Feijóo sigue dispuesto a negociar el CGPJ pese a la alianza de Sánchez con Bildu

Los diputados y dirigentes del PP denunciaron este jueves en los pasillos que Pedro Sánchez "ha vuelto a elegir a Bildu", "a los herederos de ETA", antes que a Alberto Núñez Feijóo. Los conservadores, que votaron 'no' al real decreto, habían ofrecido al Gobierno apoyar la convalidación a cambio de algunas condiciones, entre ellas la asunción de buena parte del plan fiscal del PP. Los populares también rechazaron de manera rotunda que el Ejecutivo haya modificado la norma para poder incluir a EH Bildu en la comisión de gastos reservados, donde comparecerá en los próximos días la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, para dar explicaciones sobre el 'Catalangate'. "Si Bildu está por encima de los intereses de las familias españolas, a mí no me corresponde explicarlo, pero sí me corresponde denunciarlo", declaró Feijóo en Santiago de Compostela.

Pese a estas circunstancias, Feijóo quiere llegar a acuerdos de Estado con el Ejecutivo, en concreto en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva más de tres años en funciones, y del Tribunal Constitucional. "Unas cosas no condicionan las otras", subrayaron fuentes de la cúpula del PP. El nuevo líder espera poder alcanzar pactos con el Ejecutivo para marcar la diferencia con su antecesor, Pablo Casado, que hizo del veto a la actualización del poder judicial uno de los pilares de su labor de oposición.

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Pons (PP) y Bolaños (Gobierno) serán los encargados de negociar la actualización del poder judicial y el Tribunal Constitucional

Feijóo ha elegido al vicesecretario de Institucional del partido, Esteban González Pons, como el interlocutor principal para esta misión que, por parte del Gobierno, seguirá llevando el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Ambos hablaron el pasado lunes, cuando se supo que Pons era la persona designada por el PP para esa tarea, y ambos coinciden en querer mantener "la discreción" de sus contactos.

El Ejecutivo ha pedido actualizar antes del 12 de junio el poder judicial, porque el Constitucional debe renovar en ese mes a cuatro de sus miembros: dos le toca elegirlos al Ejecutivo y otros dos al CGPJ. Sin embargo, como la reforma de marzo de 2021 del Gobierno impide al poder judicial aprobar nombramientos si tiene el mandato caducado, no se podría hacer (al menos sin polémica) la renovación del Constitucional, que ahora tiene mayoría conservadora. El PP y el Gobierno podrían deshacer este embrollo con la actualización del CGPJ. En estos momentos, la voluntad de los dos principales partidos es negociar. En el calendario han marcado en rojo las elecciones andaluzas el 19 de junio, circunstancia que tendrán en cuenta para decidir cuándo les interesa más alcanzar el pacto.

Fuentes de la Moncloa esperan también que el PP se avenga a aprobar la reforma del artículo 49 de la Constitución (para borrar la alusión a los “disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos”), la eliminación del voto rogado para facilitar la participación política de los españoles residentes en el extranjero y vuelva al pacto antitransfuguismo.