Los indultos del 'procés' pasarán un segundo examen en el Supremo

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo se rige por ritmos distintos a los de la Sala de lo Penal, incluso a la hora de configurarse, porque sus magistrados rotan para integrar la sección que decide la admisión de asuntos. Esa circunstancia, sumada a la jubilación de quien presidía la Sección Quinta, encargada de resolver los recursos presentados contra los indultos del 'procés', ha alentado las esperanzas de quien se opuso a su concesión ante la posibilidad, como ya informó EL PERIÓDICO, de que revoque la decisión que ella misma adoptó.

Ello puede ser posible a través de los recursos de súplica interpuestos por los recurrentes frente a la decisión de la Sala de negarles legitimidad para oponerse a la gracia concedida por el Gobierno, porque ninguno de ellos eran perjudicados directos del delito que provocó la condena. La decisión fue adoptada por la mínima y dos de los magistrados partidarios de negar la legitimidad ya no están en la Sección. Son su expresidente Segundo Ménendez y Ángeles Huet, ahora en la sala de admisión. Por Huet entró Inés Huerta, de la que se presume que se alineará con los dos magistrados que en el primer 'examen' de los indultos quedaron en minoría: Wenceslao Olea y Fernando Román.

Ambos explicaron en su voto particular que la falta de legitimidad para impugnar los indultos solo era posible resolverla antes de llegar a la sentencia definitiva en el caso de dos de asociaciones recurrentes, Convivencia Cívica y Propatrimonium Sijena y Jerusalén, porque era clara. Pero la de los demás recurrentes, diputados del PP, Cs y Vox y el exdelegado del Gobierno en Catalunya Enric Millo, no era tan obvia como para declararla entonces.

De confirmarse que Huerta se suma a su posición serían tres magistrados frente a dos los partidarios de no rechazar, al menos en ese momento procesal, los recursos contra los indultos, lo que significará que seguirán vivos, aunque en el fallo definitivo puedan volver a ser rechazados tanto por falta de legitimación o porque su concesión está en manos del Gobierno.