Las investigaciones por la compra de mascarillas contra el covid superan ya la decena

La más avanzada es la relativa a las comisiones millonarias que pagó el Ayuntamiento de Madrid por la compra de material
Dos fiscalías, Anticorrupción y la Europea, tienen diligencias abiertas por la del contrato del que cobró el hermano de Díaz Ayuso

Hospital Isabel Zendal, en Ifema, en Madrid, para enfermos de covid. / Europa Press

Las investigaciones por contratos firmados por las distintas administraciones para luchar contra el covid al principio de la pandemia ya superan la decena, aunque no todas están igual de avanzadas. Las más incipientes las abrió este viernes la Fiscalía Anticorrupción y en la más adelantada declararán ante el juez este lunes los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por el contrato que firmaron con el Ayuntamiento de Madrid.

La causa correspondiente al contrato firmado por el Consistorio madrileño se investigó en Anticorrupción durante casi 17 meses hasta que se convirtió en querella. Fue admitida a trámite por el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid el pasado 7 de abril. Este lunes, Medina y Luceño tendrán su primera oportunidad para negar antel juez Adolfo Carretero los delitos que se les imputan: estafa agravada, falsedad, blanqueo y alzamiento de bienes.

En el Juzgado número 26 de Madrid están querellados tres altos cargos del Ministerio de Sanidad cuando estaba al frente Salvador Illa, pero no a instancias del fiscal, sino de Vox. Además, el número 30 está valorando reabrir otra causa por otra presunta estafa, esta sí denunciada por el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, por 1,2 millones de euros para comprar medio millón de tapabocas a un intermediario que aseguraba vivir en Nueva York. Entre la documentación que remitió a la Fiscalía se incluye un atestado de la Policía Municipal que concluye que el ciudadano Philippe Haig Solomon, en nombre de la consultora Sinclair and Wilde, aportó información falsa sobre la calidad de los productos. Al no poder localizarle, el procedimiento se archivó, pero fuentes jurídicas han señalado que la policía judicial ha encontrado otra identidad que podría permitir llegar hasta él.

Aún en Anticorrupción

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Entre todas las diligencias fiscales (con las que el ministerio público determina si hay o no indicios de delito suficientes para querellarse en un juzgado) destacan las relativas al contrato por el que el hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, cobró una comisión por venderle mascarillas a la Administración presidida por su hermana. Están en manos de la Fiscalía Anticorrupción, que cree que los hechos pueden ser constitutivos de los delitos de tráfico de influencias y falsedad documental y, de la Fiscalía Europea, que abrió sus propias diligencias por malversación de fondos europeos y cohecho.

A ellas hay que sumar las siete abiertas este viernes por Anticorrupción por 13 contratos que el Gobierno central adjudicó a siete empresas para la adquisición de material sanitario durante la pandemia. La investigación se inicia después de que el diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, presentara una denuncia por supuestas irregularidades en varios contratos de emergencia formalizados por la Administración General del Estado, entre los que figuran los concedidos a tres empresas que el PP liga a la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, y a los exministros Salvador Illa y José Luis Ábalos.