CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Las 11 leyes que el PSOE confía en sacar adelante pese a la tensión con ERC por Pegasus

La intención del Partido Socialista es mantener la legislatura, entre otras razones por pura aritmética: incluso la ruptura con los 13 representantes de ERC en el Congreso deja intacto un bloque de 23 diputados para aprobar nuevas leyes

Las 11 leyes que el PSOE confía en sacar adelante pese a la tensión con ERC por Pegasus
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Ángel Alonso Giménez

Se ha producido un caso de espionaje a dirigentes independentistas en una legislatura que depende en gran medida de 13 diputados independentistas, todos de ERC. Pese a todo, no son imprescindibles para que la legislatura siga su curso y las leyes se sigan aprobando en el Congreso. La dirección parlamentaria socialista tiene los cálculos tan interiorizados que la marcha del partido catalán de las probables alianzas genera inquietud política, pero no angustia. La legislatura no peligrará mientras las sumas salgan.

En legislaturas fragmentadas, la aritmética manda casi tanto como quien ejerza la Presidencia del Congreso. Ahora que ERC ha transmitido que la agenda social del Gobierno puede dejar de importarle, la cúpula del grupo del PSOE ha hecho una lectura política y una simple resta. La lectura política tiene que ver con la apuesta por el diálogo en Cataluña como la única garantía actual de distensión, lo que, apuntan en el partido de Pedro Sánchez, era necesario después de la reacción a la sentencia del Tribunal Supremo de octubre de 2019. El punto de encuentro con ERC al respecto tuvo una variable madrileña: la forja de una alianza más o menos estable en el Congreso de los Diputados para sacar adelante la agenda reformista de Sánchez. La apuesta cristalizó en la negociación previa y en la sesión misma de la investidura.

La simple resta ilustra el pragmatismo que empieza a imperar en esta segunda mitad de legislatura, que avanza muy rápido. Y es la siguiente: el bloque de potenciales aliados del Gobierno lo forman 36 diputados, que son los 13 de ERC, los 6 del PNV, los 5 de EH Bildu, los 4 del PDeCAT y otros ocho de un corolario de formaciones pequeñas, nacionalistas y regionalistas (Más País, Compromís, BNG, Teruel Existe, Partido Regionalista de Cantabria, Nueva Canarias y la ex diputada de Unidas Podemos Meri Pita). Quitar a los de ERC de este conjunto depara un número clave para que avance la legislatura y se sigan aprobando leyes: 23.

Esta aritmética no es una hipótesis ni un probable escenario futuro. Ha ocurrido ya. Así se salvó el decreto del Plan Nacional de Respuesta a la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania, el segundo más importante de lo que va de año tras el de la reforma laboral.

La complejidad de unirlos a todos

El Gobierno de PSOE y Unidas Podemos tiene ahora 153 escaños. Para llegar a los 176 de la mayoría absoluta, justo a ese umbral, ya pueden imaginar qué número hace falta, y por tanto, con ERC al margen, qué partidos de los habituales aliados se van a volver (o se pueden volver) imprescindibles. En la plana mayor socialista no descartan, además, puntuales pactos con el PP, lo que no requiere muchos ejercicios matemáticos, pues entre ambos superan los 200 escaños.

Por tanto, el camino por el que más o menos se vislumbra el futuro del Ejecutivo de coalición sigue definido en el mapa, aunque con algunos manchones. El horizonte no se ve despejado, no puede verse; es imposible cuando en política hay que alcanzar el consenso con más de una decena de partidos y organizaciones diferentes. Pero entre ese trabajo de negociación constante y un devenir absolutamente negro que aboque al final de la legislatura hay un trecho grande.

Para la dirección parlamentaria socialista, es evidente que el respaldo más o menos garantizado de los 13 diputados de ERC facilitaría mucho el día, sobre todo cuando hay que conciliar el maremoto político con la obligación legislativa. Recientemente el Gobierno sacó adelante dos normas muy relevantes: la de telecomunicaciones y la de igualdad de trato y no discriminación. La primera fue posible porque el PP, sobre todo el PP, estuvo de acuerdo; la segunda fue posible porque arrastró el visto bueno del bloque progresista del Congreso, que sigue siendo mayoritario al margen de alianzas aseguradas entre ellos.

El PSOE tiene en cartera unas cuantas más: 11 en concreto. Son normas que cuando empezó el año parlamentario, en febrero, se fijaron como prioritarias. Los plazos se acortarían o expandirían en función de dos variables: la atmósfera política (que efectivamente condiciona todo; otra cosa es que llegue a bloquear leyes) y la carga de trabajo en el Congreso de grupos más pequeños, a los que cuesta muchísimo compatibilizar trámites de normas, sobre todo si son amplias, técnicas y ambiciosas.

Para formaciones como el PNV o EH Bildu, 6 y 5 diputados respectivamente, y más o menos otros tantos asesores en cada caso, sería un mundo la tramitación, a la vez, de una ley como la de telecomunicaciones y de otra como la audiovisual. De hecho, la Comisión encargada de modificarlas y elevarlas al pleno, la de Asuntos Económicos, ha decidido que se hagan secuencialmente: primero una, luego otra, y así, pero nunca a la vez.

La idea de la cúpula socialista no se ha movido a pesar de Pegasus, indican sus fuentes a este periódico. Hay que intentar aprobar cada una de esas 11 leyes, y si no, todas las que se puedan. Este periodo de sesiones en el Congreso, de febrero a junio, estaba predestinado a ser muy fértil en términos legislativos y el PSOE ha elegido preservar el objetivo, consciente, pese a todo, de las dificultades. Dificultades que tienen que ver con la necesidad de aglutinar intereses de tantos partidos distintos y con los tiempos.

Porque no ayuda que haya elecciones andaluzas en junio, pues queda neutralizada una semana del calendario de sesiones plenarias, ni ayuda el escándalo del espionaje con Pegasus. En ERC, mientras no se pacifique la controversia, tienen claro que su implicación en la agenda del Gobierno va a ser nula, testimonial como mucho, puntualizan cargos del partido independentista.

Por si fuera poco, está previsto un debate sobre el estado de la nación, en junio si el ambiente con los aliados está más tranquilo. No se descarta julio, previa convocatoria de pleno extraordinario.

Leyes sociales y económicas

Empecemos por las normas con más opciones de cuajar. La primera de ellas es la la ley de garantía integral de la libertad sexual, más conocida como "ley del sólo sí es sí", cuyo informe de ponencia parlamentaria ya está hecho. Queda el visto bueno de la Comisión de Igualdad, seguramente el 18 de mayo, y su posterior aval por el pleno. Otras dos normas muy avanzadas, pendientes del último paso son la ley de calidad de la arquitectura y la ley sobre rehabilitación edificatoria.

Fuentes parlamentarias sitúan la nueva ley audiovisual como la siguiente en llegar. Los grupos se han estado reuniendo por separado para ir superando diferentes escollos, y por lo que cuentan, eso ha sucedido. La dirección socialista detecta buena predisposición en el PNV y en EH Bildu, e incluso en Cs, lo que puede presagiar un resultado optimista. La entrevista con los interlocutores de ERC se celebrará la semana que viene, y las citadas fuentes reconocen que es un enigma qué hará la formación republicana. Su despliegue para cambiar la norma quedó patente cuando tocó negociar los presupuestos vigentes. Creen en el PSOE que sería extraño que Esquerra se desconecte del apoyo a una regulación que sabe que es fundamental para el sector audiovisual catalán.

Otras dos normas económicas, previsiblemente a tramitar a después del verano, son la ley sobre el ecosistema de empresas emergentes y la ley para la creación y crecimiento de empresas. Ambas persiguen la eliminación y reducción de trabas en la puesta en marcha de nuevos proyectos, esencialmente autónomos. La primera, que tiene el sobrenombre de "ley CREA", gira al mundo digital, que es una de las preferencias del Gobierno y del Plan de Recuperación de la UE posterior a la pandemia. Asimismo, el Gobierno intentará tener lista antes de que acabe junio la ley del deporte y la ley de seguridad nacional, expuesta a un debate de totalidad (propuesta de devolución) el jueves que viene.

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Éstas serían las normas con más papeletas para salir pronto de la lista de espera, incluidos la de cariz económico y empresarial. Otras no van a correr la misma suerte. No es tanto que vayan a aparcarse, quizá condenadas al olvido, como que se vayan demorando y demorando (y entonces sí, cayendo en el ostracismo). Una es la ley concursal, sobre la que los diputados de la Comisión de Justicia han tenido comparecencias y recibido aportaciones de expertos y representantes de grupos concernidos. Es una norma complejísima.

Y las otras dos no son menores, tanto por simbología política como por expectativa política y pública. La nueva ley de seguridad que derogue la "ley mordaza" ya lleva tiempo bloqueada y fuentes parlamentarias no auguran un pronto desbloqueo. La ley de vivienda, aunque en fase de construcción en la comisión del Congreso correspondiente, está muy lejos de reunir el nivel de acuerdo necesario para que prospere. No gusta al PP, no gusta a Cs, por aquí no puede avanzar de momento. Pero tampoco gusta a la izquierda. Su futuro sí se ve oscuro, casi negro.