La querella del abogado de Puigdemont por Pegasus corresponde a una jueza que estuvo en Interior con el PP

La lista de juzgados en los que se juega la ofensiva judicial por el espionaje sufrido a través de Pegasus va ampliándose. La querella presentada por Gonzalo Boy, abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, por los al menos 19 ataques que sufrió entre enero y mayo de 2020 y el 30 de octubre de ese mismo año ha correspondido por reparto al Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid, informaron a EL PERIÓDICO fuentes jurídicas.

Su titular es Cristina Díaz Márquez, que fue portavoz regional de la Asociación Profesional de la Magistratura y ha tenido algunos cargos de carácter técnico con Gobiernos del PP siempre relacionados con la seguridad.

Según consta en el currículum que en su día hizo público el Ministerio del Interior, en febrero de 2012 fue nombrada directora general de Política Interior hasta que en julio de 2015 pasó a ser directora general de Seguridad de la Comunidad de Madrid, bajo la presidencia de Cristina Cifuentes.

En noviembre de ese mismo año asumió la Dirección General de Justicia y Seguridad y en febrero de 2017 volvió a ser nombrada directora general de Política Interior con Juan Ignacio Zoido al frente de Interior, cargo del que fue cesada por el actual ministro, Fernando Grande-Marlaska.

Informe al fiscal

La magistrada previsiblemente tendrá ahora que solicitar informe al fiscal para después pronunciarse sobre la admisión a trámite de la querella, diligencia que es prácticamente obligada cuando se denuncian hechos que son constitutivos de delito.

Boye se querelló por delito de descubrimiento y revelación de secretos contra las empresas israelíes NSO y Q Cyber Technologies, la luxemburguesa Osy Technologies, tres de sus responsables y cuantas personas estén involucradas en la intromisión ilegítima de su teléfono.

A través de Twitter

En el escrito de más de un centenar de páginas el abogado asegura haber sido víctima entre enero y mayo del año 2020 de al menos 18 ataques mediante Pegasus, a través de mensajes SMS que contenían un enlace “malicioso”, disfrazado de notificaciones de Twitter relacionadas con supuestos tuits de organizaciones como la oenegé Human Right Watch o el diario 'The Guardian'.

El otro ataque fue el 30 de octubre de ese año, lo que "coincide con relevantes eventos a efectos profesionales del querellante, como letrado en ejercicio", porque 48 horas antes había sido arrestado Josep Lluís Alay", excoordinador de Políticas Internacionales de la Generalitat. De ahí que al secreto de las comunicaciones y al derecho a la intimidad que tiene como cualquier ciudadano, sume el secreto profesional y el derecho de defensa de sus clientes.

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