Imputadas siete empresas acusadas de amañar adjudicaciones públicas en Lleida

La jueza de Lleida que investiga un caso de corrupción de presunto amaño de las adjudicaciones de servicios de mantenimiento y construcción de carreteras, así como el presunto pago de comisiones a personas vinculadas a CDC y a fundaciones de su órbita, como CatDem, ha imputado ahora a siete constructoras, según el auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. La instrucción de la 'operación Boreas' provocó en su día la dimisión de Joan Reñé, que fue detenido en octubre de 2018, como presidente de la Diputación de Lleida.

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lleida, Diana Lorenzo Mañana, ha citado a las siete empresas imputadas, entre las que se encuentran Sorigué, Arnó, Voltes y Cercos, para el próximo 3 de julio. Además, deberán comparecer otras cuatro personas imputadas dos días antes, el 1 de julio. De la macrooperación que se realizó en Lleida en octubre de 2018 en la que se detuvo a unas 25 personas, entre ellas Reñé, se han seguido varias vías de investigación. Una de ellas es la presunta manipulación de las adjudicaciones en materia de mantenimiento y construcción de carreteras. Las extensas pesquisas de los Mossos han originado la imputación ahora de estas siete empresas.

Estas constructoras, según los investigadores, formaban un grupo que supuestamente podría haber tenido información privilegiada desde dentro de la Diputación de Lleida de los contratos que se iban adjudicar en relación al mantenimiento de carreteras. El sistema de adjudicaciones era conocido como sistema GISA, que permitía que la valoración técnica estuviera por encima de la económica, lo que, según se sospecha, podría hacer variar la puntuación y, por lo tanto, redirigir la adjudicación hacia determinadas empresas afines.  

Expulsar a otras empresas

Según las investigaciones realizadas por los Mossos, las compañías presuntamente adecuaban las ofertas y se ponían de acuerdo para expulsar del mercado a aquellas compañías de fuera de Lleida y que no fueran afines. A cambio, algunas de ellas (no todas) supuestamente efectuaban aportaciones económicas a fundaciones, como Catdem, o hacían pagos en negro a determinadas personas. Hay testigos que han manifestado la existencia de un pacto entre las constructoras y la existencia de dinero negro para, posteriormente, pagar las supuestas comisiones ilegales o mordidas. Incluso uno de ellos ha reconocido haber llevado sobres o firmado cheques para retirar fondos en efectivo que irían a parar a determinados sospechosos en esta trama.

En este mismo sentido, siempre según los investigadores, se interceptaron conversaciones telefónicas y han aparecido tanto correos electrónicos como manuscritos en los que se reflejan los contactos entre las empresas y funcionarios, así como los representantes de las constructoras que debían acudir a las reuniones en los que se repartían las concesiones. En alguno de esos contactos telefónicos se referían a “los leridanos” cuando un constructor fuera de la órbita preguntaba a unos de ellos si tenía la posibilidad de ganar en concurso o ya estaba adjudicado el trabajo.

'Caso Triacom' en Madrid

La investigación de Lleida destapó que una de las empresas implicadas en la trama, MYJ Grúas, también tenía relación con el 'caso Triacom' de presunta financiación ilegal de CDC que se instruye en la Audiencia Nacional como pieza separa del 'caso 3%' de pago de supuestas comisiones a cambio de adjudicación de obra pública. Según el fiscal, esta compañía es un holding que “fue especialmente beneficiado” en la adjudicación de obras públicas por un valor de 60 millones de euros por parte de la Generalitat y de otras administraciones cuando estaban gobernadas por CiU. La acusación recalca que la "trama Triacom” (productora del concurso 'El Gran Dictat', que emitía TV-3) aparece en las facturas aportadas por el socio denunciante de la compañía MYJ Grúas y luego corroboradas por la Agencia Tributaria.

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