Medina y Luceño limitan a la responsable de compras Collado sus contactos en el Ayuntamiento

Los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño han reducido este lunes sus contactos con el Ayuntamiento de Madrid para la operación de compra de material sanitario por el que según la Fiscalía Anticorrupción se embolsaron casi seis millones de euros en comisiones a Elena Collado, la responsable de compras con la que intercambiaron mails y mensajes telefónicos. Ambos han contestado únicamente a las preguntas realizadas por el juez Adolfo Carretero, según fuentes presentes en la declaración consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Ello parece contradecir el relato de los hechos realizado inicialmente por los investigados e incluso por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida que reconoció que el primer contacto con los empresarios se realizó a través de un familiar suyo (su primo Carlos Martínez-Almeida). "Mi familiar se pone en contacto con una persona del Ayuntamiento, con la coordinadora general de la Alcaldía (Matilde García Duarte), que le dice que todos los ofrecimientos se están remitiendo al correo de la Coordinación General de la Alcaldía”.

 Medina llegó a manifestar públicamente que su primera conexión fue a través de un conocido que tenía relación con el "hermano del alcalde" (quizá equivocó de qué familiar se trataba) , quien le dió un teléfono para hablar directamente con la persona encargada de las contrataciones del Consistorio. En su declaración de este lunes, según fuentes presentes en la declaración, habría reducido estos contactos con el mundo municipal a Collado.

Según las mismas fuentes, Medina habría manifestado también durante el interrogatorio que no se había sentido engañado por Luceño, que obtuvo casi cinco millones de dólares con la operación de compra de mascarillas, test para detectar covid y guantes frente al único millón que la empresa malaya Leno le ingresó a él. Durante su declaración ante el fiscal Anticorrupción, el empresario afirmó que pensaba que las comisiones habían sido repartidas de forma más equitativa: "Lo que hablamos fue: Un tercio para mí, un tercio para Alberto y un tercio para la empresa malasia”.

SIN PASAPORTE Y COMPARECENCIAS QUINCENALES

Además, el juez ha aceptado la petición realizada por acusaciones particulares y populares personadas en la causa y ha ordenado la retirada del pasaporte de los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño, que deberán además presentarse quincenalmente ante el juez como medida preventiva para evitar que eludan la acción de la justicia. La Fiscalía Anticorrupción no ha solicitado medida cautelar alguna, según las fuentes jurídicas consultadas por este diario.

Medina ha declarado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 47 durante unos cuarenta minutos y a continuación ha comenzado la comparecencia de Luceño, que ha terminado en un cuarto de hora, por lo que es probable que se haya negado a declarar. Cuando han coincidido en los pasillos frente a la oficina judicial, ambos han permanecido separados, según las mismas fuentes.

Habían sido citados por cobro de comisiones por valor de casi 6 millones de euros gracias a la presunta venta irregular de mascarillas, guantes y test Covid al Ayuntamiento de Madrid cuando irrumpió la pandemia, momento en el que la especulación en el mercado bloqueaba la llegada de material sanitario. Además, tras ello dieron salida a su botín mediante la compra de un yate en el caso de Medina y la adquisición de una docena de coches de lujo y una vivienda y varios Rolex por parte de Luceño.

El instructor comenzó a investigar una querella de la Fiscalía Anticorrupción por la presunta comisión de delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales, hechos que el magistrado ve "graves" al tener lugar "en el momento más álgido de la pandemia" cuando había "miles de fallecimientos diarios". 

A Medina se le imputa también alzamiento de bienes, por hacer desaparecer el botín presuntamente conseguido con la operación, y la misma conducta podría ser atribuida también a Luceño junto con el de delito fiscal según ha solicitado Unidas Podemos, personada en la causa junto con PSOE, Más Madrid y el propio Ayuntamiento como perjudicados.