proceso judicial
El juez imputa al supuesto espía que viajó a Moscú con el jefe de la oficina de Puigdemont
Alexander Dmitrenko está siendo investigado por una operación de venta de gas licuado de la que hizo participe a Josep Maria Alay en una conversación telefónica

Alexander Dmitrenko


J. G. Albalat
J. G. AlbalatRedactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Premio del Col.legi de l'Advocacia de Barcelona a la Trayectoria en el Periodismo del Sector Legal 2023. Colaborador de publicaciones jurídicas. Ha ejercido de profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
El juez de Barcelona Joaquín Aguirre ha citado a declarar como imputado a Alexander Dmitrenko, al que el Gobierno español le ha denegado la nacionalidad española por su vinculación con los servicios de inteligencia rusos, según ha podido saber EL PERIÓDICO. Este empresario afincado en Barcelona acompañó en dos ocasiones a Moscú al jefe de la oficina del expresidente Carles Puigdemont, Josep Maria Alay, en la que este último mantuvo contactos en busca de apoyos para el 'procés'. Las pesquisas sobre Dmitrenko se centran en una operación de venta de gas licuado entre una compañía rusa y otra china que llegó a explicar al mismo Alay. El togado ha fijado para el próximo 31 de mayo su comparecencia en el juzgado.
En el teléfono móvil de Alay, que fue detenido en octubre de 2020 en la 'operación Voloh', se han hallado conversaciones entre Alay y Dmitrenko, que el juez investiga, sobre un negocio de venta de gas o petróleo de una empresa rusa a otra china (con sede en Hong Kong) y las maniobras para que este empresario ruso fuera nombrado embajador de la Cambra de Comerç de Barcelona, en la etapa de Joan Canadell, actual diputado de Junts per Catalunya. A Dmitrenko se le denegó la nacionalidad española porque, según un informe preceptivo, "se tiene conocimiento probado" de su "trabajo consciente" para "los servicios de inteligencia rusos, de los que recibe misiones". La resolución agrega que "se han detectado contactos de este individuo con algunos de los principales líderes del crimen organizado transnacional de origen ruso, para los que también realizan diferentes labores”. El empresario niega está acusación.
Relaciones con el poder
Los informes de la Guardia Civil incorporados al 'caso Voloh' relacionan a Dmitrenko con Artem Lukoyaniuv (que fundó la empresa AA Pluus Wealt Management, radicada en Londres), "hijo adoptivo", inciden los agentes, de Vladislav Surkov, apodado 'el cardenal gris', un influyente y misterioso exasesor personal del presidente ruso, Vladimir Putin, que fue cesado en febrero el año pasado. Según Dmitreko, Lukoyaniuv, con quien mantiene todavía contacto, ya no es su socio, pero si mantiene una relación de amistad. El empresario ruso afincado en Barcelona llegó a presentarle a Lukoyaniuv a Alay en Moscú y también se reunió con él en un restaurante de Barcelona.
Alay le llegó a explicar al mismo Puigdemont en julio de 2020, según los mensajes incorporados en el proceso judicial, que Dmitrenko había sido escogido como embajador de la Cambra de Comerç de Barcelona, a la vez que lo califica como "nuestro contacto con allá y que conoces en Ginebra [sic]". También le comunica que esta elección "nos abre muchas cosas en Moscú".
En el teléfono móvil de Alay también se halló ,una conversación con Dmitrenko sobre un negocio de venta de gas licuado entre una empresa rusa y otra china. El jefe de la oficina de Puigdemont le preguntó el 26 de junio de 2020 sobre esta operación: "¿No tienes noticias de los chinos?". El empresario ruso le responde: "Todavía no". Al cabo de unos días, el empresario ruso le anuncia que "habían llegado los 295.000 euros" a Rusia como "pago de garantía". El juez Aguirre considera que esta venta de petróleo guarda semejanza con otra parecida efectuada por Rusia en favor de una empresa vinculada al político italiano Matteo Salvini de la Lega Nord y que sirvió de financiación ilegal de su partido. A su entender, hay indicios de que este negocio pudiera ser una pantalla para ocultar algún tipo de operación irregular.
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