Investigación

Paz Esteban & Margarita Robles, dos mujeres que sabían demasiado

La ministra de Defensa ha anticipado en pocas líneas lo que puede esperarse de la comparecencia de la secretaria de Estado-directora de CNI ante la Comisión de Secretos Oficiales: las escuchas a lideres independistas fueron autorizadas por el magistrado del Supremo

La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante su comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante su comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso. / JOSE LUÍS ROCA

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Ernesto Ekaizer
Ernesto Ekaizer

Escritor y periodista.

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La brújula estratégica personal y política de Margarita Robles –que no la de la Unión Europea para ser actor global en materia de seguridad para la cual solicitó su comparecencia ante la comisión de Defensa del Congreso– no pudo ser más clara. Por los términos empleados y por la referencia, por así decir, 'ad femina'.

“Me siento particularmente orgullosa de los 3.000 hombres y mujeres del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)… con su compromiso inequívoco con el estado de derecho”, dijo en general. “La directora del CNI está aguantando imputaciones que no se corresponden con la realidad”, enfatizó al recordar que no puede defenderse por su deber de secreto.

Y aquí, en el carácter reservado y clasificado de la información, como apuntamos en EL PERIÓDICO, radica la barrera que se erige a la investigación sobre las escuchas telefónicas a dirigentes, diputados y activistas independentistas de Catalunya, el objeto de la comparecencia de Paz Esteban, secretaria de Estado-directora del CNI.

Porque el asunto de las escuchas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Defensa ya es investigado a través de las diligencias previas que ha incoado el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, tras la denuncia presentada por la Abogacía del Estado por la infección de esos teléfonos con el sistema Pegasus.

Investigación secreta

Unas diligencias, hay que añadir, sobre las cuales el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, ha informado a favor de decretar el secreto de las actuaciones.

Robles justificó la semana pasada en sede parlamentaria que las intervenciones telefónicas a dirigentes independentistas –las que sean– se han hecho con autorización judicial. Y, también, en privado, la ministra asegura, según ha sabido EL PERIÓDICO, que se ha hecho conforme a derecho.

En su último destino, antes de ser nombrada ministra, Robles era magistrada de la sección sexta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (de lo Contencioso-Administrativo) desde el 1 de enero de 2005. Perdió esa condición por decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a propuesta de su presidente, Carlos Lesmes, cuando aceptó acudir en las listas del PSOE por Madrid, en las elecciones de 2016.

Precisamente, de esa Sala Tercera, pero de la sección cuarta, es el magistrado Pablo María Lucas, titular desde 2009 para recibir las solicitudes de entradas y registros en domicilios privados y de interceptaciones telefónicas por parte del Centro Nacional de Inteligencia.

Secreto de confesión

Esas solicitudes y su autorización quedan en secreto de confesión, por así decir, de quien presenta la solicitud y de quien extiende su permiso. En el caso de las escuchas de 2017 y con posterioridad, por tanto, es un secreto entre Paz Esteban (era secretaria general) quien debió hacer la petición, según el artículo único de la ley orgánica de mayo de 2002, y de Lucas, quien tuvo que autorizarla.

En ese secreto de confesión, a diferencia de lo que ocurre en la justicia ordinaria, no tiene intervención alguna el Ministerio Fiscal. ¿Quién nombra al magistrado? El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cada cinco años.

El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, se encontró con el hecho de que Pablo María Lucas era el magistrado designado desde 2009. Y volvió a proponer su nombramiento con posterioridad. La última vez: en 2019.

¿Quién controla la dinámica CNI-Lucas? Nadie. Porque el CGPJ carece de control de esa actividad jurisdiccional. Se supone que su mandato ha sido prorrogado porque al CNI ya le iba bien y no tenía objeciones a que siguiese siendo dicho magistrado el que atendiera sus solicitudes. Lucas lleva, pues, 13 años en la citada función.

La explosión del binomio

Intentos para modificar este sistema, por ejemplo, con la introducción del Ministerio Fiscal en el “binomio” no han fructificado. Una de las alternativas que ahora, a la luz de la explosión del binomio, podría adoptarse es la de limitar a un solo mandato de cinco años para el magistrado a cargo de tramitar las medidas que pide el CNI. Y que sea informado de la solicitud in camera un grupo de tres magistrados.

El CNI y su dependencia siempre han sido motivo de controversia y rivalidad en distintos gobiernos.

En el caso del Gobierno de Pedro Sánchez también. Esas tensiones han estado personificadas por el entonces secretario general de la Presidencia y ahora ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y Margarita Robles, de quien depende el CNI, habida cuenta de que la comisión CNI-Gobierno, que existe en los papeles, nunca se reúne.

En esas tensiones hay que apuntar ahora la disputa sobre la responsabilidad en la seguridad del presidente del Gobierno, que es del Departamento de Seguridad –y dentro de él el Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica, dependiente de la Unidad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones– orgánicamente adscrito a la secretaría general de Presidencia. En la época del espionaje al teléfono de Sánchez, mayo y junio de 2021, Bolaños era el responsable.

Robles, preguntada por los periodistas sobre este organigrama, se limitó a recomendar que se lean las normas porque están claras.

¿Utilización del Gobierno?

La situación de Paz Esteban, pues, depende de la legalidad formal de las solicitudes elevadas por el CNI al magistrado del Tribunal Supremo. Si como asegura Robles, esas peticiones fueron aprobadas, no resulta fácil imputar a la directora del centro irregularidades.

Para ello habría que exhibir pruebas. Si bien las solicitudes que se aprueban en el Supremo constan por escrito, son materia clasificada que el Consejo de Ministros debería desclasificar.

En el cruce de las escuchas –las de dirigentes independentistas y las del presidente y la ministra–, ¿es una posible utilización del Gobierno?

En otros términos, ¿ha optado el Gobierno por hacer uso de una situación real –las escuchas al presidente y a la ministra de Defensa– con un sentido de la oportunidad, es decir, responder a ERC “aquí nos escuchan a todos, hasta a Pedro Sánchez”?

Los italianos suelen decir aquel aforismo de Giordano Bruno: 'Se non è vero, è molto ben trovato'. Si no es verdad, está muy bien encontrado.

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Esto es: parece verosímil.

No obstante, en el Gobierno aseguran que el viernes pasado, Robles conoció que su teléfono había sido haciendo y que se lo dijo a Sánchez, y que el sábado puso su teléfono a disposición del Centro Criptológico Nacional (CCN), que confirmó que también había sido infectado por Pegasus.