PROPUESTA FRUSTRADA DEL PNV

La nueva ley de secretos oficiales, condenada una vez más al olvido

El Gobierno trabaja con un proyecto legislativo propio, pero la legislatura avanza y avanza y los plazos van complicando que pueda tramitarse | El PNV tiene una propuesta registrada desde enero de 2020; acumula decenas de prórrogas mientras va cayendo en el olvido

La nueva ley de secretos oficiales, condenada una vez más al olvido
6
Se lee en minutos
Ángel Alonso Giménez
Ángel Alonso Giménez

Periodista

ver +

La ministra de Defensa, Margarita Robles, y el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, protagonizaron el pasado miércoles el duelo dialéctico más interesante y de más calidad de la sesión de control al Gobierno. A lo largo de los cinco minutos en los que confrontaron sus pareceres, la jueza dijo al diputado: "Me consta que usted tiene mucho interés en modificar la ley de secretos oficiales, pero no me consta que lo tenga en modificar la ley del CNI". El parlamentario vasco respondió a la dirigente socialista: "Sí, hay que cambiar la ley de secretos oficiales y también la del CNI". Pues bien: no parece que vaya a ocurrir ni lo uno ni lo otro esta legislatura.

Lo de cambiar la ley de 1968 que protege la documentación confidencial del Estado desde tiempos incluso de la Guerra Civil, la misma que provoca que los historiadores tengan que bucear en las bibliotecas de otros países antes que en la española para documentar sus tesis, es tarea imposible. Ir a la web del Congreso para saber qué ha sucedido con la propuesta que el PNV registró en 2020 es una prueba irrefutable. Encadena decenas de aplazamientos de los plazos para presentar enmiendas, exactamente desde septiembre de ese año. Fuentes parlamentarias consultadas por El Periódico de España, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica, que este periódico,  destacan que o el Gobierno la desbloquea ya mismo, o no habrá manera de proceder a la reforma.

Los tiempos de la legislatura se están contrayendo. Quedan cuatro periodos de sesiones en el Congreso, incluido el que está en curso. El problema es que en medio irrumpen las elecciones andaluzas, las valencianas (antes de mayo de 2023) y las autonómicas y municipales (mayo de 2023), que dejarán un panorama político distinto. Resultaría extraño que el Ejecutivo y los grupos parlamentarios se conjuraran para ejecutar un trámite que no es que esté paralizado desde hace dos años, es que lo está desde la legislatura XII, cuando el presidente del Gobierno se llamaba Mariano Rajoy.

Las fuentes, por tanto, descartan que se modifique la ley de secretos oficiales si no se inicia el procedimiento en otoño de este año como muy tarde. Indican que llegaron a pensar en que se desatascaría durante la presente legislatura, ya que miembros del Gobierno comunicaron que ésa era la intención. También supieron, pues así lo transmitió el equipo de Margarita Robles, que la idea no era tanto trabajar sobre la propuesta registrada por el PNV como presentar un proyecto propio. Justo esta idea, la del proyecto propio, encaja muy mal en los ritmos actuales de la legislatura y en los plazos que han de seguirse. Se trata de un procedimiento largo, que abarca un periodo de información pública, de alegaciones de los ministerios y de informes de los órganos consultivos.

Consciente de que el recorrido de un proyecto legislativo de esa envergadura, dentro del Congreso, sería costoso y seguramente infructuoso, el PNV ha propuesto usar su proposición de ley. Los plazos se acortarían. Basta con que la Mesa, a instancias en esta ocasión del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos, declare el fin de las prórrogas de enmiendas y que los grupos las registren. La Comisión Constitucional crearía la ponencia que redactaría el dictamen, texto previo a la ley definitiva que recibiría el Senado... Pero las fuentes no detectan en el Gobierno que éste sea el plan.

25 y 10 años

La reforma de la ley de secretos oficiales fue la primera propuesta que registró el PNV nada más constituirse el Gobierno. El Boletín Oficial de las Cortes la publicó el 17 de enero de 2020. El grupo vasco no necesitó muchos días para redactar con solvencia la propuesta porque los deberes los tenía hechos desde 2016.

Tal y como señala en la exposición de motivos, el punto de partido, en términos normativos, se halla en una ley aprobada en abril de 1978, en la que se incluye "el levantamiento del velo respecto a las materias clasificadas", lo que daría lugar a que el Congreso y el Senado las conocieran. A las resoluciones de la Presidencia del Congreso que se han ido sucediendo sobre el acceso a este tipo de material, cabe sumar, a juicio del PNV, "la sensibilidad social vigente respecto al valor de la transparencia, consustancial al principio democrático".

Es una proposición de ley corta y concisa, tanto que despliega un artículo único. En él, lógicamente, la principal aportación, que es una especie de ley de plazos. La desclasificación de las materias calificadas como "secretas" se producirá al cabo de 25 años; la de las materias consideradas "reservadas", al cabo de diez. Ahora bien, el grupo firmante contempla la salvedad de que si el Consejo de Ministros argumenta respecto de un asunto secreto o reservado que no debe trascender, se aplicaría una prórroga de diez años.

Sin noticias de Rajoy. Sin noticias de Sánchez

El Congreso aceptó la toma en consideración el 23 de junio de 2020. Desde entonces, los únicos movimientos que ha experimentado la iniciativa se han producido en secreto, lo cual es muy propio. Las fuentes consultadas precisan que unos meses después de la admisión a trámite, el Gobierno reconoció que al estar tan centrado en la recuperación económica y social derivadas de la pandemia, apenas puede priorizar nada más.

Más adelante, cambió el panorama. El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, y la propia Robles informaron al PNV que están trabajando en el proyecto legislativo reseñado. Se denominaba provisionalmente Ley de Información Clasificada. Llegaron a producirse encuentros más discretos entre cargos de segunda línea, no muchos. No ha habido más novedades.

El escepticismo se ha adueñado de la escena. No es para menos. En noviembre de 2016 el PNV registró ya la propuesta; acababa de formar gobierno Mariano Rajoy. Un año y cuatro meses después, con motivo de una pregunta de Esteban al presidente en la sesión de control, sale del letargo la proposición de los nacionalistas vascos. Los grupos presentaron las enmiendas preceptivas. Sorprendieron las del PSOE, recuerdan las fuentes parlamentarias conocedoras de aquellos lances, sobre todo porque intentaban dilatar los tiempos de entrada en vigor de la ley.

Noticias relacionadas

La norma aterrizó en la Comisión Constitucional, que presidía entonces el popular Jesús Posada. No se llegó a crear la ponencia. Casi sin darse cuenta, Sánchez convocó elecciones y las Cortes se disolvieron.

Los socialistas gobiernan actualmente. La mezcla de todos los ingredientes, de los plazos que no acaban, de las demoras que se estiran y estiran y de propuestas que dejan entrever una voluntad política más bien timorata, no invitan al optimismo. El Congreso entierra una vez más la propuesta, en la que no sólo se abordaría el tiempo que ha de transcurrir para la desclasificación, sino también la regulación del Centro Nacional de Inteligencia e incluso la venta de armamento a terceros. Puede que Aitor Esteban vuelva a la carga con la petición de la reforma; puede, también, que el Gobierno no se decida.

Temas

Congreso CNI