Decenas de querellas y denuncias

La ofensiva judicial por el espionaje con Pegasus se jugará en una decena de tribunales

La Audiencia Nacional, juzgados de Madrid, Barcelona y de cinco países recibirán las querellas y denuncias de los afectados

La toga de un magistrado, en los juzgados de plaza Castilla de Madrid.

La toga de un magistrado, en los juzgados de plaza Castilla de Madrid. / AGUSTÍN CATALÁN

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Ángeles Vázquez
Ángeles Vázquez

Periodista

Especialista en Tribunales y Justicia

Escribe desde Madrid

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La Audiencia Nacional, el Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona, otro de Madrid, el Supremo y tribunales de otros cinco países verán de una forma u otra el espionaje realizado a través de Pegasus. Lo harán unos u otros en función del lugar donde se encontraba la víctima de estas prácticas cuando sufrió el ataque y la estrategia judicial que elija, que no siempre coincide.

La Abogacía del Estado, en nombre del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, se decantó por la Audiencia Nacional para denunciar las dos intromisiones que sufrió el primero el 19 y el 31 de julio del año pasado, y ella, en junio.

En su caso la elección era fácil, porque la autoría de momento solo se conjetura, lo que impide que la iniciativa pueda dirigirse contra alguien en concreto, y entre las competencias de la Audiencia Nacional figuran los delitos contra "altos organismos de la nación", entre los que no hay dudas de que están los miembros el Ejecutivo.

Acumulación por origen

Moncloa desliga el espionaje que ambos sufrieron del denunciado por 65 independentistas catalanes, a partir de un informe del Citizen Lab, dependiente de la Universidad de Toronto. Tras la celebración de la comisión de secretos oficiales del Congreso se supo que el CNI, con la preceptiva autorización judicial, estuvo detrás del de 18 de ellos, entre ellos, el del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, cuando era vicepresidente.

Ello descarta cualquier posibilidad de acumulación con la causa seguida en la Audiencia Nacional, porque, a las dudas sobre si un presidente autonómico está entre los protegidos por el precepto que regula las competencias de la Audiencia Nacional, se suma que el origen de la intromisión es diferente.

La mayoría de los escritos se dirigen contra la empresa israelí que diseñó el 'software' espía, pero alguno apunta al Gobierno

De los 65 no todos han denunciado ya. Gonzalo Boye, abogado del 'expresident' Carles Puigdemont, se ha querellado en los juzgados madrileños contra las empresas israelíes que comercializan el software espía. Se decidió por la capital por ser donde tiene fijada su residencia, pero no descarta ampliar las actuaciones a las ciudades donde estaba en el momento de los al menos 19 ataques de los que considera haber sido víctima.

No obstante, la mayoría de las denuncias se están presentado en Barcelona. El Juzgado de Instrucción número 32 de esta ciudad investiga desde hace más de año y medio el presunto espionaje denunciado por el expresidente del Parlament Roger Torrent y el exdiputado y líder de ERC en la ciudad condal, Ernest Maragall. Las de Òmnium Cultural y la CUP, también dirigidas contra la empresa israelí NSO, se han adelantado a las que siguen esta senda.

El ‘expresident’ Quim Torra, en cambio, anunció en Twitter que con el exvicepresidente del Parlament Josep Costa se querellarán contra Sánchez y su Gobierno, lo que solo puede hacerse ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, al ser el único que puede investigar y juzgar a los miembros del Ejecutivo.

Fuera de España

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Además de las iniciativas presentadas en tribunales españoles, desde la sede del Parlamento Europeo, Puigdemont y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, anunciaron que llevarían sus querellas a Bélgica, Suiza, Luxemburgo, Alemania y Francia, para que también se pronuncien sus tribunales aprovechando la circunstancia de que se encontraban en esos países cuando sufrieron los ataques.

De esta manera consiguen uno de los objetivos que al menos el primero ha mantenido durante todo el 'procés': internacionalizar el caso, en busca de resoluciones que cuestionen las dictadas por la justicia española.