En el juzgado número 32 de Barcelona

De Pegasus al CNI: las claves de las primeras querellas por el espionaje

Los abogados Antoni Alba, Andreu Van den Eynde, Benet Salellas y Gonzalo Boye.

Los abogados Antoni Alba, Andreu Van den Eynde, Benet Salellas y Gonzalo Boye. / David Zorrakino / Europa Press

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Júlia Regué
Júlia Regué

Periodista

Especialista en información del Parlament de Catalunya, siguiendo la actualidad política catalana

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Goteo de querellas en el juzgado de instrucción número 32 de Barcelona por el 'Catalangate'. El independentismo ya se ha movilizado ante los tribunales para que la justicia indague quién está detrás de la infección de los dispositivos móviles de más de 60 dirigentes soberanistas con el software israelí Pegasus. Òmnium Cultural y la CUP ya han presentado los primeros escritos en el órgano judicial que ya investiga el espionaje sobre el expresidente del Parlament Roger Torrent y sobre el líder de ERC en Barcelona, Ernest Maragall. Estas son las claves de los escritos presentados:

¿Quién denuncia?

El que fuera vicepresidente y portavoz de Òmnium Cultural entre 2017 y 2022, Marcel Mauri, la compañera de Jordi Cuixart, Meritxell Bonet, y la responsable de relaciones internacionales de la entidad desde 2017 y miembro de la defensa de Cuixart, Elena Jiménez. Por parte de la CUP denuncian el diputado en el Congreso, Albert Botran, el parlamentario en la Cámara catalana, Carles Riera y el exparlamentario David Fernández. Todos ellos están representados por el abogado Benet Salellas.

¿Contra quién se querellan?

La querella se presenta contra NSO Group, la compañía propietaria del software israelí Pegasus, que se concreta en las empresas NSO Group Technologies Limited, Q Cyber Technologies Limited y OSY Technologies SARL. Esta última y Q Cyber Technologies, están domiciliadas en Luxemburgo, así que podría ser más fácil para los independentistas obtener información ya que Irlanda e Israel están dando largas a la presentación de información en la causa abierta por Torrent y Maragall.

¿Qué delitos ponen sobre la mesa?

Los querellantes consideran que se ha producido una vulneración masiva y grave de derechos fundamentales, especialmente del derecho al secreto de comunicaciones y a la intimidad, con efectos indirectos en otros derechos como la libertad de expresión o el derecho a la defensa. El letrado apunta a un “triple título de imputación”: que se incumplió el contrato previo de Pegasus –que exige un expediente del cliente y del uso que hará de su software-, o bien que se no se llevó a cabo correctamente el control posterior exigible -deslizando aquí una posible implicación de la empresa en la ejecución de conductas delictivas- o incluso que NSO Group sea cooperador necesario o coautor si la información circulaba por sus terminales entre el espiado y el cliente.

¿Qué diligencias piden practicar?

El grupo empresarial de Israel comercializa desde 2016 el programa Pegasus con venda exclusiva a gobiernos. La querella subraya que las personas vigiladas y el momento en el que se producen los ataques informáticos “coinciden con actividades de interés específico” para el Gobierno, que “el contenido de los SMS evidencian un acceso de datos que solo son disponibles a las administraciones del Estado”, que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) “es cliente de NSO Group” y que “el gran lapso de tiempo en que se han producido los ataques, así como la relevancia de las personas atacadas, llevan a descartar que se trata de una operación clandestina de un tercer país”. Así, piden al juez que investigue también si alguna unidad de la Guardia Civil y la Policía Nacional ha utilizado el programa Pegasus, sea directamente o a través de terceros.

Por todo esto solicitan que se cite a declarar a las empresas vinculadas a NSO Group, que se emita una Orden Europea de Investigación (OEI) a las autoridades luxemburguesas, que se identifiquen las cuentas bancarias para solicitar los extractos entre 2016 y 2022 a efectos de poder identificar algún pagador español y que se cite a declarar como testigos a la directora general del Instituto Nacional de Ciberseguridad, al director del Centro Tecnológico de Seguridad, al jefe de la Oficina de Ciberseguridad del Ministerio del Interior y al director de la Agencia de Ciberseguridad de Catalunya. 

¿Cuándo fueron espiados?


Mauri fue atacado con Pegasus al menos 19 veces entre 2018 y 2020, y tres de ellas se realizaron con éxito en octubre de 2019, febrero de 2020 y mayo de 2020. Estas fechas coinciden con la entrada de la Guardia Civil en la sede de Òmnium (febrero de 2018), con visitas a Cuixart en la cárcel, diez días después de la sentencia del juicio del ‘procés’ y poco antes de los pronunciamientos internacionales, como el del grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre la detención arbitraria.

Jiménez, por su parte, empezó a ser espiada en 2020 y su defensa asegura que el objetivo era conocer la estrategia de incidencia internacional de la entidad y los detalles de la táctica jurídica ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.

La pareja de Cuixart fue vigilada entre abril y junio de 2019 coincidiendo con la finalización del juicio al ‘procés’ y mientras el entonces líder de Òmnium preparaba sus argumentos. La entidad considera que “no hay duda” de que el objetivo era Cuixart, ya que no disponía de teléfono al estar encarcelado, por lo que se perseguía extraer información de su entorno, alega el abogado. 

En el caso de la CUP, el teléfono de Fernàndez fue infectado en abril de 2019 y en junio de 2020, cuando era coportavoz de la campaña internacional contra el juicio al 'procés' y se reunió, durante este tiempo, con el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que también fue espiado a partir de estas fechas, y visitaba mensualmente a Anna Gabriel en Suiza. Riera, por su parte, fue espiado en enero y febrero de 2019, mientras ejercía sus funciones como parlamentario y acudía a reuniones en las que se preparaba la defensa de los independentistas en el juicio -incluso con el entonces 'president' Quim Torra-, un escenario muy similar al de Botran, aunque él desarrollaba sus funciones en el Congreso cuando empezó a ser vigilado en enero de 2020.