiento, "no se observan conversaciones que apunten a ningún interés por esclarecer los hechos" que conllevaron "la detención de personas de su propio gobierno (Alcázar y Plaza)".

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