Investigación

Los ecologistas denunciaron los contratos millonarios de Enresa a empresas vinculadas al marido de Cospedal

La Plataforma subrayaba la supuesta “sincronización” entre el nombramiento de Francisco Gil-Ortega como presidente de Enresa y la entrada de Ignacio López del Hierro en Iberinco

Los ecologistas denunciaron los contratos millonarios de Enresa a empresas vinculadas al marido de Cospedal
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Tono Calleja
Tono Calleja

Periodista

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La Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Cuenca señaló, el 7 de enero de 2016, en una ampliación de la denuncia que había registrado en 2015 ante la Fiscalía Anticorrupción, a María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, como presuntos autores de los delitos de tráfico de influencias y malversación de fondos públicos por adjudicaciones relacionadas con el cementerio nuclear de Cuenca promovido por la empresa Enresa. La denuncia de los ecologistas fue distribuida en una nota de prensa por el colectivo ciudadano, en el que participa la ONG Ecologistas en Acción.

Se da la circunstancia de que el nombre de esta empresa pública aparece en las agendas de Villarejo como una supuesta vía para pagar una deuda de alrededor de 100.000 euros que el comisario jubilado reclamaba a la que era en ese momento secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha.

El entonces presidente de la compañía, Francisco Gil-Ortega, persona de la máxima confianza de Cospedal, ha negado a este diario haber conocido a Villarejo, y mucho menos haberle abonado un pago de 100.000 euros desde Enresa, como sugieren las anotaciones personales del comisario.

Las claves de la denuncia

Desde la entrada de López del Hierro en Iberinco hasta la actualidad, se apunta en la denuncia de los ecologistas, esta firma (directamente o a través de empresas participadas), recibió a través de adjudicaciones de Enresa cinco contratos, por valor de 36,99 millones de euros sobre un total de 54,71 millones, todas relacionadas con el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca). Es decir, más de dos tercios de las adjudicaciones de Enresa relacionadas con el cementerio nuclear.

En todos los casos fueron uniones temporales de empresas (UTE), en las que participa Iberinco o bien firmas como GHESA y Empresarios Agrupados, en las que esta sociedad tiene una importante participación accionarial.

En la denuncia y su ampliación, la Plataforma subrayaba la supuesta “sincronización” entre el nombramiento de Francisco Gil-Ortega como presidente de Enresa y la entrada de Ignacio López del Hierro en Iberinco. Ambos en mayo de 2012. También se alude a la “estrecha relación” entre María Dolores de Cospedal y Gil-Ortega, persona de su confianza, con una larga trayectoria política (entre otros cargos fue alcalde de Ciudad Real y presidente de las Cortes Regionales) y con “nula” experiencia en el sector nuclear. Este periódico no ha podido confirmar si la denuncia ha sido archivada o no por Anticorrupción.

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En la nota de prensa, la Plataforma recuerda que el expresidente de Enresa tuvo que dimitir, en febrero de 2015, cuando estaba a punto de adjudicar la Obra Civil Principal, con un valor de licitación de 217.760.000 euros (IVA no incluido). “El ministerio de Industria desautoriza a Gil-Ortega por las prisas de adjudicar la obra principal sin tener ninguno de los permisos preceptivos y en especial el dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear”, prosigue la nota del colectivo en su web.

Precisamente, la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ya pidió en enero de 2020 al Ministerio de Transición Ecológica que se auditaran e "investigaran" las cuentas del Almacén Temporal Centralizado, al considerar que en la construcción del silo en la localidad conquense de Villar de Cañas "había mucho negocio", en alusión a Ignacio López del Hierro.