Caso Mascarillas

El juez se centra en el correo facilitado a los comisionistas en vísperas de la declaración del primo de Almeida

Pregunta al Ayuntamiento si en 2020 existía una dirección destinada a recibir ofertas de material sanitario y cómo se publicitó

Solicita un informe a ciberdelincuencia por las sospechas de falsedad en los documentos entregados a los bancos por Medina y Luceño

El comisionista Luis Medina.

El comisionista Luis Medina. / EP

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El instructor de la causa por el pelotazo de material sanitario en el Ayuntamiento de MadridAdolfo Carretero, centra sus pesquisas en el correo municipal que los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño obtuvieron por vía del primo del alcalde de Madrid, Carlos Martínez-Almeida, y que les permitió el acceso a un sustancioso contrato del que obtuvieron casi seis millones de euros en comisiones. En vísperas de la declaración ante el juez de este familiar, el juez ha pedido al Ayuntamiento que informe si al inicio de la pandemia, en marzo de 2020, existía un correo electrónico destinado a recibir las ofertas y el modo en que se publicitó.

En el auto en el que acuerda estas diligencias, que fueron solicitadas ayer mismo por la representación procesal de Unidas Podemos, el titular del Juzgado de Instrucción número 47 se interesa, en el caso de que se le acredite la existencia de dicho correo, que se aporten al procedimiento los mensajes remitidos a dicha dirección por los empresarios investigados, "con los archivos que se hubieren adjuntado a dichos correos". Esta diligencia trata de aclarar cómo fue el contacto que permitió la adjudicación del contrato -que se hizo por vía de emergencia sin concurso público-, y si puede deducirse algún trato de favor al respecto. 

Silencio del ayuntamiento con los grupos

La naturaleza del correo electrónico al que accedieron los comisionistas es un extremo que los partidos en la oposición han tratado de aclarar desde que estalló el caso. Así, el concejal de Más Madrid Miguel Montejo presentó una petición formal de información el pasado 7 de abril que aún no ha sido contestada.

En dicha petición, a la que ha tenido acceso este diario, el concejal se interesaba por conocer si fue habilitada una dirección de correo electrónico para recibir las ofertas de suministro de compra de material sanitario durante el año 2020 y, en tal caso preguntaba cuál era esta dirección, quién tenía acceso al buzón cómo se dio a conocer al mercado. También pedía copia de todos los correos electrónicos y de toda la documentación asociada recibida en esta cuenta de correo electrónico entre el 13 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2020.

El asunto del 'mail', según las acusaciones populares personadas, queda en entredicho tras la declaración este lunes en calidad de testigo de María Díaz de la Cebosa, que fue la persona utilizada por Medina para conseguir un contacto con el gobierno municipal para ofrecer material sanitario.

Se trata de aclarar si en el mensaje enviado a la dirección aportada por el familiar del alcalde se usó algún tipo de llamada de atención que abriera las puertas a la oferta de Medina y Luceño respecto de otros empresarios interesados, o si se acordó alguna ventaja en supuestas conversaciones telefónicas que mantuvieron los implicados.

Carlos Martínez-Almeida comparecerá este jueves ante el juez, el fiscal Anticorrupción Luis Rodríguez Sol y las acusaciones en calidad de testigo, después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 47 rechazara llamarle como imputado, tal y como pedían algunas de las partes. La razón, que no se dan los indicios para considerar que esta persona presionara a ningún funcionario municipal a lo largo de su intervención en este asunto, lo que supondría un delito de tráfico de influencias que por el momento no se contempla.

En el auto de citación, sin embargo, el juez señala que su testimonio es conveniente "para conocer el modo en que los investigados contactaron con la persona encarga de la contratación en el Ayuntamiento de Madrid, y si hubo algún trato de favor con los mismos".

Mensajes con los bancos

 Por otro lado, y también a petición de

Podemos

y del fiscal del caso, el juez pide a la Unidad Especializada de Policía Nacional en criminalidad informática que recaben y analicen los mensajes, la documentación original remitida por medina y Luceño a sus sucursales de Deutsche Bank y de Caixabank -entidades en las que ambos tenían las cuentas donde recibieron el pago por la operación-, para justificar el origen de las transferencias que recibieron de la empresa de malaya Leno, que es la que sirvió el producto.

Según el informe realizado por Anticorrupción, es preciso tener constancia de la autoría y fecha creación de los mismos ante las sospechas de falsificación y de que pudieran haber sido creados 'ad hoc' una vez requeridos por los bancos. 

El informe afirma que los datos aportados por los bancos "son de capital importancia para la investigación, pues demostrarían que los anteriores documentos, fechados en los años 2018 y 2019, fueron elaborados en realidad por uno de los investigados poco antes de su remisión a las entidades bancarias".

Los datos y la fecha de creación de estos documentos "pueden ser determinantes", según el Ministerio Público, que añade que el informe que realice ciberdelincuencia sobre los mismos tendrá "un grado de fiabilidad mayor" que el realizado por la mera comprobación del apartado "propiedades" que se ha hecho hasta ahora.