169 votos en principio favorables, insuficientes si el resto de la Cámara vota en contra

Sánchez encara otra votación de vértigo por su falta de reacción ante el espionaje

  • El Gobierno intenta salvar el decreto anticrisis ofreciendo a los grupos tramitar el texto como proyecto de ley, lo que permite la introducción de enmiendas

  • Los socialistas persiguen el sí de Teruel Existe y BNG y el resultado queda en manos de Bildu ante el 'no' de ERC y la improbable abstención del PP

Madrid. 27.04.2022. Sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez. FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

Madrid. 27.04.2022. Sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez. FOTO: JOSÉ LUIS ROCA / JOSÉ LUIS ROCA

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Juanma Romero
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Periodista

Especialista en información de Gobierno y PSOE.

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Pilar Santos
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Pedro Sánchez se enfrenta este jueves a otra votación de vértigo en el Congreso de los Diputados por lo que los independentistas consideran una falta de reacción ante el supuesto espionaje que padecieron entre 2017 y 2020 a través del ‘software’ israelí Pegasus. El Gobierno tiene que convalidar por mayoría simple (más síes que noes) el paquete de medidas económicas y sociales para mitigar el impacto de la guerra de Vladímir Putin en Ucrania. Si no lo logra, el real decreto ley decaerá y con él la bonificación de 20 céntimos en cada litro de combustible, el límite del 2% a la subida de los alquileres o el aumento del 15% del ingreso mínimo vital, entre otras medidas. Pero sobre todo, si Sánchez sale derrotado, será interpretado como un durísimo golpe y una muestra inequívoca de debilidad. Tanto que la dinámica de la legislatura quedaría severamente comprometida. Por eso, y ante la presión de los grupos, y también de un PP que puede actuar de formidable salvavidas del Ejecutivo, la Moncloa informó a última hora del miércoles de que se abre a tramitarlo como proyecto de ley, de manera que las fuerzas parlamentarias puedan introducir enmiendas. 

Cuando Sánchez presentó el texto en la Cámara, a finales de marzo, todo parecía sencillo. Se vislumbraba una votación tranquila, sin sobresaltos y con margen de sombra. Pero el estallido del 'Catalangate' lo ha cambiado absolutamente todo. Sus socios parlamentarios, ERC y EH Bildu, llevan desde el día que eclosionó el escándalo, el pasado 18 de abril, reclamando explicaciones en público, dimisiones y acciones judiciales ante lo que consideran un “atentado directo” a la democracia, en palabras de Oriol Junqueras, líder de los republicanos. Y no solo la Moncloa no ha concedido ninguna de las tres cosas, sino que este miércoles la ministra de Defensa, Margarita Robles, justificó la vigilancia por el ‘procés’, en 2017, y los disturbios en las calles de Catalunya tras la sentencia, en 2019. 

El presidente pospone un viaje a Moldavia y Polonia programado para este jueves y viernes ante el apurado resultado de este jueves en el Congreso

Sus palabras enfadaron todavía más a los independentistas —el ‘president’ Pere Aragonès pidió su dimisión— y a Unidas Podemos, que la señaló directamente. Ella quedaba ya en el punto de mira, aunque en la Moncloa insistían en que no había motivo alguno para cesarla y que tenía la confianza de Sánchez. Ceder su cabeza sería tanto como reconocer que algo se hizo mal, y el líder socialista refrendó este miércoles que todo lo hecho por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha respetado escrupulosamente la ley. Es decir, que todos los seguimientos se ejecutaron con amparo judicial. Pero la mayor presión del Congreso, eso sí, hizo al Gobierno ser consciente del peligro real de perder la votación del jueves. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y dirigentes del PSOE hicieron una nueva ronda de contactos para intentar recabar los apoyos necesarios.

Sánchez, por su parte, pospuso el viaje a Moldavia y Polonia que tenía programado para este jueves y viernes, para estar presente en el pleno de la Cámara baja. La votación se presentaba, como poco, incierta, y cualquier ausencia podría ser fatal. No obstante, a última hora de la noche, en la Moncloa y el Grupo Socialista decían respirar con cierto alivio, con mucha cautela, y aseguraban que los apoyos ya encauzados. El resultado quedaba así en manos del apoyo de Bildu (5) y de pequeños partidos (BNG y Teruel Existe), dado que el PSOE daba por hecho el no de ERC y PP. Así, los socialistas contarían con 169 votos favorables, insuficientes si todos los demás estuvieran en contra, de modo que la posición de la izquierda 'abertzale' es determinante.

"Pídale el voto al señor Casero"

La relación con los republicanos ya se había torcido mucho en la última semana. Y lo exhibió a las claras su portavoz, Gabriel Rufián, en su pregunta a Sánchez en la sesión de control en el Congreso: “De momento, pídale el voto al señor [Alberto] Casero”. Era su manera de amenazar con el voto en contra, remitiéndose a la tortuosa votación de la reforma laboral, el pasado 3 de febrero, que el Gobierno salvó de milagro por el error de aquel diputado del PP. El presidente pidió al parlamentario republicano "reconstruir la confianza" y recalcó su apuesta por el diálogo, pero no habló ni de comisión de investigación ni de dimisiones, demandas claves de sus socios. Bolaños se reunió después con Rufián, le argumentó que el electorado de ERC no entendería que tumbaran el decreto. Pero no logró aplacar la ira del partido. La cúpula se reunió por la noche y certificó el no, porque la presión en Catalunya por el espionaje es “brutal”

Cs se queda finalmente en el 'no' después del último intento negociador del Gobierno. Pone una condición imposible: sacar a Bildu y ERC de la comisión de secretos oficiales

Bildu, que suele coordinar su voto con los republicanos, dejaba todas las puertas abiertas. Reconocía que quería tramitar el decreto, aun siendo “insuficiente”, pero que la confianza con el Gobierno estaba “tocada”. Sus cinco votos, sobre todo si se anclaban al sí, podían ser claves. Igual que podían haberlo sido los nueve de Ciudadanos. Bolaños se vio con su portavoz, Edmundo Bal. Hubo un amago de negociación, para que migraran del no a la abstención, pero los naranjas pusieron una condición imposible para Sánchez: sacar a ERC y Bildu de la comisión de secretos oficiales que justo aprobará este jueves el pleno.

El Gobierno, a través del número dos de Bolaños, Rafael Simancas, también sondeó a Ana Oramas, de Coalición Canaria, sin éxito: ella no se movió de la abstención. Pero Ejecutivo y grupo se emplearon a fondo igualmente para llevar al BNG (un diputado) de la abstención al sí y arrastrar a Teruel Existe (1). Las llamadas y reuniones, buscando voto a voto, protagonizadas por Bolaños, Simancas y Héctor Gómez, el portavoz socialista, eran una prueba palmaria del terreno delicadísimo que pisaba el Gobierno y de su intento a la desesperada de salvar el decreto. El texto, calculaban en la cúpula parlamentaria del PSOE, podría salir por la mínima... o fracasar si hay traspiés. No se descartaba incluso una abstención sorpresa de Vox, por su "marcaje con el PP" de Alberto Núñez Feijóo. No sería la primera vez: ya ocurrió el año pasado con el decreto ley que articulaba el despliegue de los fondos europeos.

La suerte del plan de respuesta a la guerra en Ucrania está, pues, en manos de Bildu y de minúsculos partidos. Y menos del PP, precisamente de quien la Moncloa no quería “depender”. Pero Génova, que envió el viernes su plan fiscal a Sánchez, para que pudiera sumar alguna de sus propuestas, tampoco aclaró si votará en contra o se abstendrá. Y eso que hubo un intercambio epistolar entre ambas partes. Primero, el vicesecretario económico del partido, Juan Bravo, le dijo por carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que el Gobierno debía comprometerse por escrito a tres cosas si quería el sí del PP: tramitar el decreto como proyecto de ley, incluir cuatro medidas de su plan (la actualización del IRPF para mitigar la inflación, la bajada del IVA del gas y la electricidad al 5%, la agilización de los fondos europeo y la racionalización del gasto burocrático) y a hacerlo todo en este periodo de sesiones.

Punto de inflexión

Dos horas después de conocerse la misiva, la Moncloa confirmaba que se abría a tramitar el decreto como proyecto de ley, alternativa que, no obstante, Bolaños no descartaba desde hacía semanas. El gesto perseguía satisfacer al PP y a otros grupos. Después, Hacienda hizo pública la respuesta escrita de Montero [aquí en PDF], en la que le citaba la disposición a introducir enmiendas. Según se despedía la ministra, “un pacto entre las dos formaciones políticas sobre elementos nucleares” sería una “forma eficaz de ejercer la política” y mostrar que son “útiles” para la ciudadanía.

Documento

Carta de al ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo.

Carta de María Jesús Montero al vicesecretario de Economía del PP

De hecho, en la carta le recuerda que está pendiente la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Montero advertía de que una respuesta al documento de Génova requeriría de un "análisis profundo". Entre otras cosas, medir el "impacto económico y presupuestario", aspecto que cualquier Gabinete "responsable" ha de "tener en cuenta" y que no viene "reflejado" en el escrito de los populares. En Génova no revelaban su posición final tras el cruce de misivas con Hacienda, pero insistían a la noche en que sin negociación no había nada que hacer. De ahí que la dirección del PSOE ya se barruntara el no, porque "huele sangre", la posibilidad de asestar un golpe mortal al presidente.

Los populares inciden en que sin negociación no hay mucho que hacer. Los socialistas se hacen a la idea de su voto contrario porque "huelen sangre"

A media tarde, la Moncloa comunicaba que se posponía, sin nueva fecha, el viaje a Moldavia y Polonia, en el que Sánchez estaba muy interesado para mostrar el apoyo a los países limítrofes de Ucrania y que están absorbiendo a miles y miles de refugiados. La cancelación también mostraba por sí misma la gravedad del momento.

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La legislatura se acerca así a otro hito que puede convertirse en un auténtico punto de inflexión. Si Sánchez sale derrotado este jueves, el Gobierno ya tiene preparado el arsenal contra los grupos: son ellos los que hacen decaer medidas que benefician a los ciudadanos, como la bonificación de los 20 céntimos por litro a la gasolina y al diésel o las ayudas directas a los sectores más afectados por la subida de los precios de la energía. Pero, de entrada, resonaría el pulso perdido del presidente en un momento crucial, con una presión al alza de sus socios y a las puertas de las elecciones en Andalucía, en las que el PSOE se juega remontar en un granero histórico suyo. 

La tensión es máxima. Otra vez. Con la pregunta más preocupante sobre la mesa, aun en el supuesto de que el paquete anticrisis resulte convalidado: ¿y ahora, qué? ¿Cómo enderezar una relación con un socio como ERC tras una erosión tan grave? En el Gobierno y en el PSOE aún no tienen la respuesta.

Una calculadora endiablada

¿Cómo están los números para la convalidación del real decreto ley? El Gobierno contaría, 'a priori', en la noche de este miércoles, con un total de 169 apoyos: PSOE (120), Unidas Podemos (33, más su diputada en el Mixto Meri Pita), PNV (6), PDECat (4), Más País (2), Compromís (1), Nueva Canarias (1) y Partido Regionalista de Cantabria (1).


En la abstención, con seguridad, se halla Coalición Canaria (1). Y en el 'no' podrían alinearse PP (88), Vox (52), ERC (13), Ciudadanos (9), Junts (4), CUP (2), los dos exdiputados de UPN, Foro Asturias (1) y el exparlamentario naranja Pablo Cambronero. En total, 172 votos en contra.


De esta manera, resulta crucial qué hagan Bildu (5), Teruel Existe (1) y BNG (1). Si la tabla del 'no' es esa, solo si la formación de la izquierda 'abertzale' pasa al sí puede salir el decreto ley aprobado. Y le daría más holgura si se suman, como espera el PSOE, BNG y Teruel Existe. En ese caso, el resultado sería 176-172. En cambio, si Bildu se abstiene, la norma no saldría adelante. Se necesitan más 'síes' que 'noes'. Si, en cambio, el PP se abstuviera, el Gobierno no tendría problema ninguno, pero se vería salvado de la quema por Alberto Núñez Feijóo.