Podemos pide al juez la imputación del primo del alcalde de Madrid tras oír a los comisionistas

El ritmo del caso de las mascarillas del Ayuntamiento de Madrid está siendo endiablado. Con gran parte de la instrucción hecha por Anticorrupción en las diligencias fiscales, las acusaciones populares personadas, que ejercen PSOE, Más Madrid y Podemos, no quieren perder un minuto más y, tras escuchar a los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño ante el juez Adolfo Carretero, ya han solicitado nuevas diligencias.

La que ha reaccionado con más celeridad ha sido la ejercida por Unidas Podemos que ha solicitado al titular del Juzgado número 47 de Madrid que imputa al primo del alcalde de Madrid, que les facilitó un acceso al Ayuntamiento. "Según lo manifestado en el día de ayer en su declaración, la persona de la que consiguió el dato de contacto con el que, a la postre, habría obtenido un desmesurado beneficio económico, sería Carlos Martínez-Almeida", señala en su escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

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Añade que se trata de un "familiar de José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, circunstancia personal que le podría haber facilitado al investigado Luis Medina el acceso directo a la persona cuyas funciones eran, en el momento de los hechos, las de gestión de compras del material sanitario".

De ahí que considere imprescindible tomarle declaración como imputado, petición a la que se sumará la acusación que ejerce el Grupo Municipal del PSOE, según señalaron fuentes jurídicas a este diario. Más Madrid, por su parte, también pide que sea citado a declarar, pero en su caso como testigo.

Oír a la profesora

Según declaró  Luis Medina, el contacto de Carlos Martínez-Almeida se lo facilitó una profesora de la universidad llamada CIS (College for International Studies), María Díaz de la Cebosa. De ahí que tanto Podemos como Más Madrid hayan solicitado su declaración testifical.

Además, la primera acusación popular también solicita que se cite como testigos a los directores de las oficinas de las entidades financieras en las que los investigados habrían obtenido las desmesuradas comisiones y en las que realizaron diversos actos de disposición patrimonial. Ante sus sospechas por el incremento patrimonial detectado en sus cuentas es por lo que presentaron la documentación que Anticorrupción considera falsa y que les ha supuesto su imputación por este delito.