Los miembros de la CUP encausados por el desalojo del Bloc Llavors anuncian que no irán a declarar

Los encausados por desobediencia y coacciones en los incidentes ocurridos durante el desalojo del bloc Llavors, algunos de ellos pertenecientes a la organización Endavant, integrada en la CUP, han anunciado este lunes que no irán a declarar.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado mes de febrero a cuatro activistas por los incidentes ocurridos durante el desalojo de un bloque de pisos del barrio barcelonés del Poble Sec, en mayo de 2021, y fueron acusados de los delitos de daños, atentado a agente de la autoridad, resistencia y desobediencia grave y por coacciones.

Posteriormente, ampliaron la causa a 18 personas más -llegando a un total de 22 encausados- que han anunciado este martes, en rueda de prensa en el Parlament, que no acudirán a las citas judiciales.

"Los responsables son los Mossos"

"Hoy hacemos público que no iremos a declarar a los juzgados, y no solo esto, sino que hacemos público que pasamos a la ofensiva y que somos nosotros los que acusamos al presidente de la Generalitat y al Govern de abrir una causa política contra todas las trabajadoras de este país", ha dicho Axel, uno de los encausados por el desalojo del bloque Llavors.

En representación de Alerta Solidària, Eva Pous, ha apuntado que "estas 18 personas han decidido plantar a la justicia española" y "hacer frente a este sistema represivo", alegando que "su imputación es básicamente la militancia" y que "los responsables son los Mossos d'Esquadra".

Por ese motivo, la comisión jurídica del Congreso de Vivienda -un conjunto de entidades y sindicatos- ha exigido al Govern que "detenga la represión, retire las multas y las causas y absuelva a las encausadas", así como también "garantice el derecho a la vivienda de forma efectiva, parando todos los desahucios".

Precisamente este lunes ha trascendido que la Audiencia de Barcelona ha ordenado investigar a la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, por los delitos de coacciones y prevaricación, al presionar supuestamente a un fondo de inversión -acusado de fondo buitre- Vauras Investments S.L., para que destinara inmuebles de su propiedad a alquiler social, bajo la "amenaza" de no concederle licencias de obras.

En marzo de 2020, la concejala de Vivienda de Barcelona, Lucía Martín, otra de las querelladas, había anunciado que el Ayuntamiento sancionaría a Vauras Investments, con sanciones que podían llegar hasta el medio millón de euros, tras el desahucio del bloc Llavors, propiedad de este fondo.

El Ayuntamiento concluyó que Vauras Investments había cometido seis faltas por cada una de las seis familias del bloque, situado en la calle Lleida 38, que habían sido desalojadas y a las que el fondo no había ofrecido un alquiler social.