Lo que sabemos y lo que no sabemos y deberíamos saber en el Catalangate

La directora cesada -que no sustituida querida ministra Robles- del CNI, Paz Esteban explicó en la comisión de secretos oficiales que el centro había realizado escuchas a 18 personas, entre ellas el actual presidente Pere Aragonès, con una orden judicial basada en su participación en las protestas contra la sentencia del procés. El viernes pasado el diario El Mundo daba más detalles del asunto de los que revelaron los diputados al salir del Congreso y publicó un entrecomillado de esa autorización: “la intervención telefónica es la única fórmula para evitar una secesión”. Listo. Se trata de unas escuchas contra la antiEspaña y no se hable más. También sabemos, porque lo ha explicado Juanjo Fernández, que el CNI, a diferencia de la policía, suele añadir a las escuchas a cuantos teléfonos se le cruzan en su camino sin ampliar la orden del juez. De ahí que de los 18 reconocidos en el Congreso pasemos a los 66 identificados por el Citizen Lab. Pero, a la vez, sabemos, lo han explicado Tono Calleja y Jesús Albalat, que el entorno de Villarejo y la policía patriótica hicieron varios intentos de adquirir tecnología como la de Pegasus para sus tropelías aunque al final en aquella ocasión compraron antenas convencionales de escuchas de proximidad no de infiltración en los dispositivos. Si las escuchas no afectaran a la sagrada unidad de la patria, ¿no se deberían investigar como un caso de violación de derechos fundamentales al sospechar que se han excedido los límites de la autorización judicial o que miembros de los cuerpos de seguridad corrompidos pudieron realizar escuchas ilegales luego amparadas por ese juez que lleva 13 años tratando los asuntos del CNI como recuerda Ernesto Ekáizer? Más cuando sabemos en el camino de los espías se cruzó el teléfono del un abogado que participaba en un juicio en el mismo tribunal que autorizó las escuchas.

España no es la democracia de cartón piedra que tratan de dibujar los independentistas para desacreditarla. Pero todo estado democrático debe estar vigilante. No hace tanto, Alemania investigó la posible infiltración de la extrema derecha en sus servicios de espionaje. ¿No sería el momento de aclarar algunas dudas que plantea lo ocurrido con Pegasus? Todo indica que hay resquicios en las instituciones del Estado de funcionarios que consideran que su quehacer está por encima de los políticos, o sea, de los ciudadanos a los que tratan como menores de edad. El infantilismo de algunos no debería confundirse con el sentido común de casi todos. Y en ese sentido común cabe que se escuche para evitar peligros contra la democracia pero no cabe que sea un mismo juez que lo controle durante años o que no participe el fiscal en ese control.

En todo caso, Pegasus ya tiene un legado político. Como pretendieron algunos en la reforma laboral, hay una mayoría en el Parlamento sin Esquerra como se ha demostrado en las votaciones de las medidas contra la guerra o de la ley de Seguridad Nacional. El diálogo corre un serio riesgo de pasar a mejor vida. Y en Cataluña ni siquiera ha empezado en serio, pero el primer conato en el tema lingüístico ha derrapado. Ganan los que consideran que las escuchas son la única manera de evitar la secesión. ¿Quién les ha votado?