El fiscal apoya ahora que la Generalitat acuse en una causa de financiación de CDC

La Fiscalía Anticorrupción apoya ahora que la Generalitat ejerza la acusación particular en el 'caso Triacom' de financiación ilegal de Convergència Democràtica (CDC), según el escrito remitido al juez de la Audiencia Nacional que instruye el procedimiento judicial y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. El fiscal José Grinda interesa, por lo tanto, la estimación del recurso presentado por el Ejecutivo catalán contra la denegación de esa petición ante la posibilidad de que exista un perjuicio para la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), pues presuntamente la productora audiovisual Triacom vendió programas a TV-3 muy por encima de los costes de producción.

El fiscal admite en su escrito que en el recurso presentado por la Generalitat se rebaten las consideraciones que llevaron a oponerse en un principio a que el Gobierno catalán ejerciera la acusación en el 'caso Triacom', una pieza separada del 'caso 3%' sobre el presunto pago de comisiones a CDC por parte de varias empresas a cambio de servicios y obras públicas. Al entender del ministerio público, la adscripción de la CCMA a la propia Generalitat se añade la legitimación "material" por los perjuicios económicos. "Así se afirma que, en el caso de que se constituya como parte acusadora, la Generalitat, se dice, debe ayudara indagar si, en efecto, Triacom vendía sus programas a TV-3 muy por encima de los costes de producción", sostiene la Fiscalía Anticorrupción.

Respecto a la inclusión en el Gobierno de la Generalitat de miembros que heredan las actuaciones de los partidos políticos PDECAT y CDC, el fiscalia señala que "lo cierto es que el compromiso de actuación unitaria, como órgano constitucional que es, de la Generalitat, debe ser atenido al ser preferente" respecto "a la de desconfianza de sus intenciones".

Ordenes de Aragonés

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ordenó a la Generalitat que ejerza la acusación en el 'caso Triacom'. En su misiva , el mandatario catalán concretaba que había tenido "conocimiento a través de distintos artículos" publicados en los medios de comunicación del 'caso Triacom' y que, a su entender, "la investigación comprendería hechos que afectarían a los intereses y la esfera jurídica" de la Administración catalana. De "ser acreditada", detalla, esta actuación podría ser calificada de fraude contra las administraciones públicas, malversación, tráfico de influencias o cohecho, resultando "perjudicadas" la Generalitat y la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), de la que depende TV3.

En ese momento, el fiscal se opuso a la personación de la Generalitat como acusación y el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz la rechazó porque la Administración catalana no había acreditado su condición de ofendida o perjudicada. Ante esta decisión, el Gobierno catalán presentó recurso en el defendía que Junts y argumentaba que este partido se presentó en solitario en las últimas elecciones en Catalunya y que como tal forma parte del gobierno de coalición, pero que era "erróneo" que sea el "heredero" de CDC.

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