El CNI extiende sus escuchas telefónicas sin el control que sí tienen las fuerzas policiales

El método del CNI no es diferente del de cualquier otro servicio secreto, pero sí es distinto en España de las formas que siguen la Policía Nacional, la Guardia Civil, los Mossos o la Ertzaintza cuando hacen labores de policía judicial y realizan escuchas para la instrucción de un sumario.

La diferencia está en los permisos: Policía y Guardia Civil han de tramitarlos sujeto a sujeto, mientras que el CNI -corroboran las fuentes consultadas- aumenta y despliega sus escuchas en forma de árbol sin demasiados trámites intermedios.

Ese proceder podría explicar el alto número de independentistas catalanes supuestamente espiados con Pegasus, según apuntan los análisis de la entidad canadiense Citizen Lab, sin que todavía haya confirmación oficial en España de que todos los de esa lista fueran espiados por el CNI. Algunos de los rastros informáticos podrían no ser de Pegasus y sí de otros sistemas de escuchas similares. Solo quien posee Pegasus puede detectar al cien por cien, con margen cero de error, un ataque de Pegasus.

Sin irse por las ramas

“Para cualquier servicio secreto, cuando se hace un seguimiento para adquirir inteligencia el objetivo es ese: adquirir inteligencia. O sea: interesa todo y no solo una parte de lo que se le vea o se le escuche a un objetivo”, explicaba un exmiembro del CESID y el CNI a este diario en los inicios de la actual entrega del escándalo Pegasus.

Eso, que entre los espías es mera lógica, no es práctica legal entre los policías. Las fuerzas de seguridad que dependen del Ministerio del Interior o de las comunidades autónomas han de recibir un permiso judicial para activar SITEL, su sistema de escuchas telefónicas.

SITEL admite diversos softwares de seguimiento de llamadas y mensajería y de acceso a móviles y teléfonos fijos entre los que no está –lo ha negado Interior- el programa Pegasus.

Cuando la Policía o la Guardia Civil tienen que escuchar a alguna persona objeto de investigación, esos cuerpos policiales hacen una petición al juez correspondiente del caso. El juez emite la autorización en las diligencias… y también un código. Con ese código se activa SITEL.

Todas las escuchas con SITEL, por tanto, tienen fijada la autoridad judicial que las ordena y también el rastro de los agentes que las realizan. Si, a lo largo de esa pesquisa, la persona escuchada habla con otra persona que resulta ser de interés para la instrucción del caso, la policía tendrá que elevar otra petición al juez para ampliar las escuchas a este nuevo objetivo. El resultado de las escuchas y su análisis interpretativo se envían al juez, sin perjuicio de que exista a disposición del togado una transcripción completa.

El sistema es más confuso en el caso del CNI, entre otras razones porque, según la ley que regula el centro, no solo sus agentes y sus medios, también sus procedimientos, son secretos.

El servicio de espionaje pide autorización al juez al que -por innovación del ministro Federico Trillo en 2002- se le encargan cinco años de control sobre el CNI. Pero, una vez iniciados el seguimiento o la escucha, esta se ramifica según las necesidades de la misión y hasta el límite que aconsejen esas necesidades formando un árbol. Una de las fuentes de la Seguridad del Estado lo explica irónicamente dándole la vuelta a otra figura, el parchís: “Como veinte y cuento una”. Del resultado de esas escuchas no se informa al juez del CNI, sino a los superiores políticos.

Difícil control

La singularidad de España como único país del planeta con un juez designado para autorizar acciones del servicio de inteligencia no libró a este país, ya en 2011, de un rapapolvo europeo. Cuando la figura del control judicial llevaba ya nueve años en vigor, un informe de la eurocámara albergó en junio de aquel año una severa crítica a las “fallas en los mecanismos de supervisión” del Centro Nacional de Inteligencia.

Ciertamente, más que a la acción del juez, la crítica europea se dirigía más a la amplia capacidad que la ley otorga al Gobierno para clasificar secretos y ocultar datos a los diputados.

El juez del Supremo para el CNI no puede hacer demasiado, por no decir que “está algo vendido”, como dicen fuentes judiciales. Su misión es autorizar o denegar investigaciones que han de ser nominales, limitadas y motivadas. O sea, que han de tener una persona física o jurídica concreta como objetivo, que deben limitarse en el tiempo y que la solicitud debe acompañarse de una explicación redactada, cuya amplitud y precisión quedan a juicio del magistrado.

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Pero “el juez del CNI autoriza, no supervisa como sí hace un juez instructor”, resume una de las fuentes judiciales consultadas. O sea, el CNI le reporta el inicio de una investigación, pero no le da traslado del resultado de esa investigación ni, por tanto, de los caminos secundarios seguidos para alcanzar ese resultado, que termina siendo un informe de inteligencia en la mesa del presidente del Gobierno, la de la ministra de Defensa o las de otros altos cargos autorizados por estos.

Y esa es una de las razones que abona al árbol de escuchas de los servicios secretos. Con todo, es opinión generalizada entre los ejecutivos consultados en la Seguridad del Estado que el escándalo Pegasus está inflando entre el público el valor de las escuchas a costa de métodos menos cibernéticos y bastante más usuales. Entre ellos, las fuentes vivas, aquellas que tienen participación vigente en el asunto que se investiga. Y eso porque hay formas de despistar a quien escucha un teléfono ajeno y no tantas en una conversación cara a cara con un confidente. “En realidad -resume un veterano activo del Servicio de Información de la Guardia Civil-, lo más valioso para una investigación sigue siendo una fuente viva, un colaborador de carne y hueso”.